Evaluación 2023: Fue otro año de incendios incontrolables que dejaron 18.194 familias afectadas y 133 viviendas destruidas en el país, pero también consumieron una cantidad incalculable de fauna y flora de áreas protegidas y territorios indígenas. ¿Cuáles son las causas? Un paquete de leyes incendiaras y la falta de medidas de atención, según los especialistas. A esta situación se suma el avance de avasallamientos violentos.
Anahí Cazas
“El fuego no respeta nada”, dice Mario Lucia, mientras recuerda las agotadoras jornadas que vivieron los pobladores de la comunidad indígena tacana Carmen Florida para apagar las llamas que arrasaron bosques, plantaciones, casas y muchos sueños. Su pueblo es parte de la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón La Lajas (Rurrenabaque, Beni), una de las áreas protegidas más golpeadas este 2023 por las quemas incontroladas.
Lucia es corregidor de Carmen Florida. Cuenta que su pueblo luchó por semanas contra el fuego en medio de la precariedad por la falta de insumos básicos para cumplir esta tarea (linternas y mochilas para cargar agua) y el olvido de las autoridades. “Mi comunidad fue rebasada por el fuego. No respetaron nada, hicimos de todo para que los incendios no avancen, pero fuimos rebasados”, recuerda.
Al igual que el pueblo tacana, habitantes de comunidades que se encuentran en al menos siete departamentos sufrieron los estragos de los incendios, los más afectados fueron Beni, Santa Cruz y La Paz. En este 2023, de acuerdo con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), se quemaron más de 3,5 millones de hectáreas.
Del total de hectáreas quemadas en el país, el 57% está en el departamento beniano, según otro reporte del director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez. “Es un infierno en vida”, calificó el gobernador de Beni, José Alejandro Unzueta.
¿Cuáles son las causas?
De acuerdo con especialistas de los Colegios de Biólogos de Cochabamba y de La Paz, los incendios forestales se dan principalmente por la minería legal e ilegal que pretende que pretende ingresar a las áreas protegidas y contamina los ríos, por los productores agrícolas que consideran que el chaqueo es la única vía de preparación de suelos, por la industria agrícola y pecuaria que desarrolla su actividad en tierras en tierras de vocación forestal y reservas forestales.
Otro gran responsable de las quemas incontrolables es el Gobierno que no cumple su función de regulador y genera incongruencias jurídicas “al generar un paquete de leyes incendiarias que promueven la destrucción de bosques”, explican los biólogos.
De acuerdo con los expertos, el Gobierno “promueve un modelo de desarrollo extractivista y un modelo económico totalmente dependiente de la destrucción del patrimonio natural y los recursos naturales no renovables”.
Recuento de los daños
En los últimos cinco años, los incendios forestales en Bolivia causaron estragos. El 2019, las llamas arrasaron más de seis millones de hectáreas. Fue uno de los peores años por las grandes pérdidas de bosques, la Chiquitania fue la más afectada.
El 2020 se quemaron cuatro millones de hectáreas. El 2021 el fuego se llevó más de 3.4 millones de hectáreas, según reportes de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
En el año 2022, hasta el mes de septiembre, los incendios arrasaron más 800 mil hectáreas de cobertura vegetal, de acuerdo con un reporte de Defensa Civil.
Este 2023, los incendios forestales arrasaron más de 3,5 millones de hectáreas, informó la ABT. Según las autoridades, la cifra es baja en comparación con los años anteriores, pero los especialistas indican que la magnitud sigue siendo muy grave.
A causa de las quemas, las principales ciudades de Santa Cruz, Beni, La Paz y Cochabamba se vieron afectadas por la humareda, incluso se suspendieron las clases y se registraron problemas de salud en los habitantes, en especial enfermedades respiratorias y conjuntivitis.
Este año, las áreas protegidas fueron las más afectadas por las quemas. Los incendios causaron estragos en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (Santa Cruz), la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas (Beni) y Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (La Paz).
“Leyes incendiarias intactas”
Pese a los pedidos de activistas, defensores del medioambiente y pueblos indígenas, desde la tragedia de 2019, “las leyes incendiarias siguen vigentes”. “En el marco normativo, de la misma manera, no se ha podido alcanzar ningún cambio trascendental. Sigue vigente el paquete de normas (Ley 337, Ley 502, Ley 337, Ley 1098, Ley 1171, Ley 3973, entre otros) instalado por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para promover abiertamente actividades económicas a costa de bosques.
