- El Colegio de Abogados de Santa Cruz objetará la desestimación de su denuncia contra los ministros de Gobierno y Obras Públicas, hecha por la Fiscalía cruceña.
- Hacen público su respaldo a la directiva de la APDHB que preside Amparo Carvajal, a través de la visita del vicepresidente del CASC, Féxil Oros, a la vigilia que cumple Carvajal en las afueras de la sede tomada por un sector afín al MAS.
El Colegio de Abogados de Santa Cruz (CASC) anunció hoy en La Paz que objetará la decisión de la Fiscalía del Departamento de Santa Cruz, de rechazar la denuncia presentada por el CASC contra los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y de Obras Públicas, Edgar Montaño, por encubrimiento y omisión de denuncia del tráfico de 484 kilos de droga realizado en un vuelo comercial de BoA, la línea bandera de Bolivia, que cubrió la ruta Santa Cruz de la Sierra/Bolivia-Madrid/España el sábado 11 de febrero del presente año.
La denuncia fue presentada por el vicepresidente del CASC, Félix Oros, el viernes pasado y el lunes siguiente, cuando volvió a la Fiscalía para presentar un nuevo memorial con una primera lista de testigos, fue soprendido con la notificación de desestimación de la denuncia por parte del Ministerio Público. “Una desestimación que no corresponde”, aseguró Oros al recordar la Setencia Constitucional 0815/2019-S2 de 11 de septiembre de 2019, que siente jurisprudencia sobre el tema. Por tanto, añadió, el CASC objetará la desetimación fiscal.
Oros llegó hoy a La Paz con la tarea encomendada por el CASC de expresar su solidaridad al directorio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), en especial a su presidente Amparo Carvajal que cumple una vigilia en las afueras de la sede de la APDHB, reclamando el desalojo de un sector del MAS que tomó por la fuerza las oficinas de la APDHB el pasado 2 de junio. “Vengo a expresarle no solo la solidaridad de los abogados cruceños, sino también de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y de la Federación Departamental de Profesionales de Santa Cruz”, le dijo Oros a Carvajal.
El vicepresidente del CASC aprovechó la oportunidad para informar a la prensa paceña sobre la denuncia contra los ministros Del Castillo y Montaño, de los que dijo “o son cómplices (del tráfico de droga en un vuelo de BoA, Santa Cruz-Madrid), o son incapaces”. Según Oros, “es imposible que ambos ministros no hubieran sabido nada sobre la operación registrada el 11 de febrero de este año”, misma que fue notificada por la Guardia Civil española a autoridades bolivianas el 17 del mismo mes, según confirmaron funcionaros de BoA y el jefe de la Felcn.
Según el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, él se enteró del hecho recién en mayo y a través de los medios de prensa, “al igual que toda la población boliviana”. Imposible, insistió Oros, al recordar el control que tiene Del Castillo sobre la Policía y Montaño sobre aeropuertos en todo el país. Un control que bien puede expresarse incluso en el curioso borrado de videos de las cámaras de seguridad instaladas en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, dispuesto el 31 de mayo, tras hacerse público el tráfico.
Los videos borrados corresponden precisamente al tiempo que tomó la operación de carga y abordaje del Airbus 330-243 de la empresa Wamos, contratada por BoA para el vuelo Viru-Viru/Madrid: desde las 22:00 del viernes 10 de febrero, a las 16:00 del sábado 11 de febrero.
Justicia, de mal en peor
El vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz fue más allá del caso narcoBoA y de la toma de la sede de la APDHB en La Paz, y afirmó que ambos casos se suman a una larga lista de otros similares en los que queda en evidencia la manipulación de la Justicia por parte del partido de gobierno y de sus aliados. Oros detalló al menos otros tres -el que afecta al líder cocalero César Apaza, el de los 13 aprehendidos el viernes pasado frente a la Gobernación cruceña y el de la trágica muerte del interventor del Banco Fassil-, en los que el denominador común es el direccionamiento de las denuncias a favor de los intereses políticos del MAS.
“Vamos de mal en peor en todo lo que se refiere a la administración de Justicia”, enfatizó al añadir de inmediato la urgencia de realizar “una verdadera cruzada para librarla del control político”, otra “cruzada contra la corrupción (…) y contra la impunidad de quienes cometen delitos y atropellos contra los bolivianos en general, con especial saña contra líderes políticos, de organizaciones civiles o activistas que critican o son opositores al partido de gobierno.
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Datos del narcovuelo, para tomar en cuenta
- El 16 de febrero de 2023, la Guardia Civil de España solicita información “a una unidad especializada de la Policía” boliviana sobre la embarcación de 484 kilos de cocaína en un vuelo comercial de BoA desde Santa Cruz de la Sierra hasta Madrid, realizado el sábado 11 de febrero. La droga fue encontrada por las autoridades españolas en la bodega 23L del Airbus 330-243 de la empresa Wamos, contratada por BoA para cumplir la operación.
- Sin embargo, el hecho solo sale a luz pública el 30 de mayo, y de oficio se abre el caso con código CUD:701102302300264 por los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación (Arts. 48by 53 Ley 1008).
- Es imposible que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, no haya tenido conocimiento del caso, considerando que él es cabeza de la Policía (demás está decir que su ministerio controla a la Policía). También es imposible que el titular de la cartera de Obras Públicas, Edgar Montaño, no hubiera sabido nada de lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Viru-Viru, siendo cabeza del sector.
- Entre el 16 de febrero y el 31 de mayo ocurren, además, hechos irregulares que solo aumentan las sospechas de encubrimiento. Entre otros, el borrado de videos de las cámaras de seguridad, precisamente los que registraron los movimientos en Viru-Viru el día del embarque de carga y despegue del avión de BoA rumbo a Madrid. Los testimonios han sido dados por funcionarios de las entidades a cargo del control de Aeropuerto (Naabol, BoA, Aircorp, entre otras).
- El borrado de videos no es un tema menor: se registra el 31 de mayo, un día después del anuncio oficial de apertura de las investigaciones del narcovuelo. OJO: esas imágenes ya habían sido solicitadas por Villanueva al encargado de Seguridad de BoA el 17 de febrero, a pedido de la Guardia Española, pero no le fueron enviadas. Ya entonces le habían comunicado que no había el registro de imágenes del lapso comprendido entre las 22:00 del viernes 10 de febrero a las 16:00 del sábado 11 de febrero, justo el periodo en el que se realizó la carga y abordaje del avión que transportó la droga.
- Es importante destacar la declaración oficial del capitán Boris Villanueva, oficial analista encargado de Aircorp/Grupo de Tareas Conjuntas e Interdicción Aeroportuaria, a la comisión de fiscales que inició la investigación el 1 de junio.
- Es importante destacar también otro dato: el director de la FELCN, José Illanes, declara haber tomado conocimiento del hecho “a finales de febrero”. Pero el ministro de Gobierno sale luego a desmentirlo, diciendo que Illanes le habría dicho que “tergiversaron sus declaraciones”, ya que éste no habría tenido conocimiento del hecho “en marzo, sino en mayo, al igual que todo el pueblo boliviano”.
- Dos personas claves en las investigaciones fueron destituidas de sus cargos “para que no entorpezcan las mismas”, según coincidieron en justificar el gerente general de Naabol, Elmer Pozo, y el gerente general de BoA, Ronald Casso, tras conocerse los despidos de Joquín Hurtado, gerente regional de Naabol en Santa Cruz, y de Carlos Moreno Méndez, hasta entonces jefe de Aeropuerto de BoA.