La Coordinadora por la Democracia se reunió para pedir una asamblea de la cruceñidad, ante imputación, por terrorismo y otros ocho delitos, emitida contra los líderes del paro de 36 días que se realizó en 2022, en demanda de la realización del Censo.
Carlos Quisbert / La Paz
Las organizaciones civiles de Santa Cruz se declararon ayer en emergencia, luego de conocer que cinco de los líderes de esa región fueron imputados por terrorismo y otros ocho delitos, todo en relación al paro de los 36 días que se desarrollaron en 2022, organizado con la demanda de adelantar el Censo de Población para este año.
De acuerdo con el documento firmado por la fiscal de La Paz, Magaly Bustamante, el 10 de octubre, se imputó al expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar; el vicerrector Reinerio Vargas, al abogado José Luis Santiesteban, y al gobernador de ese departamento, Fernando Camacho, quien se ha declarado “preso político”, desde su reclusión en el penal de Chonchocoro de La Paz, en diciembre de 2022.
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“Esta imputación es un pedido político, por lo tanto, nosotros nos sentimos acosados políticamente y perseguidos porque no hay ningún indicio que nosotros, los imputados, hubiésemos cometido algún ilícito”, declaró ayer Cuéllar.
La imputación fue presentada ante el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y lucha contra la violencia hacia mujer de La Paz. El rector afirmó que la Fiscalía atendió la solicitud que hizo el Viceministerio de Transparencia y el “comité político del MAS”.
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Los nueve delitos que se les atribuyen son: terrorismo; resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo; discriminación; atentados contra la libertad de trabajo; atentado contra la seguridad de los servicios públicos; impedir o estorbar el ejercicio de funciones; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones públicas.
Asamblea de la cruceñidad
En ese contexto, anoche, la Coordinadora por la Defensa de la Democracia se reunió de emergencia y emitió varias conclusiones, entre ellas, solicitar al Comité pro Santa Cruz convoque a una asamblea de la cruceñidad. Entre otros puntos a tocar en dicha asamblea, se tendrán demandas departamentales como la defensa de los acuíferos, la vigilancia a la realización del Censo de Población y Vivienda, y la presentación de una denuncia ante la Corte Interamericana de Justicia.
Las ocho determinaciones son:
1.- Mantenernos expectantes en la realización del censo oportuno y transparente.
2.- Exigir un nuevo padrón electoral, que no sea manejado nunca más por instituciones del Estado, sino por un órgano privado independiente.
3.- Reafirmar la vigencia de la coordinadora como articuladoras de movilización, con un representante de cada institución
4.- Articular la resistencia democrática con organizaciones de otros departamentos para conformar una coordinadora nacional para un nuevo padrón electoral, defensa de los derechos.
5.- Solicitar una reunión con el Comité Cívico pro Santa Cruz, convocar a una asamblea de la Cruceñidad para recordar la lucha de los 21 días, la renuncia de Evo Morales y desde ahí realizar una convocatoria nacional.
6.- El domingo 27 de octubre realizar una caravana a los acuíferos para colocar el mojón vigilante.
7.- Denuncia internacional ante la Corte Interamericana de Justicia.
8.- Apoyar el primer congreso de Derechos Humanos el 24 y 25 de octubre.