La revisión documental, los testimonios de las víctimas y las opiniones de expertos apuntan a una “instrumentalización política” de la Fiscalía y el direccionamiento de la investigación como algunos de los elementos de un “modus operandi” para evitar una investigación profunda e identificación de los responsables.
Por Pablo Peralta / Carlos Quisbert / Edición videos e infografías Erika Segales / Caricatura Abecor / @Periodismos Sin Photoshop
“Prefiero mil veces morir defendiendo lo legal a seguir viviendo y que mis hijos piensen que yo he sido corrupto. Mi nombre no se va a utilizar para lavar la imagen de nadie”. Con esas palabras, Marco Antonio Aramayo Caballero, quien fue director del Fondo Indígena, rechazó someterse a un juicio abreviado, admitiendo una culpa que aseguró no era suya, en el caso del millonario desfalco a esa institución. El hombre de “convicciones fuertes”, como lo recuerda hoy Héctor Castellón, su abogado, falleció en abril de 2022, víctima de la persecución judicial iniciada durante el gobierno de Evo Morales, luego de estar siete años preso, sufrir una serie de actos de tortura y afrontar más de 200 procesos.
Al igual que a Aramayo, a Félix Becerra, quien fue máximo dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), emisarios, a los que vincula con el partido de Gobierno, se le acercaron cuando estaba preso en San Pedro, en 2015, para sugerirle que se someta a un proceso abreviado para salir libre. Sindicado por una querella en el marco del caso Fondo Indígena, consultó a sus amigos y abogado sobre la propuesta. Estos le respondieron: “Si has robado siempre, autoculpate; pero si no has robado nada, ¿cómo te vas a autoculpar?”.
Por supuesto, Becerra no aceptó autoincriminarse. Hoy, cuando aún cumple una detención domiciliaria en su comunidad Challa Grande, en el altiplano de Cochabamba, recuerda aquel episodio con una sonrisa, pero con profunda indignación.
Los de Aramayo y Becerra son dos de los casos paradigmáticos que muestran las características de una estrategia del poder político para crear “chivos expiatorios”, la cual trabó la posibilidad de una investigación profunda. Sobre la base de los antecedentes judiciales, entrevistas y revisión de documentos se detectó al menos cinco rasgos de esa estrategia: 1) Procesos y persecución judicial contra el principal denunciante, 2) El “direccionamiento” de la investigación, 3) Multiplicidad de casos contra una misma persona radicados en varios departamentos, 4) La negativa al pedido de la acumulación de casos, y 5) Ofertas a los procesados, a través de emisarios, para que se inculpen y se sometan a procesos abreviados.
Uno por uno
1.- Procesos y persecución judicial contra el principal denunciante: “La denuncia la realiza Marco Aramayo en una reunión de directorio”, así con esas palabras, luego de un año de la muerte de su cliente y amigo, al que llegó a admirar por sobrellevar con dignidad los siete años de cárcel, el abogado Héctor Castellón sostiene que Aramayo fue el primero en denunciar las irregularidades en el Fondo Indígena.
El jurista recuerda que, al momento de asumir la defensa de Aramayo, éste le aseguró que la intención del proceso era sólo para “hacer burbujas en el aire”, y que preveía “que nunca se iba a investigar” el desfalco. “Hasta la fecha nunca se investigó a los verdaderos responsables”, lamentó Castellón, quien, después, reflexiona: “Ni en la peor de nuestras pesadillas imaginamos que Marco Aramayo sería sometido a más de 200 procesos penales”.
El ensañamiento judicial fue tal que se extendió hasta después de su muerte. Castellón revela que 16 meses después de que Aramayo ingresara en coma y perdiera la vida por una falla multiorgánica, aún le llegan a su oficina notificaciones para el inicio de juicios, incidentes procesales, apelaciones y otro tipo de audiencias. Son escasos los procesos -asegura- en los que jueces y fiscales dieron por cerrado el caso ante el fallecimiento de su cliente.
En el informe “El disfuncionamiento de la Justicia. Tortura y otros maltratos infligidos a Marco Antonio Aramayo”, elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), se exponen 194 hechos que son catalogados dentro de cuatro formas de tortura y maltratos en su contra, cometidos desde el momento en que reveló las irregularidades en el Fondo Indígena, hasta su muerte.
