Con esta medida cautelar, los magistrados del Órgano Judicial buscan que, entre otras medidas, la Asamblea Legislativa reconozca la “autoprórroga” de su mandato (DC 0049), antes de volver a tratar el proyecto de ley 144, según el análisis de legisladores de oposición y el MAS.
Carlos Quisbert / La Paz
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por medio de una resolución de medida cautelar, volvió a paralizar el tratamiento del proyecto de Ley 144, para las elecciones judiciales, que se desarrollaba en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La medida fue calificada como un “golpe al estado de derecho” por legisladores de oposición, mientras que los masistas, del ala de Evo Morales, llamaron a “no acatar las resoluciones de magistrados autoprorrogados incostitucionalmente”.
En la parte resolutiva del auto constitucional 034/2024, emitido hoy por la Comisión de Admisión del TCP se señala: “Ha lugar a la solicitud de medida cautelar impetrada por Marco Ernesto Jaimes, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), disponiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con carácter previo a reasumir el tratamiento del proyecto de ley 144/2022-2023 (…) Necesariamente debe acatar la Declaración Constitucional 049, quedando vigente esta disposición hasta que la Sala Plena del TCP, resuelva la queja por incumplimiento, formulada por el nombrado, el 24 de enero de 2024”. El documento lleva la firma de los magistrados Gonzalo Hurtado y Petronilo Flores.
En su consulta al TCP, Jaimes pidió que la Asamblea Legislativa se abstenga de tratar el Proyecto de Ley 144 para la judiciales, hasta no acatar el Decreto Constitucional 0049, del 11 de diciembre de 2023, por medio del cual se instruyó modificar varios artículos de dicho proyecto y hacía conocer la autoprórroga de los 26 magistrados del TSJ, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el mismo TCP.
Se debe recordar que, legalmente, el mandato de los 26 magistrados concluyó el 3 de enero de este año, fecha en la que debieron asumir nuevas autoridades elegidas en elecciones judiciales, la que no se realizaron debido a que el Legislativo no logró consensos para la aprobación del Proyecto de Ley 144. También se debe destacar que, pese a la autoprórroga señalada en la Declaración 0049, cinco magistrados decidieron renunciar.
“Golpe” a la Asamblea Legislativa
“El TCP acaba de dar un golpe a la institucionalidad a la Asamblea Legislativa. Acaban de definir que no se puede tratar el proceso de preselección, sino se cumple la declaración inconstitucional respecto a la prórroga de los magistrados. Con esto, el TCP y el Ejecutivo están judicializando la política para gobernar a los bolivianos. Esta decisión ilegal inconstitucional, al margen del derecho, no puede ser cumplida por la ALP”, señaló el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas.
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El legislador señaló al Gobierno del presidente de Luis Arce, como cómplice del DC 0049 y la medida cautelar emitida hoy por el TCP y advirtió que, lo mismo podría suceder en ocho meses, cuando se tenga que tratar la designación de un nuevo Fiscal General, en reemplazo de Juan Lanchipa.
Por su lado, el senador del MAS, Leonardo Loza, del ala que defiende a Evo Morales, también cuestionó la legalidad de la resolución emitida por los magistrados Hurtado y Flores.
“Como senador de la ALP de Bolivia, no vamos a obedecer ninguna orden de magistrados autoprorrogados inconstitucionalmente, es evidente que esta sentencia viene con instrucción desde la presidencia del Gobierno dictador de Luis Arce. ¡El proyecto de Ley para las Elecciones Judiciales debe ser tratado en la brevedad posible!”, escribió Loza en sus redes sociales.
Precisamente, hoy se cumplen 10 días del bloqueo de caminos iniciado por los sectores sociales afines a Morales que, según el Gobierno de Arce, ya han dejado cuatro fallecidos, más de 600 millones de dólares de pérdidas, el desabastecimiento de combustible y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar. Los grupos radicales del MAS piden la renuncia de los magistrados “autoprorrogados” y también rechazan otra sentencia que el TCP emitió, por medio de la que se inhabilitó a Evo Morales para las elecciones de 2025.
“Estado dictatorial”
Quien también rechazó la medida cautelar del TCP, fue la diputada María René Alvares, de la agrupación Creemos, señaló que “esta forma de amenaza, criminal, por parte del TCP, de pretender que el Poder Legislativo desaparezca en nuestro país es un golpe duro al estado de derecho, a la Constitución Política del Estado y no lo podemos tolerar”, señaló Álvarez.
La legisladora advirtió que los diputados y senadores que componen la comisión que trata el proyecto de Ley 144, en coordinación del vicepresidente, David Choquehuanca, no deben acatar la medida cautelar del TCP y que, de hacerlo, deberían presentar su renuncia, por no hacer respetar al Poder Legislativo. “Caso contrario, (el presidente) Luis Arce Catacora valida un Estado dictatorial, en el que no se respeta la independencia de poderes”, manifestó la diputada.
En esa línea, Pedrazas instó a sus colegas legisladores a asumir una postura institucional, “no dejemos que estas decisiones, de delincuentes, estén por encima del pueblo boliviano que nos eligió para que seamos sus representantes”, afirmó el diputado chuquisaqueño. Aseguró que el pedir la renuncia de los magistrados autoprorrogados, a los que califica de “mafiosos”, no genera un vacío de poder, pues el Órgano Judicial continuará en funcionamiento “constitucionalmente”, por medio de los tribunales departamentales de justicia, pues su labor no depende exclusivamente de la presencia de los miembros del TCP, el TSJ, la Magistratura o el Tribunal Agroambiental.