El robo de minerales en Potosí está naturalizado, es una actividad no solo tolerada sino implícitamente consensuada, es un mecanismo regularizador de la paz social.
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Amalia Pando / Cabildeo Digital
Ahora que Bolivia no sabe de qué vivir, podríamos volcar nuevamente la mirada hacia la minería que nos dio de comer durante siglos y que en 2023 aún representaba el 24 % de las exportaciones del país, más que el gas, la soya o cualquier otro producto.
Estremece saber cuánto pierde Bolivia cada día en oportunidades de inversión en la minería y en impuestos.
Por su importancia y porque el tema nos apasionó, les presentaremos una serie de notas que hacen un solo reportaje. Lo que sigue es la primera entrega.
Robo descarado
Los ladrones de minerales, los “juqueadores”, se llevaron el año pasado 52 millones de dólares, como si nada. Cualquier asalto a un banco hubiera hecho más bulla.
El investigador del Cedla, especialista en temas mineros, Alfredo Zaconeta, tiene un cálculo de la cantidad:
“Mira, se estima que el volumen, según las autoridades de Comibol, alcanzaría casi a dos toneladas al año, que serían unos 52 millones de dólares.”
El robo de minerales en Potosí está naturalizado, es una actividad no solo tolerada sino implícitamente consensuada, es un mecanismo regularizador de la paz social.
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“Cuando hice una visita a Colquiri, en uno de los niveles inferiores encontramos una carga, unos 100 sacos y el técnico nos decía: ‘esto es del grupo del “juqueo”, lo están sacando’ Y, claro, la pregunta lógica es: ¿por qué la empresa no se lo lleva de vuelta y comercializa? Y la respuesta del técnico fue: ‘¿quieres que me provoque un problema con la comunidad? Si la empresa no se hace de la vista gorda y deja que ellos vayan sacando de a poco, no podríamos evitar los avasallamientos o los enfrentamientos en interior de la mina. Sí, es una especie de impuesto”.
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La principal víctima
Alfredo Zaconeta asegura que la principal víctima del “juqueo” es el Estado. Se roba casi exclusivamente estaño, por su alto precio, 12 dólares la libra fina.
“El zinc — nos explica—es un mineral complejo, su cotización está en un dólar con 20 centavos. El estaño en 12. Entonces es más fácil cargar 40 kilos de estaño que 40 kilos de zinc que no te van a dejar mucho dinero.”, nos explico Alfredo Zaconeta.
Eso ocurre en las minas de Comibol que producen estaño. Ese mineral robado termina por lo general vendido al propio Estado en la fundición de Vinto.
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¿No hay forma de hacer un control?, le preguntamos a Zaconeta.
—“Podría ser controlado porque en el caso de Huanuni, la calidad del estaño es única, tiene firma, tiene una alta ley que es única, entonces es fácil detectarlo. Pero, hay lugares que optan por la convivencia antes que por el conflicto. Mira la experiencia de Huanuni en 2006, un enfrentamiento que dejó 13 muertos y fueron hechos realmente lamentables porque el gobierno de Evo Morales no tenía una política de querer hacer algo con la minería. La nacionalización que vino después y la Ley 3787 que eliminó los impuestos a los cooperativistas, fueron una respuesta política a esos enfrentamientos, no fueron parte de un plan económico”.
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Diez años después, los cooperativistas se enfrentaron por primera y última vez al gobierno de Evo Morales en un bloqueo en la carretera La Paz-Oruro que terminó con cinco cooperativistas muertos a bala y el viceministro Adolfo Illanes asesinado por los mineros después de seis horas de tortura.
Entonces, tolerar el “juqueo” es un precio menor frente al riesgo de un choque con los cooperativistas.
Cooperativistas: Nueve de cada diez
El “juqueo“ no afecta a las cooperativas, según Zaconeta. El blanco son las minas de estaño de la Comibol, como Huanuni, Porco y Colquiri, donde los asalariados están en minoría y no pueden defender su producción.
“En Porco había un temor muy grande porque los cooperativistas habían crecido tanto que en un momento se hablaba de unos 5.000 cooperativistas operando en Porco, en el mismo yacimiento en la misma mina, junto a un puñado de asalariados, unos 50 trabajadores de la empresa, entonces ¿qué vas a hacer?”, se pregunta Zaconeta.