El documento, hace notar que los 194 hechos de tortura, son solo una parte de las innumerables agresiones de las que fue víctima Aramayo y se aclara que solo se tomaron en cuenta los acontecimientos más significativos.
Todas esas agresiones y vulneraciones a sus derechos se sistematizaron durante su encarcelamiento. En lista figuran acciones de: extorsión, amenaza, excesos de violencia, golpes con objetos contundentes, exposición a agentes químicos, desaparición forzada, aislamiento, privación/prohibición del consumo de agua y otros alimentos, privación/prohibición de atención médica, privación del uso de los servicios sanitarios, castigo e intimidación, exposición a situaciones cercanas a la muerte y hasta fue obligado a desnudarse y quedarse así durante horas.
En ese documento se indica que Aramayo, al haber denunciado hechos de corrupción en el Fondo Indígena, sufrió “una cantidad irracional de procesos penales” en diversos asientos judiciales, lo que desencadenó una serie de hechos constitutivos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante.
2.- El “direccionamiento” de la investigación: La revisión documental y las entrevistas realizadas dan cuenta de un “direccionamiento” en la forma cómo se procesó a quienes fueron imputados por este caso. Unos, los críticos o disidentes del MAS, fueron a dar a la cárcel, como Becerra o Damián Condori, exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y actual gobernador de Chuquisaca.
Al contrario, otros dirigentes afines al partido azul, como Hilarión Mamani, Rodolfo Machaca o Juanita Ancieta, si bien llegaron a estar sindicados, no pisaron la cárcel y no pasaron por el calvario judicial que atravesaron otros. Mamani llegó a liderar el Conamaq y hoy es senador del MAS; Machaca, exdirigente de la Csutcb, en la actualidad forma parte de la cúpula dirigencial del partido azul y, Ancieta, dirigente de las Bartolinas, hoy es asambleísta departamental en Cochabamba.
En el caso de la parte institucional, otro de los implicados que quedó impune es el exdirector del Fondo Indígena, Daniel Zapata, quien pese a contar con una sentencia (fue juzgado en rebeldía), nunca estuvo en la cárcel, porque no se presentó a las citaciones y la Fiscalía no hizo cumplir las órdenes de aprehensión. Un caso opuesto es el de la primera directora del Fondo Indígena, Elvira Parra, quien solo logró salir de la cárcel un año después de la muerte de Aramayo.
Parra, según su propio recuento, llegó a afrontar más de 150 procesos penales en diferentes departamentos. Ingresó a la cárcel en 2015, cuando su hijo mayor tenía 13 años y logró su libertad cuando él cumplió 21. En la mayoría de los casos, Parra fue acusada por firmar contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Todo lo contrario ocurrió con Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras y quien presidió el directorio del Fondo Indígena. El exfiscal del caso Ánghelo Saravia reveló -en una denuncia que presentó el 3 de diciembre de 2019 ante la Fiscalía de La Paz- que en julio del año 2016 hubo una primera orden de aprehensión que emitió contra Achacollo, pero que no se consumó por presiones. El exfiscal también denunció que, en agosto de 2016, una vez aprehendida la exministra, sufrió “presiones y hostigamiento” para favorecerla en la imputación y, al final, para otorgarle detención domiciliaria.
En el documento, además de identificar a quienes lo presionaron y contar los entretelones de la aprehensión e imputación de Achacollo, con amenazas de por medio, Saravia relató que la imputación fue corregida “en Palacio” de Gobierno. Para esta nota, se consultó a la Fiscalía Departamental sobre el estado de esa denuncia, pero no hubo respuesta.
3.- Multiplicidad de casos en varios departamentos: La cantidad de casos que se abrieron en contra de Aramayo es uno de los elementos que Castellón señala como una evidencia del ensañamiento judicial. En su momento se contabilizaron 256 causas, pero según el recuento personal de la defensa, llegaron a conocer de forma oficial 216 procesos penales, cuyos registros no están sistematizados por ninguna institución judicial o estatal.
“Veamos la diferencia, Nemesia Achacollo no estuvo presa por mucho tiempo, goza de una detención domiciliaria, pero Marco Aramayo murió en prisión luego de siete años de cárcel, es más, él ya cumplía condena por uno de los casos”, remarcó Castellón.
