Fernando Hamdan cumplió hoy ocho días de huelga de hambre en demanda de la libertad de los “presos políticos” y trató de entrevistarse con el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, para detallar varias observaciones al trabajo de sus funcionarios.
Carlos Quisbert / La Paz
El presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el desarrollo de las Américas (Cidhpda), Fernando Hamdan, hizo conocer que luego de un análisis de tres años se busca entregar a la Fiscalía General un informe con varias observaciones sobre el trabajo de los fiscales, en los casos de transcendencia política. Uno de los principales cuestionamientos es la “acusación lírica” por medio de imputaciones que no tienen “elementos probatorios”, aplicados generalmente contra personas procesadas a denuncia del Gobierno de Luis Arce.
“La primera (observación), y transversal a todos los procesos (penales) de índole político, es la acusación lírica por parte de los fiscales. Quiero decir que (existe) el ensañamiento al redactar una acusación que no tiene un asidero objetivo, ni siquiera indiciario o probatorio, que se respaldan con informes policiales ambiguos, direccionados, que no son la traducción de la realidad objetiva”, manifestó Hamdan.
El presidente de la Cidhpda, que hoy cumplió junto a otros tres activistas su octavo día de huelga de hambre en Santa Cruz de la Sierra, se presentó a medio día en la Fiscalía Departamental con el fin de entrevistarse con el fiscal Roger Mariaca, a quien pretendía entregar un informe elaborado luego de tres años de análisis a varios procesos penales. Según la explicación de Hamdan, la intensión es hacer conocer estos cuestionamientos a la Fiscalía General, a cargo de Juan Lanchipa.
La medida extrema de Hamdan se inició en demanda de la libertad de los “presos políticos” del régimen del presidente Arce. Uno de los casos al que la Cidhpda hace seguimiento es el de Marcel Rivas, exdirector de Migración en la gestión de la expresidenta Jeanine Añez.
Rivas, quien también mantiene una huelga de hambre seca, en demanda de su libertad, recibió hoy un nuevo revés jurídico, luego de que el Juzgado Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, le negó su pedido de cesación a la detención preventiva, luego de haber cumplido una condena y que, en criterio de su defensa, no existen nuevos elementos jurídicos para mantenerlo detenido en el penal de San Pedro.
Fiscales
Sobre el cuestionamiento al trabajo de la Fiscalía, Hamdan añadió que según el análisis que realizó en varios casos, la relación de hechos redactados en las imputaciones no refleja la realidad de lo sucedido. Sostuvo que, al comparar el relato del fiscal con imágenes de video sobre los sucesos que se investigan, se hallan varias contradicciones o elementos que desmienten la acusación presentada por funcionarios del Gobierno.
“El segundo pilar (del informe) es el uso abusivo del pedido de la detención preventiva. En varios de los casos observamos que lo que se busca es garantizar la reclusión, no así el sometimiento a la ley y los procesos. Entonces, parece que el objetivo del Ministerio Público es que todos estén detenidos en procesos que luego no avanzan”, indicó Hamdan.
Remarcó que estos elementos reflejan el “ensañamiento” de los fiscales. Afirmó que esa actitud se ve confirmada, posteriormente, con los pedidos de ampliación a la detención preventiva de los procesados, más allá del tiempo que permite la ley.
Puso como ejemplo el caso de las mujeres procesadas por el caso de agresiones a una asambleísta departamental, militante del MAS. Hamdan mencionó que en los procesos abiertos se copia y pega los informes policiales, los uniformados narran “un hecho de terror, condenable, pero en el que no se individualiza la conducta de todas (las imputadas). No fueron 13 mujeres las que agredieron a la asambleísta Muriel Cruz, sino solo dos”, explicó y añadió que pese a ello, hay otras personas que ya están más de seis meses recluidas.
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Otro ejemplo citado por Hamdan es el proceso abierto contra miembros de la familia Kim, propietarios de una zona en la que se hallan reservas acuíferas, en Lomas de Arena, quienes fueron denunciados y son procesados a denuncia de los grupos violentos que avasallaron esas tierras y que a su vez están sindicados por intento de feminicidio contra las mujeres de esa familia.
El tercer eje de las observaciones al trabajo de los fiscales, es la “interpretación antojadiza de las garantías cautelares para someterse al proceso”, pues en su criterio, los funcionarios no respetan que los imputados cuentan con un trabajo lícito, un domicilio y un arraigo natural, como es la familia. “Por encima de lo que se demuestra, está el relato agravado” de los fiscales, quienes promueven el encarcelamiento de las personas, incluso por más tiempo de lo que prevé una posible condena.
Hamdan concluyó que, de acuerdo a su análisis, en varios casos los procesados se ven obligados a someterse a juicios abreviados, en los que admiten haber cometido delitos de los que son inocentes, “a fin de terminar un proceso de tortura (judicial) y no porque se haya dado con la verdad histórica de los hechos”, manifestó.