Afirman que expondrán los fundamentos políticos que evidencian el sometimiento del TCP ante el Ejecutivo. La norma anuló varios artículos de la Ley Departamental de Santa Cruz Nº 98, que protegía los acuíferos de Urubó-Güendá, que aprovisionan de agua a esa capital.
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La bancada de senadores y de diputados de Creemos decidió denunciar ante cinco organismos internacionales la Sentencia Constitucional (SC) 0076/2023, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La norma anula 38 artículos de la Ley Departamental de Santa Cruz Nº 98 y en criterio de los especialistas, genera jurisprudencia que pone en riesgo las áreas protegidas en todo el país.
“La bancada de Creemos ha denunciado internacionalmente la SC 0076/2023 (que va) en perjuicio del patrimonio natural del país, en especial de Santa Cruz; además (deja en evidencia) la dependencia y sometimiento del TCP ante el Órgano Ejecutivo”, señala parte del comunicado emitido hoy por esa fuerza política.
Los legisladores enviaron la denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de las Naciones Unidas (ONU Bolivia), Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y el Relator para el Medio Ambiente y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
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“Como Asambleístas Nacionales de la alianza Política Creemos denunciamos la falta de independencia judicial del TCP al haber emitido la Sentencia 0076/2023 que atenta contra los acuíferos Urubó-Güendá, del patrimonio cultural del Departamento de Santa Cruz y los derechos y garantías de los pobladores del Departamento. Exigimos que puedan emprenderse las acciones correspondientes para preservar el medio ambiente, los derechos humanos, la institucionalidad democrática y la independencia judicial en Bolivia”, señala parte del texto de las notas enviadas a la instancias internacionales.
La senadora Centa Rek señaló que uno de los compromisos asumidos como legisladores es que todas “las instituciones deben velar, estar en alerta, estado de emergencia y debemos generar los recursos necesarios para no permitir que se perpetre este atropello, este crimen, esta destrucción total de las reservas naturales, de las unidades de conservación, esta destrucción total de todo lo que es la posibilidad de salvaguardar nuestro territorio”.
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Los legisladores remarcaron que la denuncia pretende exponer la falta de independencia, revelada a partir del contenido de la SC emitida por el TCP, “porque la declaración de nulidad de sus regulaciones, en especial, el artículo 5.9, alcanza a la Ley Departamental 208 de 10 de marzo de 2021, Ley Departamental de creación de la Unidad de conservación del patrimonio natural – paisaje protegido departamental “Güenda – Urubó”, que reconoce a esa área, en su artículo primero, “como un territorio, sujeto a legislación, manejo y jurisdicción especial para la conservación de ecosistemas importantes para recarga de los acuíferos subterráneos de Santa Cruz ocasionando su desprotección”, resalta la carta de denuncia internacional.