Para este reportaje se consultó en el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) y en la Fiscalía sobre la cantidad exacta y el estado de los procesos abiertos por el desfalco al Fondo Indígena y el número de causas en las que Aramayo figuraba como procesado. No obstante, ninguna de las instituciones brindó respuesta.
Según Castellón, Aramayo hizo frente a querellas en ocho de los nueve departamentos del país, y la mayor cantidad de los casos estaban radicados en Beni, Santa Cruz, Pando y Oruro. Similar situación se dio en el caso de Elvira Parra, exdirectora del fondo, quien llegó a contabilizar 180 procesos en su contra. Lo mismo ocurre en el caso de Epifanio Pacheco, exdirector de Proyectos del Fondo Indígena, quien, según su abogado, Sergio Vildozo, tuvo que afrontar 12 procesos. Los mismos estaban radicados en cinco departamentos del país: Potosí, Beni, Pando, Santa Cruz y La Paz.
La radicatoria de los casos en distintos departamentos incidió en la salud y la economía de los procesados. Aramayo falleció en abril de 2022 y Parra, quien salió libre en abril de 2023, declaró que tuvo complicaciones en su salud y quedó con “muchas deudas” porque tuvo que pagar a abogados.
En el caso de Pacheco, quien tuvo la “fortuna” de no quedar en detención preventiva, los constantes viajes para hacer seguimiento de las causas abiertas en su contra repercutieron en su economía, pero, según su abogado “lo que más ha calado (su salud) es el estrés en la preocupación tanto de él y del entorno familiar, de poder sobrellevar y afrontar con seriedad las sindicaciones que le iban haciendo una tras otra, una tras otra”. Pacheco murió el martes 22 de agosto de 2023.
“Esta persecución obviamente que ha deteriorado su salud. Ha sido un detonante importante, ha calado en su salud, en su estabilidad emocional, laboral, familiar. La consecuencia es ésta: falleció. Creemos nosotros que mientras estuvo con vida pudo demostrar su inocencia en cada uno de los procesos”, asegura su abogado.
4.- La negativa al pedido de la acumulación de casos: De acuerdo con el parágrafo II del artículo 117 de la Constitución Política del Estado y los artículos 4 y 45 del Código de Procedimiento Penal, una persona no puede ser juzgada dos o más veces por un mismo delito. En casos complejos como el del desfalco al Fondo Indígena, que involucra instituciones, funcionarios y dirigentes de distintos niveles y diferentes responsabilidades, la acumulación de procesos tiene el fin de no vulnerar ese derecho, por lo que se debe unificar las causas por delitos conexos. Ese procedimiento procura cumplir las garantías constitucionales.
El abogado de Aramayo indica que entre 2015-2016 presentaron un memorial para lograr la acumulación de casos. “El primer momento cuando estaba el doctor Guerrero (ex Fiscal General del Estado) se hizo una solicitud de acumulación. En ese momento, eran 17 causas abiertas en La Paz y teníamos conocimiento de que había unas cuantas a nivel Bolivia. Ahí se hace la solicitud de acumulación”, explica. Sin embargo, el jurista señala que nunca se resolvió ese requerimiento.
Castellón, además, sostiene que los fiscales recurrieron a la falsificación de una resolución con el fin de evitar el pedido de la acumulación de los casos. En un informe emitido para el Fiscal General –acota el jurista-, aseguraron que un juez había negado la unificación de los procesos, pero luego de verificar los expedientes se descubrió que no existía dicha resolución. Ese hecho fue denunciado, pero nunca se investigó.
Respecto a las causas relacionadas con Pacheco, el exdirector de Proyectos, su abogado señala que además de la docena de casos abiertos que afrontaba, ambos entendían que había otras causas iniciadas en su contra “con mucha cizaña”. La acumulación de denuncias hubiera evitado los constantes viajes, las múltiples audiencias y el menoscabo de su economía.
5.- Ofertar un proceso abreviado a través de emisarios: Félix Becerra, exdirigente del Conamaq, relata que cuando estuvo preso lo visitaron en dos oportunidades emisarios, que vincula al partido de Gobierno, y le sugirieron someterse a un proceso abreviado y declararse culpable, con el fin de salir de la cárcel. “Estás tiempo aquí adentro, por qué no te autoculpas, fácil vas a salir mañana pasado, dos años te van a dar, autoculpate”, relata que le ofrecieron.
