Los analistas condensaron sus puntos de vistas en el libro: “Acceso a la Tierra y Territorio: Una oportunidad para reducir desigualdades en Bolivia”. El documento fue elaborado por más de 40 autores que investigaron diversas dimensiones de la problemática agraria en Bolivia.
Periodismo Sin Photoshop
A 27 años de la promulgación de la Ley Nº 1715, de creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), expertos advierten que el proceso de saneamiento de tierras se extendió y, tanto la normativa como las instituciones que tienen que ver con su labor modificaron el contexto de esa problemática. Añaden que, ambos factores deben socializarse mucho más, para que respondan a la nueva conflictividad respecto al acceso a la tierra.
La Ley INRA, aprobada en 1996, plateaba el saneamiento de la tierra bajo el concepto de que ésta debe cumplir una función económico social. Es decir que quien reclama ser propietario de la tierra debe justificar su uso.
Los expertos señalan que, si bien existen grandes avances en equidad de género, los derechos colectivos y el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas también plantean desafíos.
“La Ley INRA se promulgó en 1996, han pasado casi 30 años de una implementación sumamente larga y hoy en día las problemáticas y categorías para el tema tierras son otras. Los derechos colectivos sobre la tierra se transformaron y hay una agitada conflictividad. Eso tiene que ver con que las propias instituciones han perdido cierta vigencia en cuanto a sus capacidades y tareas”, indicó la responsable de investigación del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), Ruth Bautista.
Esta reflexión es fruto del libro titulado “Acceso a la Tierra y Territorio: Una oportunidad para reducir desigualdades en Bolivia”, presentado por el IPDRS, con el apoyo de Oxfam y Pan para el Mundo (Brot für die Welt). El documento fue elaborado por más de 40 autores que investigaron diversas dimensiones de la problemática agraria en Bolivia.
“Nuestra idea es poner el tema en debate, vienen las elecciones de 2025 y la tierra y territorio será un tema candente. También viene el Censo Agropecuario, una herramienta del siglo XIX que hoy ya no es capaz de medir la realidad, al igual que el Censo de Población que es tan discutido y donde la unidad es la vivienda. Todos estos temas están en el libro”, indicó el coordinador del IPDRS, Óscar Bazoberry.
El libro, que es una revisión del estado de situación sobre el acceso a la tierra y territorio, está dividido en seis capítulos y no deriva en una conclusión única, sino que genera una serie de reflexiones respecto a los ejes temáticos de cada apartado. Se hace énfasis en que el país se encuentra en una etapa que podría denominarse post saneamiento, lo que nos ubica como uno de los países de la región con mayor seguridad jurídica sobre la tierra. Sin embargo, hay un incremento en los conflictos y las instituciones pertinentes que no llegan a la población con suficiente información y socialización.
“Por eso existen muchas faltas a la ley en todo el país. Estamos en un contexto en el que los avasallamientos son el pan de cada día porque la titulación de tierras no nos está dando el resguardo jurídico, como era el objetivo de la reforma agraria y del saneamiento de tierras”, explicó Bautista.
Entre las nuevas problemáticas evidenciadas están la doble residencia urbana-rural, la asignación del valor económico a la tierra, los mercados de tierras y principalmente el tema del cambio climático. En este último punto, por ejemplo, el INRA está discutiendo cómo asignarle una función ambiental a la tierra, una consideración que no era tan importante hace 30 años como lo es ahora que el cambio climático es evidente.
Para los autores estas problemáticas deben ser abordadas, pero ya no solo por la institucionalidad que generó la Ley INRA, sino con la que hay en la actualidad. Esto implica a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y al Tribunal Agroambiental que data de 2009.
“Mucha población rural no sabe que el tema agroambiental es una jurisdicción en sí misma. Tampoco saben que la jurisdicción indígena originaria campesina tiene la misma jerarquía que la justicia ordinaria. Existe mucha corrupción y burocratización con la justicia ordinaria y por eso los conflictos se están desbordando”, dijo Bautista.
Bazoberry observó que más de la mitad de la tierra ya titulada es colectiva y que la ley que rige en temas agrarios es anterior a la Constitución Política del Estado. “Tenemos un Tribunal agroambiental pero no tenemos un Código Ambiental, por eso todo lo que se trata en este tema sigue siendo agrario, los temas como el de los incendios no tienen un código para discutir jurídicamente. Es una deuda y un vacío que se tiene desde 2009 en la que la Asamblea Legislativa no se anima a dar propuestas”.
Bautista advirtió que, en comparación a otros países como Paraguay, Colombia o Brasil, el nivel de conflictividad de la tierra en Bolivia aún es inicial. Sostuvo que estamos en un momento en el que debemos detenernos y conversar para prevenir llegar a niveles de violencia de otros países, donde cada día se asesinan a líderes, hombres y mujeres, indígenas y campesinos que defienden sus territorios.
“Es lo que ha logrado este libro, reunir a los responsables de las instituciones públicas, a los investigadores más dedicados a la temática y a las instituciones que tienen articulación con las organizaciones. Estamos a tiempo de entablar discusiones, debates y nuevas propuestas. No creemos que la respuesta sea revisar el saneamiento, sino, plantear una nueva etapa para asegurar y resguardar la seguridad jurídica sobre la tierra”, finalizó.