Afirman que las autoridades judiciales de las máximas instancias del Órgano Judicial y el TCP ya no pueden ser denominadas “magistrados” y que al momento incurren en delitos como la usurpación de funciones.
Carlos Quisbert / La Paz
Hasta ayer, cinco de los 26 magistrados que autoprorrogaron su mandato en el Órgano Judicial renunciaron. Los dos últimos alejamientos corresponden a Ángela Sánchez y Elva Terceros, exmagistradas del Tribunal Agroambiental.
En contraparte, las organizaciones sociales del Pacto de Unidad que apoyan a Evo Morales y hasta ayer cercaron el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, decidieron aplazar el bloqueo indefinido de carreteras que anunciaron, hasta el lunes 22 de enero, día de la creación del Estado Plurinacional. Por su lado, el Gobierno aseguró que garantiza el libre tránsito en todo el país.
El dirigente campesino, Humberto Claros, informó anoche, en conferencia de prensa, que la decisión de postergar la medida de presión se debe, precisamente, a las renuncias de las magistradas. En ese sentido, dijo que concederán “unos días más”, para que las otras 21 autoridades del Órgano Judicial dimitan a sus cargos, cuyo mandato concluyó legalmente el 2 de enero.
“El día lunes va a ser inminente el bloqueo de caminos, no estamos suspendiendo, sino que, estamos dando unos días más para que estos magistrados renuncien por cesación de funciones o como ex magistrados”, advirtió Claros.
La medida de presión fue anunciada el lunes, luego de que los seguidores de Morales se enfrentaron a la Policía, cuando una marcha intentó romper el cerco policial que resguardaba el ingreso al TCP.
No obstante, desde La Paz, el diputado evista, Héctor Arce, negó que detrás de las movilizaciones se encuentre el expresidente y que las organizaciones sociales solo expresan su postura para pedir elecciones judiciales y la renuncia de todos los magistrados.
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Al contrario, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, del ala del MAS que respalda al presidente Luis Arce, rechazó los anuncios de bloqueo de caminos y calificó la medida como un movimiento que busca generar convulsión “por intereses particulares” de Morales, quien ya se ha proclamado como candidato de ese partido para las próximas elecciones generales de 2025.
“Vamos a garantizar el libre tránsito en todo el departamento de Santa Cruz y en todo el territorio nacional, eso no significa que no esté garantizado el derecho a la protesta, está plenamente garantizado, pero no podemos perjudicar y poner en riesgo la vida de todo el pueblo boliviano por los intereses de una sola persona”, expresó el ministro.
“Nadie los va a defender”
En ese contexto, el diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, aseguró que en las siguientes horas se sumarán más renuncias de magistrados, debido a que varios de ellos son conscientes de que podrían ser sometidos a procesos y ser enviados a la cárcel por usurpación de funciones, nepotismo, tráfico de influencias y otros delitos.
“Ellos (los magistrados) tienen que entender que el poder político no los va a defender. La población chuquisaqueña, que es pequeña y pacífica, la boliviana que quiere reestablecer el estado de derecho tampoco los va a apoyar”, sostuvo el diputado.
Pedrazas promueve la conformación de una comisión especial en el Legislativo, para investigar diferentes hechos, como la emisión de resoluciones de carácter político, el despilfarro de recursos y la contratación de funcionarios por afinidades familiares o personales. También criticó que los magistrados no salgan ante los medios de comunicación a dar la cara y explicar su propia situación.
El legislador de Sucre sostiene que los magistrados ya no pueden ser denominados así porque su mandato ya concluyó. Asimismo, rechazó la versión de que las renuncias de las autoridades judiciales generen un “vacío de poder”, pues considera que los tribunales departamentales de justicia continúan funcionando con normalidad.
Renuncias
En la carta dirigida a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, la exmagistrada Sánchez expresó que daba por concluida sus funciones desde el 2 de enero, “al no existir las garantías necesarias para ejercer la magistratura”, a pesar de la Declaración Constitucional 49/2023 que dispone la prórroga del mandato de las autoridades del Órgano Judicial de manera excepcional y temporal, reportó El Deber.
No obstante, “los acontecimientos y medidas de hecho que van ocurriendo en la ciudad de Sucre, ponen en riesgo el normal funcionamiento y cumplimiento de funciones del Órgano Judicial y por tanto, del Tribunal Agroambiental”, se lee en la carta a la que accedió ese medio de comunicación.
Similar postura emitió la exmagistrada Terceros, que aseguró a medios de Sucre, que estuvo en funciones hasta el 2 de enero y que después de esa fecha no realizó ninguna actuación judicial ni administrativa.
El 3 de enero, los magistrados del TCP, Carlos Alberto Calderón Medrano de Santa Cruz, y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, de Tarija, también anunciaron el cese de sus funciones al cumplirse su mandato constitucional. Una semana después, el 11 de enero, el exmagistrado del TSJ, Esteban Miranda Terán, también confirmó que dejó sus funciones como magistrado el 2 de enero.