En el caso de Aramayo, su abogado asegura que en varias ocasiones le plantearon la salida del proceso abreviado. “A Marco no una o dos, sino más de 100 veces, el anterior Gobierno, el gobierno de transición (de Jeanine Añez) principalmente, le han dicho ‘declárate culpable, ándate a un proceso abreviado y tu suplicio termina, los procesos desaparecen, se acumulan (los casos) como quieres, declárate culpable’”, comenta Castellón. ¿Cuál era el fin? “un chivo expiatorio”, responde.
El “modus operandi”
En criterio del abogado y experto en defensa de Derechos Humanos, Franco Albarracín, durante el gobierno de Evo Morales, se implementó un “modus operandi” para librar de responsabilidad penal por el desfalco a directivos del Fondo Indígena y a altos dirigentes del Pacto de Unidad, esto con el fin de procesar sólo a funcionarios y representantes indígenas que no tenían un peso político en el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En esa línea, Albarracín menciona que se pueden identificar al menos cinco elementos recurrentes de esa forma de proceder: 1) En la mayoría de los casos sólo se procesó a dirigentes campesinos de bajo nivel, los que figuraban como representantes legales de los proyectos y a Aramayo, como parte del supuesto juzgamiento a funcionarios; 2) Hubo una “instrumentalización del Ministerio Público”, con el fin de “direccionar las investigaciones y no perjudicar a las altas esferas del Gobierno o a altos dirigentes del Pacto de Unidad”; 3) Se imputó y detuvo a sindicados, pese a no tener indicios suficientes, cuando la responsabilidad en el mal manejo de los recursos involucraba a directivos y dirigentes de alto rango; 4) Las detenciones dieron lugar a la vulneración de derechos humanos en otros aspectos; y 5) Las detenciones arbitrarias fueron usadas como instrumento de amedrentamiento contra quienes se atrevieran a hacer las denuncias.
“Entonces, el modus operandi gubernamental tenía el fin de hallar un chivo expiatorio al hecho de corrupción. Además, la protección a los altos dirigentes del Pacto de Unidad, no era siquiera por definiciones ideológicas, sino que era una protección con un trasfondo político, de carácter prebendalista. El Gobierno decía: ‘Yo te protejo y a cambio tú sales a las calles o asumes responsabilidad en situaciones de crisis en favor del Gobierno’. Esa era la forma de proceder”, concluye Albarracín.
El hombre de “convicciones fuertes”
“10483” es el número de la resolución suprema con la que Marco Antonio Aramayo fue designado como director ejecutivo del Fondo Indígena, el 4 de septiembre de 2013. Aquella jornada en la que juró y habló de la forma en que presidiría esa institución, incidiendo en la transparencia, estaba aún lejos del suplicio que viviría desde el 3 de marzo de 2015, cuando fue aprehendido después de presentarse a declarar de forma voluntaria.
Aramayo, que padecía hipertensión arterial, afrontó 216 procesos y, según un informe del caso que emitió el ITEI sufrió una serie de actos de tortura y malos tratos mientras estuvo detenido. Sólo sintió paz -cuenta su abogado Héctor Castellón- cuando estalló la pandemia del Covid-19, que obligó al Gobierno de entonces (2020) establecer una cuarentena rígida.
La falta de precisión en la cantidad de casos abiertos no es un dato menor para su abogado, puesto que asegura “nunca se supo la cantidad exacta”. La defensa de Aramayo contó 216 casos, en distintos distritos judiciales del país, en los que fue procesado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Esa cantidad de causas, según el jurista, generó dos fases en el procesamiento de Aramayo: la primera, obligó a que en la denominada “etapa investigativa o preparatoria”, en 2015, 2016 y 2017, se registraran filas de fiscales y jueces en San Pedro para cautelar o tomar declaraciones a Aramayo; la segunda, en la que las autoridades judiciales y de las fiscalías departamentales ya no arribaban al penal, sino que Aramayo era trasladado. “Y ahí empieza, ven que a Marco lo pueden sacar a cualquier hora y en cualquier momento y lo llevan a distintos lugares y Marco empezó a decir: ‘temo por mi vida’”, afirma Castellón. Aramayo falleció el 19 de abril de 2022 días después de arribar de un viaje a Santa Cruz.
