El fiscal general, Juan Lanchipa, evitó mencionar los hechos violentos cometidos por los militantes del MAS. La acusación se presentó por el delito de genocidio, pese a que el GIEI aseguró que no existe elemento para probar un intento de eliminación de un grupo étnico.
Carlos Quisbert / La Paz
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó hoy lunes, que la etapa de investigación concluyó en los casos sobre los hechos de Senkata y Sacaba, en los que fallecieron 20 personas, iniciados contra la expresidenta Jeanine Añez y sus colaboradores, ministros, jefes policiales y militares. Como resultado de la misma, se presentó la acusación en ambos procesos, pero el delito de genocidio, para que se inicie la etapa de juicio oral.
Las acusaciones van en contra de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que señalaron en su informe sobre estos dos hechos, que no existe elemento para sustentar un genocidio, entendido como la acción violenta con el fin de exterminar de forma sistemática a un grupo social o étnico específico.
El fiscal Lanchipa, quien permaneció en el cargo durante el año de mandato de Añez, y no instruyó la investigación en contra de ninguno de los ahora procesados, afirmó que, por la gravedad de los delitos se solicitó 30 años de cárcel para todos los implicados.
Los fallecidos en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto y en Sacaba, Cochabamba, se generaron durante los enfrentamientos que los grupos violentos, afines al MAS, protagonizaron contra las fuerzas del orden. En ambos casos no se investigó el uso de armas por parte de los civiles, que se verificaron en los motorizados empleados en esos operativos, además que se mantiene en duda si los disparos provinieron de lado de los manifestantes. La defensa de los militares involucrados, denunciaron que los fiscales de ambos casos, no tomaron en cuenta varias evidencias sobre la responsabilidad de los políticos masistas, e incluso se cuestionó la pérdida de evidencias en el caso de Sacaba.
Según la versión que expuso Lanchipa, Añez asumió la presidencia en fecha 12 de noviembre de 2019 sin haber seguido el hilo de sucesión constitucional, mientras que los manifestantes ejercieron su derecho a la protesta “pacífica”, reclamando por el supuesto ultraje a la wiphala y en defensa de las mujeres de pollera. Lanchipa no mencionó que los grupos violentos pedían el retorno del expresidente Evo Morales, quien había renunciado el 10 de noviembre de 2019 y desde el exterior mantenía el contacto con sus bases.
Sacaba
En el caso Sacaba, se investigaron los hechos del 15 de noviembre de 2019, cuando se registraron 10 muertos por impacto de bala en el puente Huayllani, al intervenir una marcha que se dirigía a Cochabamba. Los uniformados se apostaron en ese punto con el fin de evitar el ingreso de la turba, formada en su mayoría por cocaleros del Chapare, seguidores de Morales, que amenazaban con quemar la ciudad.
Sin embargo, la versión de la Fiscalía es que se ordenó la represión sin mediar circunstancia alguna que amerite esta intervención. Asimismo, señaló que Añez tomó contacto con el alto mando de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía, por lo cual infiere que “asumió el control absoluto” del operativo llevado a cabo.
Senkata
En el caso Senkata, se investigaron los hechos del 19 de noviembre en El Alto, donde fallecieron 10 personas. Según la Fiscalía, manifestantes que bloquearon la planta de gas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata, en demanda de “respeto al voto ciudadano”, rechazo a las ofensas vertidas a los símbolos patrios, además del “descontento generalizado por el ejercicio de las funciones de presidente del Estado de la señora Jeanine Añez”.
La represión armada, según Lanchipa, se dio en este caso después de que las fuerzas del orden realizaron una operación de exfiltración, para abrir el paso a los combustibles desde la planta de Senkata. Se usó armas de guerra contra los manifestantes. Según Lanchipa, “la operación de exfiltración fue ejecutada por los entonces ministros de Estado: Carlos Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio y Víctor Hugo Zamora Castedo, con la aquiescencia de Añez.
Lanchipa tampoco mencionó en este caso, que los bloqueadores habían generado graves daños a las vías de acceso a esa zona, con el cavado de zanjas y el derrumbe de pasarelas, además que la turba destruyó los muros de la planta de gas y existió el riesgo de una explosión de grandes magnitudes. De la misma forma, el fiscal evitó mencionar que los manifestantes atentaban desde varios días antes, contra la distribución de combustible y gas licuado para toda la población de La Paz y las ciudades aledañas, con la consecuencias económicas y humanas que la falta de provisión del combustible provocaron.
Los acusados del caso Sacaba son: la expresidenta Jeanine Añez Chávez, los exministros Luis Fernando López, Arturo Murillo; Sergio Carlos Orellana (prófugo), excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Pablo Arturo Guerra, exjefe del Estado Mayor; Ciro Orlando Álvarez Guzmán, excomandante de la Fuerza Aérea; Moisés Orlando Mejía Heredia; excomandante de la Armada; Iván Patricio Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; Aldo Bravo Méndez, exinspector de las Fuerzas Armadas; Alfredo Cuéllar, excomandante del SEO Central de Cochabamba; Fuad Ramos Espinoza, excomandante de la Séptima División de Ejército; Oscar Armando Caba, excomandante de la Segunda Brigada Aérea; Boris Christian Pastor, excomandante del Grupo Aéreo 92; France Vargas González, exsubcomandante del Grupo Aéreo 92; Osvaldo Cuadros Rojas, excomandante del regimiento 18 Victoria; Israel Rojas Valverde, exjefe de del equipo del grupo contra actos de interferencia ilícita; Rodolfo Antonio Montero, excomandante general de la Policía; Jaime Edwin Zurita Trujillo, excomandante departamental de la Policía boliviana.
En el caso Senkata se acusó a: la expresidenta Jeanine Añez, sus exministros Luis Fernando López (prófugo), Arturo Murillo (detenido en EEUU) y Víctor Hugo Zamora; al general del Ejército, Luis Fernando Valverde, exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); Sergio Carlos Orellana (prófugo), excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Pablo Arturo Guerra, exjefe del Estado Mayor; Aldo Bravo Méndez, exinspector de las Fuerzas Armadas; Moisés Orlando Mejía Heredia, excomandante de la Armada; Ciro Orlando Álvarez Guzmán, excomandante de la Fuerza Aérea; Iván Patricio Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; Franko Orlando Suárez González, excomandante de la Mecanizada; Julio César Tamayo Rivera, exsubjefe del Departamento Tercero Logística; Miguel Eduardo Santiesteban, subcomandante del regimiento de satinadores; Alfredo Mario Irrazabal, exsubcomandante de la Escuela de Cóndores; Rodolfo Antonio Montero, excomandante de la Policía; Julio William Cordero, excomandante departamental de La Paz; Iván Rojas (prófugo en Chile), excomandante regional de la Policía.