Es el segundo fallo que la diputada gana en del medio ambiente, esta vez en relación a la desatención del burgomaestre de ese municipio contra avasalladores en Bajo Paraguá, quienes serían responsables de la deforestación y los últimos incendios.
Carlos Quisbert / La Paz
La diputada nacional María René Álvarez logró este viernes, que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz conceda la tutela a favor de la Acción de Cumplimiento presentada para frenar los avasallamientos en el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá. Con el fallo, el alcalde de San Ignacio de Velasco, Carlos Rudy Dorado, queda conminado a tomar “acciones positivas” para resguardar esa reserva forestal y evitar asentamientos humanos y actos de avasallamientos.
“La Sala Constitucional Tercera (de Santa Cruz), por unanimidad de votos de sus miembros, dispone conceder la acción de cumplimiento y se ordena a el alcalde San Ignacio de Velasco, que tome las acciones positivas y no así, evasivas, encaminadas a proteger las reserva forestal de Bajo Paraguá”, dio lectura del fallo uno de los vocales a cargo de la audiencia virtual que terminó a las 14:15.
La demanda presentada por Álvarez, señala en su parte petitoria, que el alcalde Dorado “realice las acciones correspondientes en contra de los avasalladores, acudiendo a la Justicia Ordinaria para dar cumplimiento con lo establecido en la normativa autónoma municipal en favor del Bajo Paraguá”. El pedido fue atendido por la Sala Constitucional y también se conminó a la autoridad municipal usar los medios legales para frenar los avasallamientos.
Asimismo, se pidió que el alcalde Dorado coordine con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), para desalojar a los grupos asentados en esa reserva forestal, que realizan los desmontes y tala indiscriminada de árboles. Se recuerda, además, que existe normativa municipal que prohíbe este tipo de acciones cometidas por los avasalladores en Bajo Paraguá.
Asimismo, el juez admitió, e instruye, la aplicación de la Ley Autónoma Municipal en beneficio del Área Municipal Protegida del Bajo Paraguá, no sólo por la vía administrativa, sino también por la vía Ordinaria a objeto de garantizar las acciones operativas en su conjunto.
La acción de cumplimiento fue formulada luego de que fuera conformado el Comité Interinstitucional de defensa del Bajo Paraguá, que contó con la participación de asambleístas nacionales, departamentales y caciques indígenas de las comunidades Florida, Porvenir, Piso Firme y Picaflor.
Antecedentes
El Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá adquirió su rango de reserva forestal mediante la Ley Autonómica Municipal 469/2021 del 28 de enero de ese año y comprende una superficie de 76.693,37 hectáreas que pasaron a depender la alcaldía de San Ignacio de Velasco; por tanto.
“Este es un fallo histórico para la protección de nuestros recursos naturales y nuestros bosques, pero también es un antecedente para defensa de las comunidades indígenas de nuestra Chiquitania que se ven amenazados y expulsados de sus propias tierras por estos grupos de avasalladores violentos”, expresó la legisladora con satisfacción luego de conocer la decisión judicial.
Emboscada
Las acciones de defensa de Bajo Paraguá surgen luego del avasallamiento de estas tierras protegidas, el 23 de agosto de 2021, cuando pobladores originarios, la diputada Álvarez junto a una comitiva de autoridades regionales y guardias forestales fueron emboscados por un grupo de avasalladores de los denominados interculturales el momento en que inspeccionaban el lugar a fin de verificar la veracidad de las reiteradas denuncias sobre el “avasallamiento de estas tierras protegidas.
Tras conocer la presencia del equipo técnico de la Gobernación, municipal y la presencia de la diputada Álvarez los avasalladores huyeron del lugar donde ya habían preparado una fogata y tenían material combustible almacenado, presuntamente para generar focos de fuego.
Recordemos que la diputada tiene a su cargo la Secretaría del Comité de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que entre otras gestiones logró que el 2022 el Juzgado Agroambiental admita la demanda cautelar ambiental para frenar las operaciones de la empresa minera Mincruz dentro del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) de San Matías, con la consecuente revocatoria de su licencia ambiental de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), por las irregularidades detectadas y la afectación a una zona también protegida en el departamento de Santa Cruz.