La investigación inició el 2 de marzo y entre otras varias irregularidades se tiene que el IDIF programó la valoración psicológica de la víctima para 2024, mientras que el imputado fue favorecido por el juez Rolando Chaca y la fiscal Wendy Gómez, con detención domiciliaria y salida laboral.
Carlos Quisbert / La Paz
El hijo de un ministro de Estado fue denunciado por abuso sexual en la Fiscalía de El Alto. No sería el único caso, según la principal denunciante, quien sostiene que se conoce de al menos otras tres víctimas, incluido el caso de un varón que declaró haber sufrido cuatro violaciones entre los seis y 10 años, como figura en el expediente.
La denunciante dice que su familia recibió amenazas. “El papá (del denunciado) es masista y tiene mucho poder, piensen bien antes de poner una denuncia, porque todo se puede volver en su contra”, es la amenaza que los padres de las víctimas afirman haber recibido por parte de los propios abuelos.
Entre las varias irregularidades con las que se desarrolla la investigación de lo que se sospecha son agresiones sexuales seriales con múltiples víctimas, se tiene que, el Instituto de Investigaciones Científicas Forenses (IDIF), programó la valoración psicológica de la joven denunciante para marzo de 2024, mientras que el presunto agresor, un funcionario de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), fue favorecido con detención domiciliaria y salida laboral.
Periodismo Sin Photoshop tomó contacto con el padre del imputado para conocer su versión sobre las denuncias de supuesta protección política y favorecimiento de las autoridades judiciales y fiscales. El mismo se negó a responder las consultas. “No sé por qué quieren publicar estas cosas, ¿para qué? Tendrán que demostrar todas las aseveraciones que están haciendo”, dijo de forma breve. La autoridad cortó la comunicación luego de decir que estaba de viaje.
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“No es que iniciamos el proceso sin pensar en las consecuencias”, afirmó uno de los padres de las dos primeras víctimas que se animaron a formalizar la denuncia. Señaló que la primera represalia que tuvieron que sobrellevar fue la marginación de su familia, con amenazas de por medio, las que no son atendidas por la Fiscalía.
Asimismo, aseguran que hicieron conocer del caso a otras autoridades de Estado. Ninguna atendió su pedido de justicia ni mediaron ante las irregularidades señaladas por los padres en el proceso, al amparo de la supuesta protección política.
- La denuncia
“Lo que Inti me hacía sucedió muchas veces y en muchas ocasiones, a veces él me lastimaba muy feo cuando me tocaba, hasta me ardía mi (…), me tocaba con mucha fuerza”, es parte del extenso relato de Renata, una joven de 22 años quien afirma que fue víctima de abuso sexual desde los cuatro hasta los ocho años. Las agresiones que le dejaron una huella emocional muy profunda terminaron cuando ella, sin comprender bien lo que le sucedía por su corta edad, solo por instinto tomó una cuchara para defenderse y su hermanito, tres años mayor que ella, salió en su defensa y “amenazó de muerte” al agresor, quien por entonces tenía 19 años y cumplía el servicio premilitar.
Los dos niños no volvieron a hablar de ese incidente hasta una década después. Al iniciar el proceso penal inesperadamente se les reveló un entramado de corrupción judicial y un antecedente de violencia sexual en otras generaciones de su familia.
- La revelación de los hermanos
Una de las primeras preguntas que surgen luego de conocer los testimonios y analizar los documentos que sustentan la investigación es: ¿por qué demoraron 14 años en presentar la denuncia ante la Fiscalía?
Con voz suave, pero firme, como señalando algo que considera obvio, Renata (nombre convencional para proteger a la víctima) respondió: “Por lo que pasó en Navidad (de 2022)”.
La madrugada de ese 25 diciembre, luego de haber compartido junto a otros ocho primos y primas en una discoteca de la ciudad de Potosí, Inti comenzó a molestar al hermano de Renata. De acuerdo con el relato, en tono burlesco, quien ahora es procesado por abuso sexual, no dejaba de llamar “maricón” al hermano de la joven, porque este se negó a continuar con la fiesta, además que trataba de cuidar a las mujeres que ya estaban mareadas; y aunque no era la primera vez que lo insultaba de esa forma, sí fue la primera vez que su víctima se le rebeló de forma tan violenta en público, incluso con la amenaza de lanzarle una botella de wiski.