“La acumulación de los procesos era importante –explica Castellón-, porque acumulando los procesos se iba a determinar que Marco Aramayo estaba más de ocho años preso y con eso podría salir tranquilamente en libertad, sin importar la sentencia que le impongan”.
Cuando terminó su discurso luego del acto de posesión en el cargo, Aramayo pidió a los asistentes que le ayudaran a decir “¡Que viva el Fondo Indígena!”. Lo cierto es que él perdió la vida, paradójicamente, por el Fondo Indígena.
El “infierno” de Becerra
Félix Becerra, ex Jiliri Apu Mallku del Conamaq, cree que las hierbas de su región (Challa Grande, Cochabamba), que diligentemente le llevaron su padre y su esposa, lo salvaron de un destino similar al de Aramayo. Tomaba esos mates a diario, por las mañanas y tardes, y considera que esa terapia lo ayudó a cuidar su salud y a no preocuparse. Si bien reconoce que el caso de Aramayo y el suyo son, en el fondo, diametralmente diferentes, no sólo por la cantidad de casos sino por otros aspectos, lo que vivió a fines de 2015 lo recuerda como un “infierno”.
Y el “infierno” se desató en su contra cuando vio su nombre en la prensa, relacionado con una noticia sobre el desfalco del Fondo Indígena. Decidió presentarse en La Paz de forma voluntaria. El día que partió de su casa, aunque era consciente de que podría ser encarcelado, prefirió no hablar del tema con sus hijos, solo les recomendó que se porten bien y cumplan sus deberes mientras él salía de “viaje”. Pero fue franco con su esposa, quien en ese momento ocupaba un cargo como concejal de ese municipio.
“No sé si voy a volver o me van a detener”, le dijo Becerra a su pareja cuando partió con un poco de ropa en su mochila y con los documentos con los que pretendía probar su inocencia.
Ocurrió lo que menos quería. Fue aprehendido el 12 en noviembre de 2015 y luego fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro.
El proyecto por el que fue detenido fue elaborado por su antecesor en el cargo, pero la responsabilidad recayó sobre él porque firmó el recibo del desembolso inicial. El proyecto se trataba de un curso del idioma ruso dirigido a un grupo de 18 jóvenes, miembros de sectores sociales afines al MAS, quienes irían becados a Rusia. Fue encarcelado pese a presentar todos los documentos y detallar a los fiscales y el juez, cómo se gastó el adelanto.
Durante los primeros cuatro meses en prisión recibió la ayuda de sus amigos de La Paz, quienes lo visitaban. Fue llevado a la sección El Palmar. Allí, con el apoyo de otros reos incursionó en la costura y llegó a conseguir una fuente de ingresos: 10 bolivianos diarios por costurar prendas deportivas. En su pueblo, Becerra aún luce uno de los deportivos elaborados por él en San Pedro.
Durante su encierro, las cosas tomaron un rumbo inesperado en su casa. Su hijo mayor bajó en sus calificaciones y otra de sus hijas se aplazó. Incluso luego de su retorno a su casa, la hija de Becerra dejó los estudios y ahora también se dedica a la costura.
Los cargos en contra del dirigente generaron división en su comunidad, entre los que lo apoyaban y los que estaban en su contra. Las dudas atormentaban a su familia, al extremo de que su padre le preguntó: “¿De verdad has robado?”. El hijo le aclaró que no había robado nada y que podía probarlo. Entonces el progenitor le exclamó: “¿Por qué te has metido a esto de dirigente, waway?”.
Becerra sostiene que lo metieron preso por vendetta. “Es la venganza del MAS”, le respondía a su padre ante la interrogante. No faltó alguien que le recordó su apoyo a los indígenas del Tipnis y le hizo suponer que debía “pagar” por ello.
Asegura que las dos veces que le plantearon acogerse a un juicio abreviado, a cambio de dejarlo libre, admitiendo un delito que no había cometidos, en su interior se decía: “ni siquiera un centavo he robado”.
