Declararon la inconstitucionalidad de dos artículos en el proyecto de Ley 144, aprobada en el Senado, una referida a la designación interina de sus reemplazantes. La ampliación de su mandato será hasta la posesión de nuevas autoridades elegidas en las elecciones judiciales, cuya realización es incierta.
Carlos Quisbert / La Paz
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron una resolución, a través de la cual se autoprorrogaron en el cargo, por tiempo indefinido, al igual que las máximas autoridades del Órgano Judicial. Dicha ampliación de mandato se dará hasta que se posesionen a las nuevas autoridades que resulten ganadoras en las judiciales, cuya fecha de realización es incierta, debido a que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no ha elaborado la ley para la preselección de candidatos y el proceso electoral.
“La disposición cuarta de esta parte resolutiva dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades, tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre tanto no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales producto de la preselección, que es atribución de la Asamblea Legislativa, y la elección que tiene que organizar el Órgano Electoral”, informó el magistrado René Espada, hoy, en Sucre.
La determinación busca frenar el vacío de poder previsto, al no contar con autoridades en el Órgano Judicial. Según el artículo 183 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la norma electoral, el mandato de los 26 magistrados del TCP, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debía concluir el 3 de enero, con la posesión de sus sucesores. Para ese fin, en marzo de este año, la ALP debió emitir una ley para la preselección de postulantes en esa instancia y que los elegidos sean candidatos en las elecciones judiciales, a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Dicho proceso fue truncado por diferentes hechos, como la falta de consenso en el partido gobernante, MAS, que mantiene pugnas entre quienes defienden al presidente Luis Arce y los que respaldan al exmandatario Evo Morales; así como los amparos constitucionales presentados tanto por políticos de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y magistrados del TSJ. Ante este hecho, se debatieron varias salidas políticas en la ALP, pero ninguna tuvo apoyo mayoritario, mientras crecían los cuestionamientos legales a todas las alternativas.
La propuesta de Creemos era designar como magistrados a quienes en la anterior elección judicial fueron avaluados en la ALP y cumplían los requisitos, pero no fueron candidatos en las elecciones judiciales. Asimismo, CC propuso que vocales y jueces sean declarados en comisión, para que los primeros suban a ocupar el cargo de magistrados de forma transitoria, al menos por seis meses.
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Amabas fuerzas políticas opositoras rechazaban la autoprórroga de los actuales magistrados y advertían que esa era la intensión del Gobierno de Arce, por medio de un “decretazo”. Efectivamente, legisladores del MAS propusieron la ampliación de mandato. No obstante, con la determinación del TCP hoy se puso fin a esa discusión y ahora, en la ALP, solo queda el debate para la aprobación de una ley que dé inicio a la preselección de postulantes y posteriormente al proceso de las elecciones judiciales con los habilitados.
Consulta e incumplimiento
En septiembre, hace 52 días, el TSJ presentó una consulta constitucional sobre el proyecto de Ley 144/2022-2023, “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”, aprobada por mayoría en el Senado, en relación a si su contenido violaba la CPE al designar como reemplazantes de magistrados a personal subalterno, además de suspender los plazos procesales.
De acuerdo al Código Procesal Constitucional, los magistrados del TCP tenían un plazo de 30 días para resolver la consulta del TSJ, pero se tomaron 52 días hábiles.
Según el magistrado Espada, la resolución emitida hoy por el TCP contempla seis disposiciones. Se declaró constitucional uno de los artículos cuestionados en el PL declaratoria de 144, e inconstitucionales otros dos de dicha norma. Además, Espada remarcó que no pueden delegar a subalternos la transición de los altos cargos del Órgano Judicial y el TCP.
“No se puede delegar a los funcionarios subalternos la transición a partir del 2 de enero, de estas instancias máximas de administración de justicia, es decir, los funcionarios subalternos no tienen la atribución, quienes están revestidos de esas atribuciones y prerrogativas para desarrollar estas funciones son las actuales autoridades, tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional”, concluyó Espada.
Los magistrados, liderados por el presidente del TCP, Paul Franco, no respondieron a las consultas sobre el plazo de la ampliación de su mandato y sin atender ninguna otra pregunta se retiraron de la sala donde se dio la conferencia, en Sucre.