Fuente: ojo-publico.com
Por Sabrina Lanza y Leny Chuquimia
El Gobierno de Bolivia destinó más de USD 500 mil a un grupo de 28 medios de comunicación, impresos y digitales, con accionistas, gerentes o representantes vinculados a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (en ejercicio desde el 2020). Los depósitos se realizaron bajo la figura de la concesión de contratos de publicidad entre el 2018 y 2023. Entre los favorecidos aparecen personas vinculadas a estos medios que eran funcionarios públicos o que, en simultáneo, ejercían cargos en el Estado. Uno de los casos más destacados corresponde a alguien citado como asesor de la Presidencia y actual militante del Movimiento al Socialismo (MAS), partido en el poder, casi de manera ininterrumpida, desde el 2006.
En medio de la situación de amenaza global que enfrentan los medios de comunicación, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advirtió, en noviembre del año pasado, que Latinoamérica presentó su nivel más bajo en promedio del ejercicio de la libertad de prensa. De igual forma, Reporteros Sin Fronteras, en un ranking que también mide los ataques al periodismo en el mundo, calificó a Bolivia como un país en “situación difícil”, una categoría que engloba a países vecinos como Perú, México, Colombia y Ecuador.
“En Bolivia hay una tendencia a tener el control de la opinión pública y de la prensa [que además busca] la creación de nuevos medios dependientes del Estado [… así como] la compra de medios privados para convertirlos en paraestatales (de una línea editorial afín al gobierno) a través del manejo de la tanda publicitaria estatal para presionarlos y provocar una autocensura”, dijo Israel Mérida Martínez, periodista boliviano especializado en el análisis de medios en el país.
El informe de RSF apunta en la misma línea de Mérida: “El Estado boliviano controla numerosos diarios y ha aumentado la vigilancia sobre los medios críticos, especialmente en las redes sociales. La concentración de la propiedad de los medios privados es muy elevada y perjudica al pluralismo en el país. Los principales periódicos son El Deber y El Diario, mientras que Canal Sur es la cadena de televisión de mayor audiencia. Una de las consecuencias de los lazos que unen a los propietarios de los medios y al Estado es la autocensura”
En este contexto, nuestro equipo desarrolló una investigación para identificar a 28 medios, cuya estructura está bajo propiedad, en algunos casos; o vinculada, a nivel de cargos gerenciales o administrativos, en otros, a exfuncionarios públicos o trabajadores en ejercicio de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce del Movimiento al Socialismo (MAS).
De acuerdo al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), cuyos datos fueron usados para el reportaje, estas organizaciones de noticias –desde impresos hasta portales online– de reciente creación y limitado alcance de audiencia recibieron más de USD 500 mil, derivados de 94 contratos de publicidad con 17 ministerios de Bolivia.
El análisis de los contratos de publicidad, que tomó casi medio año, permitió establecer que de los 28 medios favorecidos por el Estado, 15 eran impresos y 13 digitales, estaban vinculados a funcionarios o extrabajadores del Poder Ejecutivo, principalmente, así como en uno de los casos, a un asesor actual de la Presidencia que figura como militante activo del MAS.
En 14 de los 28 casos antes citados, los trabajadores públicos firmaron directamente los contratos de publicidad que favorecieron a sus respectivos medios entre el 2018 y el 2023, mientras que, en los restantes, figuran como socios, fundadores, representantes o parte del equipo editor o columnistas.
En la investigación, también se determinó que los medios favorecidos por el Estado no contaban con una audiencia relevante que justificara los contratos por publicidad. Por ejemplo, en el caso de los sitios web registraban hasta 700% menos de visitas, en relación a los portales online de los diarios de mayor audiencia del país.
Además, apenas eran conocidos en los puestos de comercialización de diarios, porque no se vendían o porque su distribución no era periódica. De igual forma, en el caso de los impresos, en su mayoría no tenían el depósito legal correspondiente para archivarlos en el Repositorio Nacional, como dispone la ley en Bolivia.
El caso de Bolivia es particular en Sudamérica dado el nivel de relación entre el Estado y los medios vía los contratos de publicidad. En tal sentido, el poder que ejerce el gobierno sobre las organizaciones de noticias se evidencia a través de la desigual distribución de recursos por dicho concepto.
