El año pasado, el relator para la Independencia de Magistrados y Abogado de la ONU, Diego García-Sayán, alertó sobre la falta de independencia de la justicia boliviana; en ese entonces dijo que “la justicia está lejos de la gente”.
ANF
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la falta de independencia judicial en Bolivia; recomendó reformar el sistema judicial y garantizar una justicia libre de injerencia y presiones externas.
“Si bien toma nota que el Estado parte adelanta un proceso de reforma del sistema judicial, el Comité expresa su preocupación ante los diversos informes que señalan problemas estructurales de larga data en el sistema de administración de justicia, como la falta de independencia judicial, el presupuesto inadecuado y la limitada cobertura geográfica los cuáles menoscaban el acceso a la justicia y su prestación a los grupos étnicos marginados y desfavorecidos que se enfrentan a actos de racismo y discriminación”, dice el informe del Comité en sus observaciones finales.
El contenido del documento se basa en los informes periódicos 21, 22, 23 y 24 del Estado Plurinacional de Bolivia que fueron examinados en las sesiones celebradas el 21 y 22 de noviembre del 2023. Como resultado, el 5 de diciembre, el Comité aprobó sus observaciones finales, resaltando el deterioro de la justicia que se vive en el país sudamericano.
“Bolivia: Un organismo internacional expresa, una vez más, su preocupación por la falta de independencia judicial y pide al gobierno reformar la justicia. Ahora fue el turno del comité de la ONU sobre discriminación racial. ¿Cuándo escuchará Luis Arce?”, cuestionó el director asociado de la División de las Américas en Human Rights Watch (HRW), César Muñoz.
El Comité de la ONU también expresa su preocupación porque el Estado no garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y el consentimiento libre e informado en actividades extractivistas. Al contrario, los defensores de derechos humanos y líderes indígenas son atacados y perseguidos judicialmente.
“También le preocupa al Comité la limitada accesibilidad de los servicios de justicia en idiomas originarios, incluyendo traducción, interpretación o pericia cultural, que afectan de manera desproporcionada a las personas Indígenas y Afrobolivianas, en particular las mujeres, durante los procedimientos judiciales. El Comité comparte las preocupaciones del Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura respecto a la independencia y la administración del sistema de justicia”, dice otra parte de las conclusiones.
El organismo internacional recomendó en su documento que el Gobierno acelere el proceso de reforma del sistema judicial, “asegurando y protegiendo la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizando su actuación libre de presiones e injerencias de conformidad con los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, y se garantice de que está en condiciones de proteger a las víctimas de discriminación racial”.
El año pasado, el relator para la Independencia de Magistrados y Abogado de la ONU, Diego García-Sayán, alertó sobre la falta de independencia de la justicia boliviana; en ese entonces dijo que “la justicia está lejos de la gente”.