De cada diez trabajadores mineros, nueve son cooperativistas y dentro de ellos hay quienes también se dedican al “juqueo”, todos lo saben. Inclusive se improvisan cooperativas, unas veces para robar minerales y otras para avasallar o tomar minas.
El “juqueo” tampoco afecta de modo significativo a las empresas privadas que explotan en su mayoría zinc, dice el investigador del Cedla.
Violencia y “juqueo” de minas enteras
En los últimos años, se ha usado el cooperativismo para asaltar minas. Ya no solo se trata de robar por la noche la producción que los asalariados dejan por el día, sino de quedarse con la mina entera.
Hay más de una demanda judicial de empresas privadas que han sido víctimas de avasallamiento, sin ningún éxito, claro está.
Bolívar
Un bullado caso estalló en 2018 en la mina Bolívar, en Oruro, explotada por la empresa Illapa S.A. su principal accionista es una empresa mexicano_ canadiense , la Satacruz Mining Company. Esta empresa acusó judicialmente a un grupo de campesinos del Ayllu Arce Antequera por avasallamiento y “juqueo”. El caso derivó en vigilias, denuncias internacionales contra la empresa por la sequía que padece Potosí y contaminación del agua, bloqueos y enfrentamientos entre los trabajadores de la mina y los ampesinos que pretendían echar a Illapa y tomar la mina para ellos en condición de cooperativistas.
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Un antecedente al caso de la mina Bolívar se produjo en 2011 cuando 200 comunarios tomaron por cuarta vez en ese año la mina Sayaquira, ubicada en la provincia Inquisivi de La Paz, y legalmente explotada por la empresa Barrosquira.
Otra versión da cuenta que los avasalladores locales tuvieron el apoyo de 500 cooperativistas de Huanuni.
Los 93 asalariados de Sayaquira y 30 policías que mandó el gobierno no pudieron impedir que los campesinos convertidos en cooperativistas se adueñaran del costoso trabajo de preparación de la mina, del estaño, de los puestos de trabajo de los asalariados, de sus casas y de los productos que quedaban en la pulpería. El asalto dejó tres heridos graves. Fue un “juqueo” en grande.
Barrosquira perdió varios millones de dólares invertidos en proyectos avasallados, como Himalaya en 2007 y la mina Laramcota tomada también por campesinos y cooperativistas. Así mismo perdió la concesión de la mina de estaño en Caracoles que el gobierno bajo presión tuvo que nacionalizar y entregarla a los cooperativistas.
Mallku Khota
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En 2011 subió de modo significativo la cotización de los minerales y con ello el avasallamiento a empresas públicas y privadas. Ese año el Ministerio de Minería registró 58 conflictos violentos de este tipo.
En julio de 2012 se produjo la toma de la empresa Mallku Khota, cerca de Colquiri, concesionada a la South American Silver que realizaba trabajos de prospección y exploración de oro. 300 comunarios de Jant’a Palqa tomaron las instalaciones y rehenes. El gobierno movilizó a 500 policías que se enfrentaron a los disparos, piedras y dinamitas de los campesinos. El saldo fue un muerto, 5 rehenes que pasaron las de Caín, 8 heridos y la expulsión de la empresa. En agosto, COMIBOL se hizo cargo de Mallku Khota.
“Desde entonces el Estado no ha hecho nada factible, se han dado cuenta que se requiere mucha inversión y en este momento están negociando nuevamente, están ofertando el yacimiento en escenarios internacionales”, dice nuestro entrevistado.
La South American Silver recibió del Estado una compensación de 28 millones de dólares, de los 300 que había solicitado en su demanda en La Haya.
Imparables
En 2018, se modificó el código penal y el “juqueo” pasó a ser un delito castigado con 10 años de prisión. Así también se informó que en 2019 la empresa Huanuni había gastado en seguridad, durante los últimos 11 años, algo más de 70 millones de bolivianos. Además había contratado para labores de vigilancia tanto a policías como a militares, pero nada detuvo el robo de minerales que siempre va en aumento de la mano de la corrupción y de la única ley que se respeta: de la oferta y la demanda.
Robo de minerales, tomas de empresas mineras, avasallamiento de concesiones privadas y la proliferación de cooperativas que no pagan impuestos, es el legado de 18 años de una política que favorece la explotación salvaje de las riquezas mineras.