Entre enero y agosto de 2022, el gobierno de Arce destinó 6.626.000 bolivianos (casi USD 1 millón) a diferentes impresos del país. De ese monto, solo dos de ellos (La Razón y el estatal Ahora el Pueblo), que tienen una línea favorable al Ejecutivo, concentraron más del 85% del total: 5.350.000 bolivianos (USD 790 mil).
“Del 2018 a 2023 la distribución de los recursos estatales para publicidad y propaganda en los medios, sobre todo en los privados, fue arbitraria, discriminatoria y sin un marco legal suficiente. Se pretende beneficiar a aquellos que de alguna manera se convierten en canales de propaganda del gobierno”, dijo Carlos Alarcón, diputado del partido de oposición Comunidad Ciudadana. En 2022, el legislador presentó un proyecto de Ley de Distribución Equitativa de los Recursos Públicos Destinados a la Propaganda y Publicidad Estatal”. Sin embargo, a la fecha esta no ha sido tratada por el Parlamento.
En el mismo sentido opinó la exjefa de redacción del desaparecido diario Página 7, Daniela Romero: “La publicidad estatal no debería ser un privilegio, debería ser equitativa (…) Pienso que tiene que haber una ley que regule esto”. Página 7 cerró sus operaciones el 2023, después de 13 años de funcionamiento. En su carta de despedida, los periodistas de este medio se preguntaron: “¿Cómo vive un país sin prensa independiente?”. Casi al mismo tiempo, Los Tiempos, otro importante diario en La Paz, acabó siendo vendido al grupo Valdivia, liderado por el empresario Juan Valdivia, exdiputado del MAS.
“[Los diarios] La Época y Acuerdos sí los tenemos [en venta], pero el resto [por los que me pregunta] no los conozco”, dijo un vendedor de diarios en pleno centro de La Paz, cuando le preguntamos por algunos de los 28 medios identificados que fueron favorecidos con contratos de publicidad con el Estado, entre ellos: El Mamoré, El Progreso de Pando, El Norte al Día o el Caminante.
En los recorridos realizados por diferentes puntos de la ciudad, hallamos respuestas similares de otros colegas suyos, a quienes no identificaremos por motivos de seguridad. A continuación, presentamos los casos más destacados entre los 28 señalados en esta investigación.
El asesor Hugo Moldiz y La Época
El semanario La Época, que tiene a la Editorial Iskra SRL como productora, publica un ejemplar cada domingo desde el 2005, un año antes de que Morales llegara al poder. Según el acta de constitución de dicha empresa, el 90% de las acciones se encuentra registrada a nombre de Hugo Moldiz, quien en 2015, llegó a ejercer como ministro de Gobierno de Morales. Moldiz, también militante del MAS, fue presentado como “asesor de seguridad de la Presidencia”, a finales de abril de este año, durante la firma de un memorándum entre la Cancillería de Bolivia y Rusia, según reportó el medio Sputnik en su momento.
Además de Moldiz, otro socio de relevancia del semanario La Época es Roberto Mojica, quien posee el 10% restante de las acciones de la editorial antes citada. Mojica también figuró como funcionario público, en este caso, del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), según una declaración jurada presentada en diciembre de 2022.
Para febrero de este año, Mojica también había presentado una nueva declaración en calidad de trabajador de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia.
De acuerdo a los registros del Sicoes, entre el 2018 y el 2023, La Época fue favorecida con al menos 28 contratos de publicidad por un monto total de 1.362.378 bolivianos (USD 197 mil) que fueron entregados por el Ministerio de Comunicación, así como por otras entidades del Estado como el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud y Deportes y el Servicio de Impuestos Nacionales.
Además de una estructura societaria vinculada al partido de gobierno, La Época tiene columnistas con posiciones afines al Ejecutivo, entre ellos: Carlos Moldiz (hijo de Hugo Moldiz, uno de los dueños del medio), quien, además, según una declaración jurada presentada en noviembre del 2023, figura como funcionario público del Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual forma, José Llorenti, también columnista del medio, quedó registrado como funcionario público del Ministerio de Gobierno, según su última declaración jurada de marzo de 2023.
