Seguridad

Exgerente de YLB: “El Gobierno quiere ocultar 3 años de paralización del proyecto”

Familiares del exministro Luis Alberto Echazún aseguran que la aprehensión de la exautoridad de línea evista, es para proteger al hijo del presidente Luis Arce.

El exgerente nacional de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú, fue aprehendido hoy. / Foto: Erbol.

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“El Gobierno quiere ocultar tres años y medio de paralización del proyecto (del litio)”, así se refirió el exgerente nacional de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú, antes de ingresar a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), luego de su aprehensión dentro de la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial de Litio, que ocasionaron un presunto daño económico de 425 millones de bolivianos.

Por la mañana de este lunes, la exautoridad fue aprehendida en su domicilio. Sus familiares denunciaron que, sin ninguna orden, lo sacaron de su casa y lo llevaron con rumbo desconocido, y recién en horas de la tarde se enteraron de que se encontraba en la Fiscalía prestando su declaración en calidad de aprehendido.

“¿Cómo es posible que vengan a decir que el tema del litio estaba mal encaminado después de cuatro años de gestión?”, cuestionó un familiar de Echazú, añadiendo que el actual Gobierno intenta encubrir la “negligencia y la corrupción” en el tema litio.

Cuando uno de sus familiares intentó ingresar a la oficina de la fiscal que conoce la causa para ver a Alberto Echazú, este fue empujado por un policía y tuvieron un cruce de palabras donde el familiar acusó al hijo del presidente Luis Arce de los problemas en Yacimientos del Litio Bolivianos.

“El hijo del presidente, Marcelo Arce, ese maleante, él es el que tiene que estar preso”, cuestionó en medio de los empujones con la Policía.

Este caso es impulsado por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) donde se identificaron cuatro tipos penales: incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.

La denuncia se centra en que las geomembranas de PVC de las 18 piscinas, que se utilizan en la impermeabilización, no cumplen el espesor estándar, que según el contrato debía ser de 0.75 milímetros, sin embargo, se adquirió una de menor espesor, 0.50 milímetros.