Señalan que existe un tráfico de tierras, que atenta contra los reservorios de agua que sirven para abastecer del líquido elemento al área metropolitana de Santa Cruz.
Por Prensa Diputados
La diputada por Creemos, María René Álvarez, presentó una cuarta carta a la Corporación Andina de Fomento (CAF), en la que solicita una reunión de urgencia, para dar respuestas al conflicto generado por la construcción de la carretera La Guardia – Buena Vista, que afecta al área protegida, Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá-Urubó, en Santa Cruz.
“Como es de conocimiento público, el diseño de esta carretera, financiada por la CAF con 112 millones de dólares, mediante Ley 1042 aprobada el 7 de abril de 2018, atenta contra los reservorios de agua que sirven para abastecer del líquido elemento al área metropolitana de Santa Cruz, y esto ha provocado conflictos sociales, bloqueo de caminos y denuncias de tráfico de tierras, con proyectos inmobiliarios que confirman la intención de llevar asentamientos en esta área de características medioambientales”, remarca Álvarez en parte de su misiva.
La legisladora se presentó ayer jueves en las oficinas de la CAF, en la ciudad de La Paz, para entregar esta nueva nota, pues ya remitió tres cartas, el 7 de junio, 17 de agosto y 5 de septiembre, las que hasta ahora no tienen respuesta del representante en Bolivia de ese ente financiador internacional, Florentino Fernández.
Álvarez adjuntó el pronunciamiento de la sociedad civil organizada, que este 4 de septiembre conformó la “Red Social para la defensa del agua y la vida”, con la participación de ingenieros ambientales, colegios de biólogos, activistas por la naturaleza, líderes indígenas, autoridades nacionales, departamentales y municipales, todos comprometidos en precautelar los recursos hídricos de Santa Cruz.
“Entre los postulados de la CAF está la defensa del medio ambiente y como banco verde apelamos nuevamente a que se pueda aportar para la solución a este conflicto generado por la falta de planificación y transparencia del nivel central del Estado, que confirma el total desconocimiento de la realidad del departamento de Santa Cruz, su territorio y sus recursos ambientales e hídricos”, agrega la nota.
Finalmente, la legisladora cruceña deploró las amenazas vertidas por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien dio “diez días de plazo” para que la Gobernación de Santa Cruz apruebe los tramos cuestionados y con ello se ejecute la contraparte de la construcción; caso contrario, advirtió el funcionario, la gente (afín al MAS) iniciaría medidas de presión.
Sobre Montaño, la Gobernación reveló que este miembro del gabinete ministerial compartió información confidencial, relacionada a la CAF y al proyecto de la carretera La Guardia – Buena Vista, en 2017, cuando fungía como diputado del MAS. Esta situación fue calificada como un presunto tráfico de tierras, además de dejar descalificado como interlocutor al funcionario de quien hoy depende la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).