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Corrupción navideña: Piden coima y canastones en tribunales de El Alto

AUDIO De acuerdo con la denuncia, grabaron a la auxiliar del juez René Foronda el momento en que esta justificó, ante las víctimas, el cobro de 1.000 bolivianos y el pedido de productos para los presentes de navidad del personal de ese despacho.

Edificio del Tribunal de Justicia en El Alto. Los litigantes denuncian cobro coimas a cambio de que los funcionarios cumplan su trabajo. / Foto: Israel Quisbert

Carlos Quisbert / La Paz

Familiares de procesados denunciaron que en tribunales se cobran coimas y piden “donaciones” a cambio de la entrega de resoluciones en sus casos. Ante la extorsión, los litigantes decidieron grabar el insólito justificativo de una funcionaria del Juzgado Tercero Anticorrupción de El Alto, a cargo del juez René Foronda, en el que, según el audio, piden 1.000 bolivianos, 13 paquetes de avena y cinco panetones de una maraca específica, a cambio de un mandamiento de detención domiciliaria.

En contacto con Periodismo Sin Photoshop, el juez Foronda afirmó que en pasados días recibió varias llamas de abogados que denunciaron que funcionarios de su juzgado cobraban, de forma ilegal, montos de dinero a cambio de entregar trámites. Sin embargo, señaló que él no pudo atender los reclamos debido a que cumple una suspensión impuesta por el Consejo de la Magistratura, a raíz de un proceso disciplinario, por medio del cual se lo sentenció a un mes apartado del cargo “sin goce de haberes”, que se cumple del 1 hasta el 30 de noviembre.

Foronda aseguró que mientras estuvo en el cargo no instruyó ningún tipo de cobro por trámite y detalló que el secretario del juzgado, Edson Beltrán y la auxiliar, Sofía Huertas, son las personas denunciadas por los abogados. Por otro lado, explicó que su despacho está a cargo del suplente, Lucio Flores, juez Primero Anticorrupción de El alto.

“Donaciones”

“Doctorita, por favor (quiero preguntar), no sé si usted me está mintiendo o mi abogado me esta viendo la cara, pero él me ha dicho que usted le ha pedido 1.000 bolivianos, 13 paquetes de avena y cinco panetones marca San Gabriel”, es la pregunta que una litigante le hizo a la auxiliar Huertas, luego de que su abogado le contó lo que sucedía en el juzgado anticorrupción.

La litigante fue esa oficina a pedir explicaciones a Huertas por la demora en la entrega de una resolución de detención domiciliaria, para un familiar encarcelado, a quien ya se favoreció con detención domiciliaria. Junto a otro abogado, ella escuchó la respuesta de la funcionaria.

“Panetones, no. Le he pedido 12 avenas para nuestro canastón”, se escucha decir a la voz atribuida a Huertas. Entonces la litigante vuelve a preguntar si era cierto que debía pagar 1.000 bolivianos, a lo que la auxiliar le respondió afirmativamente, “(sí) he dicho eso”.

En ese momento otro abogado interviene y pregunta a la auxiliar “¿cuál es el motivo del cobro?”, si se conoce que el trámite es gratuito y que los pasantes o practicantes de derecho de diferentes universidades cumplen labores en los tribunales con el fin de aprender y no de lucrar, a lo que la funcionaria responde: “Es que el trámite siempre es así aquí (en el juzgado anticorrupción), sé que (el trámite) es gratuito, pero los pasantes no tenemos honorarios”, se escucha responder en el audio.

Ventanilla del Juzgado Tercer Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, de El Alto. / RRSS

Respuesta de los involucrados

El primero en ser consultado por esta denuncia fue el secretario de dicho juzgado. Beltrán negó que él o el juez hayan instruido el cobro de dinero o el pedido de productos para el canastón de los funcionarios.

“No, negativo, aquí (en el juzgado) estamos con carga laboral, las resoluciones que ese emiten son (hechas y firmadas) por los jueces de los procesos. No se efectúan cobros, porque sería un delito que nosotros cometeríamos, en ningún momento se cobra a los litigantes, porque no está en la norma”, respondió Beltrán a Periodismo Sin Photoshop.

