La Asociación de Periodistas de Santa Cruz emitió un pronunciamiento y denunció que los operadores de justicia, al margen de no dar inicio al juicio, encubren a los encapuchados. También se cuestionó que la Policía no sea parte acusadora, siendo que ellos también fueron víctimas.
Asociación de Periodistas de Santa Cruz
El 28 de octubre de 2021 marcó un antes y un después no solo en la vida de siete trabajadores de la prensa, sino de todos los que compartimos la tarea de informar. Ese día, siete de nuestros compañeros fueron emboscados, agredidos verbal y físicamente, y amenazados de muerte por un grupo de encapuchados que, armas en mano, los mantuvieron secuestrados por más de siete horas en Las Londras, una propiedad agrícola ubicada en el municipio El Puente, en la provincia Guarayos de Santa Cruz.
A dos años de ese lamentable hecho, y pese a la denuncia presentada de inmediado al Ministerio Público por parte de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, a la cabeza de Roberto Méndez y la guía de la abogada Raquel Guerrero, los autores de los crímenes denunciados gozan de total impunidad. Amparados en ella, siguen operando en la misma zona y con la misma violencia, tal como se ha podido comprobar en registros de videos y fotografías que los muestran avasallando otras propiedades.
Evidencias que vuelven a abrir las heridas abiertas el 28 de octubre de 2021 y que duelen cada vez más ante tanta impunidad solapada por quienes deberían sancionar con todo el rigor de la ley al menos a los cinco identificados en la denuncia, pues estos fueron beneficiados, a pesar de su peligrosidad, con un arresto domiciliario sin escoltas, hecho que se constituye en una afrenta para las víctimas y para quienes las apoyamos en esta búsqueda de una justicia que nunca llega.
Hablamos con propiedad y respaldados en las evidencias, algunas de las que compartimos ahora: la demora de la Policía en llegar a Las Londras para verificar el hecho y recoger pruebas; el cambio de tres fiscales y de varios policías asignados al casos, para retrasar la investigación; la demora en el inicio del juicio oral, pese a existir ya la imputación penal contra los cinco denunciados; y la suspensión en más de quince oportunidades de las audiencias convocadas para atender nuestra demanda de revocar las leves medidas cautelares concedidas a los denunciados.
Cada una de esas artimañas para evitar llegar a la verdad material e histórica en el caso Las Londras es una bofetada para los siete trabajadores de la prensa, violentados en pleno ejercicio de sus tareas de informar, también para todo nuestro gremio y, además, para toda la sociedad que ve con impotencia cómo los que delinquen, atropellan y violan las leyes gozan de privilegios y protección concedidos por quienes deben castigarlos y, más bien, garantizar la seguridad de la mayoría de la población, que no delinque.
En el caso Las Londras, queremos insistir de manera especial en la urgencia de convocar el apoyo de toda la ciudadanía a esta cruzada que estamos librando como Asociación de Periodistas de Santa Cruz, para lograr que se haga justicia. Este es para nosotros un caso emblemático, por todo lo que entraña.
Reiteramos una vez más: no se trata solo de uno u otro caso que afecta a uno de tantos sectores de la sociedad. Estamos hablando de una violencia dirigida sistemáticamente a un gremio fundamental para la democracia, como es el de los trabajadores de la prensa. Estamos convencidos de que nuestro rol es importante y que para poder cumplir con él a cabalidad, necesitamos gozar de las garantías que nos concede la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.
Pese a los contratiempos, a las trampas judiciales y a las amenazas veladas lanzadas contra muchos de nuestros compañeros, reafirmamos nuestra voluntad inquebrantable de seguir luchando para que se haga justicia en este y otros casos, en defensa no solo de nuestro derecho a gozar de la libertad de prensa, sino también en defensa de la libertad de expresión, un derecho de todos.
Al cumplirse estos dos años, afirmamos finalmente que en esta búsqueda de justicia y cárcel para los implicados en el caso Las Londras y otros, vamos a continuar denunciando ante los organismos internacionales las vulneraciones a nuestros derechos, y exigiendo al Gobierno que deje de proteger a los encapuchados armados y que asuma el tema de seguridad nacional como un asunto de Estado.