La publicidad del gobierno del MAS además es visible en La Época. Por ejemplo, en febrero de 2024, durante la elaboración de este reportaje, su sitio web mantenía activos tres espacios publicitarios que difundían información del Ministerio de la Presidencia.
De igual forma, los ejemplares impresos del semanario contienen contraportadas que publicitan a la misma cartera de Estado y a otras empresas públicas, como la compañía telefónica Entel y la aerolínea Boliviana de Aviación (BOA).
La relación entre el semanario y el Ejecutivo también se ve reflejada en los artículos periodísticos que el medio difunde sobre el gobierno de Arce, en donde se destacan, de forma bastante explícita, las actividades positivas de su gestión. Los artículos tienen el siguiente tenor: “Los 10 puntos con que el Ejecutivo busca impulsar la economía”, “Arce da inicio a construcción de un hospital y recuerda a legisladores que fueron elegidos para trabajar y no hacerse la burla del pueblo”, “Presidente rendirá honores a El Alto en su aniversario con trabajo, obras y desarrollo”.
Durante el recorrido por los puestos de venta de periódicos en el centro de La Paz, preguntamos por el nivel de circulación de La Época. Uno de los vendedores dijo que los responsables de la distribución de dicho diario solo le dejan diez ejemplares a la semana, pero que este reducido número logra venderse del todo.
Respecto a su impresión personal sobre la línea editorial del medio dijo lo siguiente: “Este es bien afín al gobierno, si fuera más imparcial, se vendería mejor”.
Para conocer la versión del principal dueño de La Época y su relación con el Estado, nos contactamos con Moldiz. Dijo que no era funcionario público actualmente, que su hijo Caros Moldiz publica de vez en cuando en su diario y que no necesitó tener posición en el Ejecutivo para estar al lado del gobierno. “No tengo cargo oficial en el gobierno. Lo que soy, es una persona de izquierda que apoya al gobierno del presidente Luis Arce, como lo mismo ocurrió con el presidente Evo Morales”.
Además, afirmó que es militante del Colectivo Revolucionario Plurinacional Marxista Comunitario (CRPMC) y que esto no le quita “del derecho de tener una actividad privada y de gestionar apoyo en publicidad para el semanario”. No habló de su militancia en el MAS, reconocida en el Órgano Electoral desde 2018. Tampoco respondió sobre haber sido presentado como asesor de seguridad de la Presidencia. Su respuesta completa aquí.
El caso Santiváñez, Pridecom y su red de medios
“¿Por qué florece la Bolivia de Evo Morales?”, fue la frase con la que el semanario El Mamoré, que circula en la ciudad de Trinidad (Beni), tituló una de sus portadas de diciembre del 2018. En dicha edición, la número Nº 33 de su cuarto año en circulación, se observa una foto del entonces presidente sonriendo con el puño en alto. El mismo titular, con una imagen similar, se repitió en El Progreso en Cobija (Pando), a poco más de mil kilómetros de distancia. Una semana después ocurrió algo similar, cuando las portadas del mismo El Mamoré y El Norte al Día publicaron, ambas, un titular semejante: “Paro cívico fracasa en Beni y deja un fallecido”.
De acuerdo a su web, El Mamoré, que dice ser un semanario de circulación nacional, es un producto de Programas e Ideas de Comunicación SRL-Pridecom, que también tiene en su catálogo de impresos como a El Progreso de Pando y El Norte al Día.
Esta relación se corrobora con un análisis realizado junto al medio Cazadores de Fakenews, que establece que las webs de estos tres medios están alojados en la misma dirección IP (Internet Procotol por su sigla en inglés), es decir, en la misma localización física para dispositivos en internet como computadoras personales. Si varios sitios web que publican contenidos similares comparten la misma dirección IP, esto sugiere que son gestionados por el mismo operador.
Pridecom SRL, según una Escritura Pública de Transformación presentada al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), fue establecida como Sociedad de Responsabilidad Limitada en julio de 2018, seis meses después de empezar a ganar contratos.