Renata quedó muy sorprendida al presenciar aquella escena y trató de calmar la reacción virulenta de su hermano mayor, pero solo cuando estuvieron sentados en el asiento trasero del taxi que los llevaba a su casa, ella se atrevió a terminar con una sospecha que la atormentaba. “Ahí le pregunté a mi hermano si a él también le había abusado el Inti, le pregunté en voz bajita, y mi hermano ha asentado con la cabeza (sí)”, señala parte del testimonio al que Periodismo Sin Photoshop accedió.
La joven afirmó que enseguida fue ella quien sufrió un ataque de ansiedad, se desesperó, lloró a gritos y comenzó a reclamar a su hermano porqué no lo había dicho antes y porqué seguía reuniéndose con Inti.
Esa Navidad, las acciones de su primo revivieron su dolor, ambos terminaron por descubrir que por años fueron víctimas del mismo agresor y que mutuamente callaron el terrible secreto de su niñez. Sintieron ira.
Meses más tarde, sin embargo, dos de sus familiares señalaron al mismo primo como su agresor. Peor aún, los abuelos paternos, quienes también declararon como testigos, pero menospreciando la versión de sus nietos, terminaron por revelar que los casos de violencia sexual iniciaron una generación antes, en el lado de la familia del denunciado.
- Más víctimas
“No solo soy yo o mi hermano, hay más personas que fueron abusadas, sabemos que otras dos los acusan de lo mismo y la Fiscalía no quiere tomarlos como víctimas en este caso, incluso han rechazado la denuncia de mi hermano. Lo que me molesta es que en las declaraciones de los amigos de primo dicen que él siempre ha estado cerca de niños (por ser parte de una iglesia adventista), no sabemos si pasó con otras personas, porque él nunca mostró ningún remordimiento por los que nos hizo”, afirmó Renata.
“Yo por miedo es que nunca les dije a mis papás lo que pasó, tampoco es que él (Inti) me amenazara, pero era más mi miedo. A veces yo lloraba de la nada, pero mi mamá no me preguntaba el porqué de mi llanto, solamente me decía, de todo lloras (…) yo jugaba normal, pero hasta ahora no me gusta que me abracen, que me miren de forma morbosa; en el colegio no me gustaba que los chicos tengan contacto físico conmigo (…) Sentía que todo lo que me hacía mi primo era malo, pero que todos me culparían a mí. Creyendo todo eso crecí”, lamentó Renata.
El relato de su hermano, quien declaró como testigo en este proceso, no es menos doloroso. Ante el fiscal Edwin Colque afirmó que, entre sus ocho y 10 años, él fue víctima de violación en cuatro ocasiones e identificó como su agresor al mismo denunciado. Contó que tres de las agresiones ocurrieron en la casa de los padres del denunciado, en la zona Ciudad Satélite, en el municipio de El Alto, y la última vez en la casa de sus abuelos en la ciudad de Potosí, a donde toda la familia acudía durante las fiestas de fin de año y ocasiones especiales.
Renata lo relata así, en tiempo pasado, porque ella y sus padres están seguros que el vínculo familiar se ha roto definitivamente y ya jamás sus parientes volverán a reunirse como lo hicieron hasta esa Navidad. Los padres del denunciado y sus abuelos los acusaron de mentir y hacer las denuncias con el fin de causar un perjuicio político al actual ministro, además de pretender hacerse de las propiedades de los adultos mayores. “Nos han desterrado de la familia”, lamentó la madre de la joven en entrevista con Periodismo Sin Photoshop.
- Suplicio fiscal
La denuncia de Renata por abuso sexual se presentó el 2 de marzo de este año en la Fiscalía de El Alto y días más tarde la de su hermano, por violación. Todo, meses antes de que el padre del denunciado sea promovido a ministro.
Aunque el relato del joven de 24 años es igual de extenso, pero más detallado y preciso en cuanto a fechas y circunstancias, esta fue rechazada por el Ministerio Público. Consultados sobre el caso, desde la Fiscalía Departamental de La Paz se informó a este medio que la responsable de la investigación era la exfiscal Wendy Gómez, alejada del cargo desde el 21 de septiembre, luego de que fue aprehendida e imputada por consorcio, en relación al caso del robo de 93 turriles de cemento asfáltico a la Empresa Municipal de Asfalto y Vías (Emavías).