Sin embargo, la versión de Huertas es distinta. En contacto con este medio, la auxiliar, cuya voz se afirma es la del audio negó haber pedido dinero, pero admitió que por “iniciativa de los pasantes”, en “todos” los juzgados se piden “donaciones” para los canastones navideños.

“Desconozco quién le ha pedido (dinero a la litigante). Aquí los trabajos se les asigna a los pasantes, entonces los pasantes piden (a quienes gestionan sus trámites), entonces como estamos a vísperas de la navidad, les piden si les podrían traer algo para su canastón, pero no es obligatorio. Es idea de los pasantes, armar canastón y los abogados saben darles donación para su canastón, porque ellos (los pasantes) no perciben un sueldo y gastan en pasajes, alimentos”, manifestó Huertas a este medio.

Puso en duda que la voz de el audio sea la suya, se declaró sorprendida y señaló que tendrían que demostrar que fue ella quien pidió ese monto de dinero. Por otro lado, según la versión de la auxiliar, el pedido de “donaciones” hecho a los litigantes es común en todos los juzgados y “los abogados no se hacen lío, por cariño, porque saben que los pasantes no reciben (sueldo), pero una autorización directa de nosotros (los funcionarios judiciales, para hacer esos pedidos) no hay”, concluyó.

Foronda señaló que, de identificar la voz de algún miembro de ese juzgado, que esté involucrado en alguno de esos audios que circulan, él solicitará a la Magistratura que inicien la investigación.

Corrupción constante

Las denuncias por cobros de dinero por parte de jueces, fiscales y otros funcionarios son constantes desde hace varios años en todos los distritos judiciales del país, en varios casos, los señalados son sometidos a procesos disciplinarios o algún tipo de investigación, pero los mismos, luego del revuelo de la denuncia, dilatan la indagación y pese a todos los indicios, son beneficiados con resoluciones que cierran y archivan sus casos. En tribunales de El Alto y La Paz hay varios ejemplos.

El fiscal anticorrupción, Omar Mejillones, a cargo de los casos de supuesto golpe de Estado I y II y varios otros casos abiertos contra opositores del Gobierno, en 2018 fue denunciando, con audios y fotos de por medio, por extorsionar a un litigante y hacer que este pague sus cuentas en casas de citas. Mejillones continúan en el cargo, sin sanción al respecto.

Jueces Chiru Chiru y Amaru

En el caso de los jueces de El Alto, Freddy Choque Cortés y Marco Antonio Amaru, son dos de los personajes más polémicos, no solo debido a las graves denuncias de corrupción que se conocieron en contra de ambos, sino porque continúan en el cargo impartiendo justicia. Choque, conocido entre los abogados con el alias de “Chiru Chiru”, fue denunciando, junto a su auxiliar, por pedir coimas a cambio de emitir resoluciones.

El juez Freddy Choque, alias Chiru Chiru, fue denunciado por corrupción. / Foto: Página Siete

En su momento, el juez Amaru llamó al diputado Renán Cabezas para abogar por el Chiru Chiru y pedir que frenen la investigación, porque este era afín al partido de Gobierno, MAS, como lo denunció el mismo legislador. Asimismo, se señala al juez de La Paz, Douglas Borda, por favorecer a Choque, al rechazar su caso y dilatar la causa.

Pero los antecedentes de Amaru son más controversiales, pues además de ser sindicado por corrupción, figura en varias fotos junto a políticos como Evo Morales, el exprocurador Wilfredo Chávez, el presidente Luis Arce, entre otros, en época electoral, cuando entregó donativos para la campaña del MAS. En las imágenes, Amaru incluso levanta el puño izquierdo, en señal característica de los militantes de ese partido.

Pero, además, cuando Amaru ya ostentaba el cargo de juez, fue presentado como delincuente común por el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien lo sindicó por liberar a delincuentes, tal como había pasado con el destituido y encarcelado, Gonzalo Alcón, que también había liberado a asesinos y feminicidas sentenciados. Amaru continúa en libertad y es titular del caso Senkata, en el que el Gobierno pide juicio ordinario para la expresidenta Jeanine Añez.

El presidente Luis Arce y el juez Marco Antonio Amaru, además del procurador Wilfredo Chavez, en la campaña electoral de 2020. / Foto: Página Siete