Antes de que esto pasara, Pridecom, que se encuentra detrás de los tres medios citados, firmaba las órdenes de servicio como una empresa unipersonal de Karina Padilla Altamirano. Recién, a partir de esta operación, Marco Santiváñez Soria, esposo de Padilla, empezó a figurar como socio de Pridecom. Ambos, cabe indicar, son militantes del MAS, de acuerdo al portal del Órgano Electoral Plurinacional.
Santiváñez Soria, es el gerente general en el staff de los tres medios, y Padilla es la representante legal y la responsable de firmar los contratos. De acuerdo al análisis realizado para este reportaje, Pridecom resultó beneficiada con 19 contratos por un total de 913.540 bolivianos (USD 132.273) los años 2018, 2019 y 2023. Del total de contratos, 18 de ellos se concedieron en medio de la campaña por la polémica cuarta reelección de Morales, mientras que uno restante se dio con Arce en el poder.
El monto más alto otorgado por el Estado en estos tres casos corresponde a El Mamoré, que a nivel individual figura en el tercer lugar de los 28 medios favorecidos, con un total de 454.180 bolivianos (USD 65.761), recibidos entre 2018 y 2019, a través de al menos nueve contratos con el Ministerio de Comunicación.
Después aparece, El Progreso de Pando que firmó seis contratos por 282.180 bolivianos (USD 40.804) y El Norte al Día, con cuatro contratos por 177.180 bolivianos (USD 25.620). En 2022, Santiváñez Soria figuraba como funcionario público del Ministerio de la Presidencia, cartera que luego le otorgó uno de los contratos.
De acuerdo a la Contraloría, Santiváñez Soria presentó una declaración jurada como funcionario el 21 de julio de 2022. En el documento indicó tener un solo bien, activos y rentas por alrededor 55 mil bolivianos y una deuda de más de un millón de bolivianos (USD 144.829).
Contactado para este artículo, Santiváñez afirmó ser militante del MAS desde 1998 y además preguntó: “¿Qué tiene que ver? ¿Es importante no ser militante para tener un medio?”. Sobre su reciente vínculo con el Estado, dijo que los contratos de publicidad, citados en este reportaje, se dieron antes y después de su gestión como funcionario público y no mientras ejerció el cargo. Por lo tanto, indicó, no incurrió en incompatibilidad o falta ética. Además, señaló que laboró en el Ministerio de la Presidencia, entre noviembre de 2020 y junio de 2022, como director del periódico estatal Ahora el Pueblo. “Desde esa época hasta agosto del año pasado [2023] no he producido ni un solo periódico”, dijo.
El 21 de enero de 2019, en la campaña para los comicios que terminaron con la dimisión de Morales, El Mamoré y el Norte al Día, además de presentar casi todo su contenido a favor del gobierno del MAS, publicaron una entrevista con el presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos, bajo el siguiente titular: “13 años de un modelo económico exitoso”. En el párrafo inicial se indica que: “la entrevista fue concedida a la Asociación de Medios Alternativos de Bolivia (AMAB) que en la actualidad integran 11 medios escritos con alcance nacional y regional”.
En dicha asociación, los tres medios antes citados le pertenecen a Santiváñez Soria, quien ocupó el cargo de presidente de la AMAB en las gestiones 2017-2018 y 2019-2020. Esta asociación fue creada el 2017 y desde su primer pronunciamiento fue señalada como una entidad afín al gobierno, aun cuando Santiváñez llegó a decir en algunas entrevistas que en realidad eran “afines a la verdad”. Debido a esta red de organizaciones de noticias, el contenido que generó Pridecom, vía sus impresos, pudo replicarse en otros medios.
Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2018, la entrevista a Juan Ramón Quintana, exministro y mano derecha de Morales, titulada “Evo es la garantía de la unidad en Bolivia”, se publicó no solo en El Mamoré y El Norte al Día. La nota se compartió también en La Época, así como en El Quirquincho, cuyo director, Jesús Díaz Soria Galvarro, fue cónsul de Bolivia en Argentina, entre 2016 y 2017.
