La sobre oferta del carbón genera que su bajo precio en territorio boliviano, donde el costo es de solo 30 bolivianos, pero cuando el producto es enviado a Perú los comerciantes pueden vender la misma cantidad hasta en 300 bolivianos.
El Andaluz / Tarija
Efraín Rivera, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Tarija, informó que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) autorizó la tala árboles para la producción de carbón a 10 empresas. En una inspección en los municipios del Chaco, Yacuiba y Villamontes, se verificó que las mismas infringen las normas y no respetan el plan de manejo.
El funcionario expresó la preocupación de la Gobernación sobre la actividad industrial ilegal de deforestación en el Chaco, especialmente vinculada a la producción de carbón.
Rivera explicó que, como autoridad ambiental se coordina con representantes de la ABT para abordar la problemática. En esa línea, informó que durante una visita a la región, se identificaron diez concesionarios involucrados en actividades de deforestación para la producción de carbón, seis en Yacuíba y cuatro en Villamontes, que cuentan con permisos de la ABT, pero se detectó que incumplen varios requisitos y no cuentan con un plan de manejo.
Destacó que a pesar de haber empresas autorizadas existe otras que trabajan de manera ilegal en el Chaco y esto no solo provoca la deforestación, sino que también tiene impactos socioeconómicos.
La venta de carbón a precios significativamente bajos, verificándose la comercialización de una bolsa por tan solo 30 bolivianos, ha generado una competencia desleal y distorsiones en el mercado local. Además, parte de este carbón se está exportando a Perú, donde alcanza un precio de alrededor de 300 bolivianos por bolsa.
El funcionario remarcó que la creciente industria genera graves problemas de deforestación en el Chaco, pone en peligro especies de maderas valiosas como el Cedro, Quina, Cuchic y Orundel. «Hasta el momento, tenemos en peligro el Cedro, una madera de alto valor en este momento prácticamente ya no la tenemos», lamentó Rivera. Además de afectar la biodiversidad, estas actividades ilegales están generando un grave impacto en la fauna silvestre, con olas de calor intensas y escasez de lluvias que modifican los hábitats naturales.
Rivera subrayó la importancia de un plan de uso y manejo del suelo, conocido como «plus», que actualmente no se está implementando de manera adecuada. La falta de este plan permite la actividad ilegal y amenaza la fuente de agua para el río Pilcomayo.
Señaló que para analizar la problemática del carbón, la Gobernación de Tarija realiza relevamientos y coordina esfuerzos para proteger la biodiversidad y la sustentabilidad del Chaco. La preocupación de Rivera se centra no solo en los impactos ambientales sino también en la amenaza a la vida de las comunidades que dependen de estos recursos naturales.
El secretario enfatizó la necesidad de una gestión responsable del medio ambiente por parte de la ABT y la importancia de involucrar a las comunidades locales en la preservación de sus recursos.
La actividad ilegal de deforestación no solo afecta el entorno natural, sino que también compromete la calidad de vida de las personas que dependen de estos bosques para su sustento.