El llamamiento ciudadano para derogar las leyes vigentes no trascendió y quedó en simples palabras”, explicó Martha Irene Mamani, investigadora de la Fundación Tierra.
De acuerdo con la especialista, la principal Ley 1171/2019 de uso y manejo racional de quemas continúa sin reglamentación. Además, las multas establecidas para las quemas ilegales, preludio de los incendios descontrolados, son ínfimas (de 20 a 100 UFV por hectárea). “Y hasta ahora desconocemos si alguien ha comparecido ante la justicia por los incendios de la Chiquitania”, agregó.
Avasallamientos violentos
Por otro lado, en los últimos años los asentamientos ilegales en tierras fiscales, privadas y áreas protegidas han crecido sin control y son cada vez más agresivos. La última semana de diciembre, luego de los enfrentamientos en Guarayos (Santa Cruz) que dejaron un muerto y varios heridos, la Federación de Comunidades Interculturales de San Julián Norte (afines al MAS) condenó públicamente “a muerte” a los empresarios cruceños.
Además, el dirigente Nicolás Ramírez Taboada dio 48 horas a los empresarios para que abandonen las tierras de Las Londras y amenazó con “agarrar armas” para defender las tierras que avasallaron. Él es cabecilla del secuestro a 17 personas en Las Londras.
Ante esta situación, los empresarios exigieron al Gobierno que aplique todo el rigor de la ley contra los avasalladores que toman de forma violenta tierras productivas.
Para el diputado de la bancada de oposición Creemos, Erwin Bazán, el 85% de los incendios forestales y focos de calor se originaron en tierras avasalladas y donde no existe un control del Gobierno.
“El 85% de los incendios tiene origen en tierras avasalladas, estamos hablando de la tierra de Santa Cruz y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras que no controla absolutamente nada (…). Es conveniente mirar siempre en el orden estructural, debemos hablar con claridad y frontalmente por qué Santa Cruz cae en desgracia con los incendios descontrolados”, dijo el legislador.
Según Bazán, el Gobierno no desarrolla acciones oportunas y efectivas de control sobre el manejo de tierras. Denunció que se evita la conformación del Consejo Agrario Departamental.
“Perdimos todo”
“Se han quemado nuestros sembradíos, si la tierra arde y se quema ya no produce lo mismo, es muy preocupante”, dice el corregidor de Carmen Florida y explica que las cosechas de los comunarios son el único sustento económico de las familias. “Perdimos todo”, agrega.
A causa de los incendios forestales, Bolivia reportó 18.194 familias afectadas y 133 viviendas destruidas en el país, informó el 2 de diciembre el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
No se dio un reporte oficial sobre la situación de los territorios indígenas y las pérdidas de sus plantaciones. A días de finalizar el año, muchas poblaciones esperan días difíciles.
“Continuará la emergencia en nuestro territorio porque la recuperación de la siembra de los productos que se quemaron por los incendios, costará un tiempo. Por ejemplo: la recuperación de la siembra de plátano o yuca será de un año”, explica Bernardo Muiba – subalcalde del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) en San Ignacio de Moxos.
La recuperación de las plantaciones de chocolate, naranjas y limones, entre otros críticos, demorará al menos cinco años. “Es una tragedia”, dice.
El fuego también arrasó con una importante variedad de palmeras. “Teníamos motacú, asaí y otras más. Perdimos también el majó”, añade Reinaldo Guaji, presidente de la Subcentral de Cabildos indigenales del TIM.
Tanto Lucia como Guaji coinciden que, ante la magnitud de las llamas, sus pueblos lucharon contra el fuego con lo que pudieron. Pese a esa acción, no obtuvieron respuestas rápidas de las autoridades nacionales. Los habitantes de los pueblos afectados por los incendios saben que la tempestad no termina pese al fin del fuego, se quedaron sin recursos económicos por las quemas de sus plantaciones y deberán volver a empezar para cuidar los bosques y el futuro de las nuevas generaciones.