El Quirquincho obtuvo cinco contratos con el Estado, en la etapa previa a las elecciones de 2019, y uno adicional en 2022. Entre los socios de ese medio, al momento de su creación, aparece Ivett Joaniquina Maldonado, quien firmó en calidad de representante legal casi todos los contratos por publicidad del 2019. En junio del 2022, ella dejó de ser accionista para dar paso a su familiar, Guillermina Maldonado Martínez, a través de una minuta de transferencia. Para enero del 2023, Ivett Maldonado, entonces exsocia de El Quirquincho, figuraba como funcionaria pública de Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, según una declaración jurada de ese mes.
Familia Aramayo: medios Mi Gran Chaco y El Chuquisaqueño
El caso de Pridecom, Santiváñez y su red de marcas mediáticas no es el único de su tipo en Bolivia. En la lista de compañías que recibieron contratos del Estado por publicidad, bajo la cobertura de una empresa, también destacan: Mi Gran Chaco y El Chuquisaqueño, ambos de propiedad de Estrategia Comunicacional Alternativa – ECA, e integrantes de la AMAB, la asociación de medios afines al gobierno del MAS antes mencionada. Mi Gran Chaco recibió cuatro contratos por 123.700 bolivianos (USD 17.886) y El Chuquisaqueño dos por 25.000 bolivianos (USD 3.615), entre el 2018 y 2019, cuando Morales estaba en el poder.
Los contratos fueron firmados por Tamara Aramayo Del Castillo, quien figura como proveedora en las nóminas del Banco Central de Bolivia en 2023, de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos en 2019, así como de la Administradora Boliviana de Carreteras en 2019, entre otras. Ella es hija de José Aramayo Herrera, quien fue jefe de Comunicación en el Ministerio de Educación (2010-2011) y de Estrategias en el Ministerio de Comunicación (2012), durante el gobierno de Morales.
Aramayo falleció de Covid-19 en 2021, siendo Jefe de la Unidad de Medios Estatales. Llegó a ser Director de los dos impresos antes citados y vicepresidente de la AMAB, acompañando a Santivañez como presidente, y a Ricardo Bajo (exdirector de La Época y director de la versión boliviana de Le Monde Diplomatique), como secretario general.
Tanto Mi Gran Chaco como El Chuquisaqueño, que nacieron como impresos quincenales, empezaron a circular al menos desde el 2014 hasta el 2019, año del conflicto postelectoral derivado de la última campaña de Evo Morales. Mi Gran Chaco, de línea afín al Ejecutivo y que tenía publicidad del gobierno y del sector privado, tenía un precio inicial de tres bolivianos, pero cerca de las elecciones se empezó a distribuir de manera gratuita.
Su cuenta en Facebook continuó activa hasta el 2022 con mayor énfasis en los contenidos afines al Gobierno. En esta investigación se encontraron solo seis contratos de ambos medios con el Estado, pero la publicidad estatal que llegó a exhibir en sus ejemplares fue mucho mayor.
Otros elegidos: Acuerdos, El Libertador, El Caminante y Tupiza es noticia
Entre los medios favorecidos por el Estado también se encuentra el semanario Acuerdos. Según el Sicoes, este impreso recibió 397 mil bolivianos (USD 57 mil) por seis contratos de publicidad otorgados por el Estado entre el 10 de diciembre de 2020 y el 12 de septiembre de 2023, durante el gobierno de Arce. En este caso, las órdenes de compra fueron firmadas por Lizeth Mariela Ochoa Quispe, quién se identificó en la Contraloría General del Estado como funcionaria de la Empresa estatal de vidrio (Emvibol).
Ochoa Quispe presentó una declaración jurada como funcionaria pública de Emvibol que data del 21 de marzo de 2023, poco antes de que firmara el último contrato. Asimismo, presentó el pasado 9 de abril de este año, otra declaración en la misma empresa pública. En Bolivia, según el Decreto Supremo 0014 está prohibida la “doble percepción de remuneraciones, rentas de jubilación, dietas, honorarios por servicios de consultoría individual y otros pagos, con recursos públicos”.
Como en los casos anteriores, también consultamos a una vendedora de diarios en La Paz por la circulación de Acuerdos, con el objetivo de conocer el real impacto de dicho medio en la calle: “Con suerte vende cinco [ejemplares] al mes”, dijo. Además, indicó que las ediciones del semanario se dejan de manera irregular y que aún tenía sin vender los números de julio y septiembre de 2023.