Juqueo por falta de empleo
“Creo que el núcleo del problema es el empleo. Si habrían fuentes de trabajo de calidad, el “juqueo podría disminuir”, dice Zaconeta.
Al mismo tiempo, lamenta que no existan labores de exploración para hallar nuevos yacimientos. “Seguimos arañando los yacimientos que vienen de la colonia”, dice.
El sector privado podría invertir mucho más, generando esos empleos de calidad, pero fueron espantados con la nacionalización, el avasallamiento y la toma de minas. “Hace dos años – recuerda Zaconeta– la nueva inversión privada en minería fue de cero”.
Cooperativas al poder
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El gobierno del MAS ha entregado la explotación de nuestras riquezas mineras a una cúpula sindical-empresarial que tiene tanto poder como privilegios. Las cooperativas no tienen obligaciones laborales ni ambiental y menos impositivas.
Solo en el Cerro Rico de Potosí trabajan 10 mil cooperativistas y en todo el país se estima que son más de 58. 000. En la minería tradicional hay 14.244, otros 43.192 en las cooperativas aurífera y 1.266 en no metálicos, según el Ministerio de Minería.
En cambio, las Federaciones aseguran que tienen más de 100 mil socios y es para creerles. El sector de mayor crecimiento es el aurífero que desde hace dos años vive un apogeo inusitado con una cotización del oro que ha llegado a los máximos históricos sobre los 2.000 dólares la onza troy.
En diciembre pasado, la cooperativa “Siempre Unidos” que opera de modo ilegal en Mapiri, la principal Reserva Natural de La Paz, regaló a cada uno de sus socios una vagoneta cero kilómetros. Una demostración clara de cómo marchan sus finanzas.
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El poder de la dinamita
Los jefes de las cooperativas son empresarios privados que disponen de un ejercito de obreros que trabaja para ellos a destajo. Están vinculados al partido de gobierno (y muchos a capitales chinos) y obtienen lo que quieren a punta de dinamita. Designan ministros y viceministros y tienen representación parlamentaria.
En estos días, la Cooperativa Minera 26 de Febrero de Colquiri, decidió expulsar al diputado “evista” Freddy López por su comportamiento desleal con el presidente Lucho Arce y le prohibieron usar el guardatojo o casco de minero en sus conferencias de prensa.
Una improvisada nacionalización
Cuando el gobierno de Evo Morales nacionalizó Vinto en 2007 y Colquiri en 2010, la empresa afectada fue la suiza Glencore a la que el Estado tiene que pagar una indemnización de 253 millones de dólares como resultado de un arbitraje internacional. Se pensaba entonces que la Comibol se convertiría nuevamente en la número uno, aumentando sus inversiones, producción y exportaciones.
Pero no, fue una nacionalización improvisada, tal como afirma nuestro entrevistado de Cedla. La Comibol representa hoy en día apenas entre el 5 al 6 % de la producción minera.
Evo Morales, que disfrutó de la bonanza del gas, se desentendió de la minería. A cambio de votos, eliminó todos los impuestos que pagaba el sector cooperativo y dejó un porcentaje ridículo para las regalías.
El 57% de la producción minera está en manos de las cooperativas. Lo interesante es que los sobrevivientes del sector privado representan un respetable 37 %, con enorme participación de la mina San Cristóbal que inició operaciones en 2006, con Evo Morales, y que actualmente es la empresa privada que paga más impuestos en país, seguida por la Cervecería de La Paz, la CBN.
A propósito de impuestos
En 2022, la producción de las cooperativas fue de 3.812 millones de dólares. Si este sector, al igual que la empresa privada, pagaría el 37,5 % de impuestos, el Estado no estaría pidiendo limosna (créditos) a los chinos.
Es decir, en un solo año, el Estado ha perdido en impuestos por 1,400 millones de dólares. El gobierno se conforma con migajas, con las regalías que llegaron el año pasado a 238 millones. En el sector aurífero la evasión es un insulto al país, se llevaron 3000 millones y dejaron apenas 60 millones por regalías.
Ahora, si multiplicamos ese monto, el del perdonazo a las cooperativas, por 18, por los 18 años de gobierno del MAS, entonces ya no es una simple pérdida económica, es un saqueo al país, es un mega “juqueo”.
Por razones políticas es imposible que los cooperativistas vuelvan a pagar impuestos, entonces ¿qué futuro tiene la minería en Bolivia?
Esta historia continuará…