En la actualidad se dedica al tejido de hermosos diseños característicos de la cultura Quechua, cuya venta le ayuda a mantener a su familia, pero señala que ese dinero le alcanza para pagar un abogado y cerrar su caso. No obstante, sonríe mientras admite que si tuviera esos recursos, preferiría invertir en la educación de sus hijos.
Entre todas las pérdidas que Becerra contabiliza por su paso por la cárcel también toma cuenta la de su liderazgo. El dirigente considera que antes de ser acusado injustamente, tenía el apoyo político necesario para llegar a “altos cargos”, pero el proceso en su contra lo perjudicó. “Con estas situaciones, he perdido mi liderazgo”, lamenta.
Cuando recobró su libertad, en noviembre de 2017, luego de que un juez le concediera detención domiciliaria, decidió no decir nada a su familia, porque la noticia era tan buena que temía que su anuncio trastoque su salida de la cárcel. Solo cuando lo “botaron” de San Pedro, tomó un teléfono prestado, llamó a su casa y avisó de su inminente retorno.
Sus hijos no durmieron, Becerra recuerda que al bajar del bus, en medio de la pampa sus cinco niños (hoy son seis) lo esperaban a un lado del camino. “Me abrazaron y esa noche hemos dormido todos en un catre”.
Un histórico de los Qhara Qhara
Epifanio Pacheco no llegó a estar detenido en ninguna cárcel, pero tuvo que viajar por varios departamentos del país, junto a su abogado, para demostrar su inocencia. Fue Director de Proyectos del Fondo Indígena hasta 2013. Pero antes de eso fue un representante histórico de la nación Qhara Qhara.
Su abogado, Sergio Vildozo, indica que tuvo que afrontar 12 procesos, abiertos en cinco departamentos, a los que califica como una “persecución sin límites”. Ninguna de las causas llegó a sentencia, algunas estaban a puertas de juicio. “Ha tenido varios procesos en todo el territorio nacional. En Potosí le abrieron dos casos, en Beni teníamos tres procesos, en Pando tres procesos, en Santa Cruz dos, en La Paz, que es el principal, había uno y había otro que se inician de forma accesoria”, explica.
El jurista comenta que esos son los procesos de los que llegaron a tener conocimiento, pero subraya que “entendían” que “había otros más, los que se estaban iniciando con mucha cizaña, porque podrían haber acumulado todo en un solo proceso, porque a él se lo acusaba de no haber hecho seguimiento a los distintos contratos que se habían suscrito a través del Fondioc”.
Pacheco y su abogado debían viajar desde Sucre para hacer seguimiento constante de las causas en los distintos distritos judiciales donde radicaban. “Notificación que le daban, él se presentaba con su abogado”, pero ese trajín terminó mermando su economía y su salud.
Samuel Flores, integrante de la nación Qhara Qhara y secretario adjunto del Tribunal de Justicia Indígena, recuerda que cuando habló con Pacheco, en uno de esos encuentros fortuitos que solían tener, le llegó a comentar que ya no tenía dinero para cubrir su defensa. Era docente universitario. “Nadie puede aguantar tantos procesos penales. Cuando uno no comete delito, no tiene miedo de enfrentar. Y él lo estaba haciendo”, afirma.
Flores palpó el peso del liderazgo de Pacheco en 2019, en la marcha que realizaron los Qhara Qhara por sus reivindicaciones. En una reunión con el gobierno de entonces, un alto personero les llegó a recriminar que “aquí los Qhara Qhara son asesorados por el Epifanio Pacheco”. Sin embargo, “para esa época Pacheco ya no salió a la marcha”.
En estas últimas semanas, el estado de salud de Pacheco se deterioró, la familia mantiene en reserva la enfermedad que lo aquejó. Su vida se apagó el martes 22 de agosto de 2023, mientras se elaboraba este reportaje. Flores asegura que la enfermedad venció a Pacheco “gracias a la tristeza y al sufrimiento por defenderse de la justicia”.
El huelguista “manos limpias”
La detención preventiva de Teodosio Jumpire Poma fue uno de los hechos que hizo noticia aquel fin de año de 2015. El 8 de diciembre, tras la resolución del juez, el dirigente intercultural oriundo de los Yungas de La Paz declaró tener “el corazón y las manos limpias”. Fue procesado por incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Fue representante legal de un proyector relacionado con la producción de café.