En el caso de Acuerdos, identificamos a Lucy D. Alconcé como gerente comercial y socia del mismo. Esta persona, cabe indicar, además figuró como la representante legal y firmante de los contratos de La Época entre el 2018 y el 2020. Este último es uno de los principales medios favorecidos por el Estado, como detallamos en la parte inicial de este reportaje.
Luego del semanario La Época, el segundo medio que recibió, individualmente, mayores recursos del Ejecutivo, es El Libertador, creado en mayo del 2016, durante el gobierno de Morales, y desaparecido en 2022, ya con Arce en el poder. Este medio tuvo como parte de su directorio a Mateo Juan Alandia Navajas, exrector de la universidad privada Domingo Savio en 2016 y funcionario del Ministerio de la Presidencia casi al cierre del medio, según una declaración jurada de marzo del 2022. Otro miembro del directorio fue Manuel Alfaro, asambleísta del MAS.
El Libertador consiguió obtener, entre 2018 y 2021, seis contratos por parte del Estado por un monto de 577.000 bolivianos (USD 83 mil), en los gobiernos de Morales y Arce. Sus ejemplares, como ocurre con el resto de casos que revelamos en esta investigación, difundían noticias oficialistas, tanto del gobierno nacional controlado por el MAS, como de la Gobernación departamental de Chuquisaca, durante el mandato de Esteban Urquizo, gobernador electo del MAS.
En la lista de 28 medios favorecidos por el Estado también aparece El Caminante, impreso con el que el Ministerio de Educación firmó un contrato para publicidad en 2018 por 32.000 bolivianos (USD 4.631). No se hallaron rastros del ejemplar, sin embargo, según el Sicoes, quien firmó el contrato es Mariana Aramayo Flores.
Esta es la misma persona que firmó contratos de publicidad estatal como representante legal del medio digital Tupiza es Noticia, de tendencia oficialista. Entre 2018 y 2021 Aramayo Flores firmó ocho contratos de este periódico, por 395 mil bolivianos (USD 56.752). De acuerdo a una declaración jurada hecha ante la Contraloría, en marzo de 2022, dicha persona es funcionaria del Consejo de la Magistratura.
Funcionarios aparecen vinculados a medios o firmando con el Estado
En la lista de contratos, también identificamos un grupo de casos en donde funcionarios públicos aparecen suscribiendo contratos o como registradores de portales de noticias. Uno de estos es Prensa Rural, periódico cuya página web se encuentra inhabilitada. En sus redes sociales, este sitio comparte contenidos a favor del presidente Arce. Dicho medio recibió nueve contratos de publicidad entre 2018 y 2023 del Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Educación y Ministerio de la Presidencia por un total de 283 mil bolivianos (USD 40 mil).
Siete de los nueve contratos fueron firmados por Juan Aramayo Cruz, quien figuró como funcionario del Ministerio de la Presidencia en una declaración jurada del 6 de abril de 2022. Su último contrato suscrito con el Estado fue el 8 de agosto del 2022. Al revisar su página personal como periodista, se advierte que continúa colaborando en la redacción de artículos para Prensa Rural y su nombre aparece reiteradamente en las listas de proveedores de diferentes instituciones públicas como, por ejemplo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Planificación.
Otro caso llamativo es el de Potencia Informativa, medio digital que publica contenido afín al gobierno. El Ministerio de la Presidencia firmó dos contratos con este portal de noticias entre 2021 y 2022 por un monto de 56 mil bolivianos (USD 8.097). El mismo está bajo representación legal de una persona identificada como Sonia Sanchez. Sin embargo, al buscar los datos del dominio web, a través de la herramienta “Whois”, se llegó a conocer que dicho sitio online fue registrado por Franz Borda, quien figura como funcionario del canal estatal Bolivia Tv.
La última declaración jurada de Borda data de agosto de 2022, pero se conoce que trabaja en dicho lugar desde el 2020. Además, el número de teléfono con el que se registró el sitio web de Potencia Informativa, coincide con el número de dicha persona, el mismo que además se encuentra publicado en su perfil de Facebook. En esta red social también se indica que labora en Bolivia Tv.