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En ese contexto, al momento el caso está en manos de un fiscal suplente, quien, se señaló, no puede atender las consultas de la prensa hasta revisar el expediente. Entre tanto, la dilación del proceso es un hecho y existen varios actos de investigación pendientes, como los pedidos de valoración psicológica, toma de declaraciones de otras presuntas víctimas, además del incumplimiento del pedido de protección para la familia de las víctimas.
En el caso de la joven, todas las agresiones se cometieron en los domicilios de ambas familias en La Paz. El periplo de la familia de Renata inició la misma madrugada del 25 de diciembre de 2022, pues solo minutos después de lo sucedido en la discoteca de Potosí, ambos hermanos revelaron todo a sus padres.
“No nos van a creer”, repetía el padre aquella madrugada, según el relato de Renata. Les dijo que temía que fueran agredidos por sus parientes y decidió que todos regresaran a La Paz.
La siguiente semana, la madre, que se apartó de la postura pasiva de su pareja, llevó a su hija a un psicólogo y días más tarde, fortalecidas por la terapia y los concejos de los profesionales, ambas buscaron el asesoramiento de los abogados. Meses más tarde, el padre también declararía apoyando la denuncia de sus hijos y revelaría detalles sobre el hogar “disfuncional” en el que creció el denunciado, descrito como una persona aislada y constantemente reprendida por la madre.
La mala fortuna llevó a la familia de Renata ante profesionales abogados que resultaron tener una dudosa reputación, incluso una de ellas, una exjueza de El Alto, pretendió esconderles que contaba con detención domiciliaria en relación a un caso de corrupción por el que es procesada.
- No darán información
Pese a todas esas dificultades, la denuncia fue admitida y además de la declaración del hermano, una de sus familiares decidió viajar desde Potosí y presentarse como testigo. Finalmente terminó revelando que también fue víctima de abuso sexual por parte de su primo Inti, cuando ella era una niña.
Renata sostiene que existen más víctimas, a quienes no les permiten dar su versión por la presión que inició la familia del acusado en Potosí. Esos incidentes familiares derivaron en la solicitud de garantías personales. Pero nada de ello parece importar en la Fiscalía, debido a que se rechazó la denuncia del hermano y no se toma en cuenta como víctima a la otra familiar.
En abril, Inti M. G. de 32 años, fue citado a declarar en calidad de sindicado, negó todo y aseguró que se sentía muy mal psicológicamente por las “falsas denuncias” en su contra.
Este medio trató de entrevistar al sindicado por medio de su abogado, Félix Tola, pero este se negó a dar cualquier tipo de información y amenazó al periodista, que lo buscó en su oficina, con “asumir otras medidas”, exigió conocer la fuente de información e indicó que el comunicador incurría en algún tipo de delito por “investigar” el tema.
- Detención domiciliaria
El caso se tramita en el Juzgado Tercero Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto, a cargo de René Foronda. Este afirmó que no conocía el caso y que las medidas cautelares de las cuales se benefició en una última audiencia el denunciado, fueron resueltas por el juez en suplencia, Rolando Chaca.
Al ser puesto ante el juez cautelar, el sindicado solicitó no ser encarcelado porque él, con un salario de 5.577 bolivianos en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), era el único sustento para sus padres de la tercera edad, pese que el padre ya era funcionario y contaba con un salario superior. El 15 de abril el imputado fue favorecido con detención domiciliaria.
Meses después, en septiembre, con el visto bueno de la fiscal Gómez que dijo que era un derecho del procesado, el juez Chaca volvió a favorecer al imputado, esta vez con una la salida laboral, bajo el argumento de que este debía pagar una deuda en el banco.
Sin embargo, se observa como otra irregularidad, que el imputado presentó un contrato de plazo fijo, que inició el 10 de enero de este un año como técnico de almacenes en Emapa en Caracollo, el cual termina en diciembre. Sin embargo, ni la fiscal ni el juez cuestionaron cómo es que el imputado se mantuvo en el cargo, pese a que estuvo al menos cinco meses sin autorización judicial para salir a trabajar.
Este medio también buscó conocer la versión de los responsables de recursos humanos y el área legal de Emapa, pero el sábado, a las 11:00, fecha y hora en la que se concertó la cita para la entrevista, las oficinas estaban cerradas y el responsable de la Dirección de Comunicación no atendió los mensajes ni los llamados.