Su nombre, no obstante, no tardaría en estar de nuevo en la palestra pública, dado que junto a otros detenidos preventivos por el caso Fondo Indígena, en febrero de 2016, formó parte de la huelga que lideró Marco Antonio Aramayo, exdirector de esa entidad, para exigir que Nemesia Achacollo, entonces ministra de Desarrollo Rural, fuera citada por el Ministerio Público.
Con esa medida de presión, además, el grupo solicitó “un juicio justo y acumulación de todos los casos”. En el transcurso de su reclusión, no obstante, Jumpire llegó a considerar “lesionados sus derechos a la libertad y a la defensa”. En noviembre de 2017, interpuso una acción de libertad y denunció que cuando apeló el rechazo al recurso de cesación preventiva, que había presentado meses antes, la resolución no fue enviada al tribunal de alzada y que cuando solicitó la remisión, los funcionarios del juzgado le dijeron que el audio de la audiencia “se habría extraviado y ni siquiera se había designado el personal encargado de transcribir dicha audiencia”.
La sentencia constitucional 0465/2020-s1, emitida el 8 de septiembre de 2020, da cuenta de que Jumpire -quien había realizado la medida del ayuno voluntario por un “juicio justo”- presentó el 23 de noviembre de 2019 un memorial, para pedir la aplicación de “procedimiento abreviado”.
En ese documento se constata que existe la sentencia 565, del 8 de noviembre 2019, emitida por el Juez de Instrucción Penal Segundo de La Paz, mediante la cual se “dispuso la aprobación de la salida alternativa de procedimiento abreviado”. Jumpire, no obstante, tuvo que interponer una acción de libertad porque -argumentó- “habiendo cumplido los referidos cuatros años de privación de libertad, manifiesta que continúa indebidamente detenido”. Al final, la Sala Constitucional Primera de La Paz le concedió la tutela.
La mayoría de los citados en este último apartado pueden ser considerados, por su comportamiento apegado a principios éticos de honestidad, como “defensores de derechos humanos”, en cuanto defienden la legalidad. La situación de alto riesgo de estos defensores de derechos humanos se origina, precisamente, por la puesta en marcha de la estrategia de búsqueda de “chivos expiatorios”. En criterio del especialista en defensa de los Derechos Humanos, Franco Albarracín, el someterse a un proceso abreviado y asumir la responsabilidad del desfalco, podría haber significado, tanto en el caso de Aramayo como el de Becerra, la implicación de otro grupo de funcionarios y dirigentes inocentes.
“Rechazar un proceso abreviado, arriesgando su vida, su seguridad personal, para proteger a persona inocentes, sí es una actuación de defensa de los derechos humanos. Aramayo pudo salir de la cárcel al declararse culpable, pero decidió no involucrar a otras personas, más aun, tomando en cuenta que él trabajó para denunciar la corrupción en el Fondo Indígena”, explica Albarracín, quien considera, además, que en cada caso se debe analizar, de forma individual, si se enmarcan en el perfil del “defensor de derechos humanos” encarcelado indebidamente.
“No quiero descartar ese aspecto, pero lo que sí se puede definir, por la acción de denunciar los actos de corrupción, es que todos ellos (procesados) son defensores del estado de derecho, de la transparencia estatal y sobre todo de la democracia”, definió.
Aramayo aún busca justicia
A diferencia de Becerra, Aramayo ya no podrá volver a su casa ni ver a su hijo. Sin embargo, el caso del Fondo Indígena aún sigue demarcando los horizontes de ambos. Becerra dice que como le falta dinero para terminar su caso, buscó a varias instituciones para que le presten un abogado que no le cobre mucho, porque quiere “que investiguen lo que es la verdad”. Respecto a Aramayo, su familia presentó una denuncia para dar con los autores de la tortura y las vejaciones que sufrió durante los siete años que estuvo preso en San Pedro y que provocaron su muerte.
Este reportaje forma parte del proyecto “Visibilización de la situación de riesgo de defensores de derechos humanos en Bolivia”, proyecto desarrollado por el CEDIB en alianza con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y con el apoyo de la Embajada de Alemania en Bolivia.