A los casos antes citados se suma el medio digital “Economía y MÁS”. Tanto en sus redes como en su portal, replican notas generadas por los ministerios, los medios estatales y por las organizaciones de noticias afines al gobierno. Este portal obtuvo dos contratos, uno en 2022 y otro en 2023, por 118.800 bolivianos (USD 17.195). Su representante legal es Ramón Richard Quispe Mamani y su socio Juan Jose Bedregal. Ambos figuran como funcionarios públicos, según registros de la Contraloría General del Estado. Quispe Mamani tiene una declaración jurada como funcionario del Banco Unión del tres de agosto de 2023 y Bedregal una como funcionario de la Cámara de Diputados del 31 de julio de 2023.
En la cuenta de Facebook de dicho medio se llegó a encontrar publicidad que difundía contenidos en contra de la oposición política del Poder Ejecutivo.
Otros de los contratos llamativos se encuentra el firmado por el Estado con el medio digital La Pirqa. Su representante legal es Nelson Ramiro Lazarte Salguero, funcionario de la Cámara de Diputados, según una declaración jurada del 1 de enero de 2024. El portal web tiene publicidad estatal y dedica gran parte de su cobertura a la agenda del Ejecutivo. Entre 2020 y 2022, Lazarte fue consultor en el consulado de Bolivia en Chile, según su cuenta de Facebook. Su único contrato es de 2022. La cuenta Facebook de dicho medio se creó en 2020 bajo el nombre de “Casa de campaña del MAS” y en 2023 se convirtió en La Pirca. El monto del contrato fue de 49.000 bolivianos (USD 7 mil).
Medios favoritos: sin depósito legal y sin audiencia
En la elaboración del reportaje además se estableció que el Estado suscribió contratos por publicidad con medios impresos que no figuran en el registro del Repositorio Nacional de Depósito Legal. En otros casos, el Estado firmó acuerdos con grupos de páginas web de noticias vinculadas entre ellas, con nula o escasa audiencia, alrededor de entre siete y nueve mil visitas al mes, en comparación con el tráfico web que poseen otros medios de Bolivia como El Deber (siete millones de visitas mensuales, aproximadamente), Los Tiempos (cinco millones de visitas) y Erbol (950 mil visitas), según una reciente revisión de la plataforma Similar Web.
Respecto del Repositorio Nacional, cabe indicar que en Bolivia uno de los requisitos para la publicación de todo documento, principalmente libros, pero también diarios y semanarios, es contar con un número de Depósito Legal, establecido en el Decreto Supremo 28598. Esta figura legal tiene el fin de resguardar el patrimonio intelectual de la ciudadanía.
Pese a la disposición, muchos de los ejemplares impresos identificados en esta investigación no cuentan con el registro que les brinda dicha legalidad. De acuerdo a una solicitud de información realizada al Repositorio Nacional, de 49 medios impresos consultados que recibieron publicidad estatal entre 2018 a 2023, solo siete contaban con este requisito, de ellos tres están entre los medios vinculados a personas que habían ejercido o ejercen cargos públicos: La Época, Acuerdos y Prensa Rural. Los restantes 12 impresos no cuentan con el registro.
Al no encontrar ejemplares ni depósitos legales de los semanarios y periódicos investigados, también consultamos al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) para conocer si contaban con archivos de los mismos. De los 46 impresos consultados, sólo ocho están archivados oficialmente en la ABNB, el repositorio oficial de Bolivia.
Nuestro equipo además identificó, en colaboración con la organización Cazadores de Fake News, que existen cinco redes de medios analizadas en este reportaje que comparten la misma dirección IP. El IP es la dirección única que identifica a un dispositivo en Internet o en una red local. Esto demuestra, no solo un uso compartido para la monetización, sino también posibles conexiones entre estos sitios, ya sea a través de la estructura de la propiedad, la gestión conjunta o estrategias de publicidad digital coordinadas.
Al cierre de edición, enviamos dos pedidos a la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alarcón Merubia, respecto a los requisitos para la distribución de la pauta publicitaria en los medios del país. Sin embargo, no hubo respuesta alguna de su parte.