En el seminario internacional organizado por el Cedib se analizó la relación directa de este hecho con el deterioro de derechos civiles y políticos. Periodismo Sin Photoshop expuso su trabajo sobre las vulneraciones cometidas en el caso del desfalco al Fondo Indígena que terminó con la muerte de su exdirector, Marco Antonio Aramayo.
Cedib
Las personas defensoras de los derechos humanos en Bolivia no están exentas de la situación de alto riesgo que experimentan sus pares en los países vecinos. En el caso boliviano, este hecho tiene relación directa con las formas propias en que se ha venido produciendo el deterioro del “espacio cívico”, es decir, el entorno favorable, propio de toda democracia de alta calidad, para que las personas y las organizaciones puedan ejercer ciertos derechos fundamentales sin que el gobierno se lo impida. Entre estos derechos están la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de protesta pacífica.
Esta es la hipótesis que se analizó en el seminario internacional virtual “Reducción del espacio cívico e incremento de riesgo para defensores de derechos humanos en Bolivia”, que se realizó el 28 de noviembre en La Paz.
De manera general, ante los ojos de la comunidad internacional y de organismos internacionales de protección de los derechos humanos, Bolivia no está inscrita en las listas de países que encienden las alertas por violaciones a los DDHH y deterioro de la institucionalidad democrática. Salvo durante el conflicto de 2019, cuya investigación de los luctuosos hechos ha quedado aún inconclusa, los organismos oficiales, como la CIDH y similares, tienen otras prioridades en la región.
Sin embargo, para los defensores de DDHH en Bolivia, en los antecedentes de la explosión violenta del conflicto de 2019 ya estuvo incubándose una grave situación de deterioro de los derechos humanos, y particularmente aquellos que tienen que ver con la apertura del espacio cívico. Este mismo diagnóstico lo corrobora el monitoreo independiente que realiza la plataforma World Justice Project (WJP) a la salud del Estado de Derecho y el espacio cívico en 140 países del mundo.
En efecto, según datos de WJP para el caso de Bolivia, entre 2015 y 2022, de los ocho indicadores monitoreados (restricciones al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal), en siete no pasa la media del índice de Estado de Derecho de WJP.
Si, globalmente, tomados todos los indicadores, el promedio anual oscila entre 0,41 en el año 2015, el 0,38 el año 2022 y el 0,37 el año 2023, siendo la nota más óptima 1. Es decir, Bolivia obtiene notas de reprobación constante en la salud del Estado de Derechos y con tendencia a la baja.
Este deterioro del espacio cívico y la institucionalidad que hace posible la vigencia del Estado de derecho, es el escenario donde se verifica una creciente situación de riesgo para los defensores de los derechos humanos en Bolivia.
Un estudio del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) identificó y analizó la situación de defensores de derechos humanos de dos sectores sociales: periodistas y defensores ambientales y del territorio. En ambos casos se observa que los factores del contexto económico y político que están en la base de la generación del riesgo para los defensores se relacionan con el deterioro de las instituciones, las garantías y los derechos fundamentales de un Estado democrático.
En ese escenario, se evidencia que el Estado ha trastocado su rol respecto a derechos, es decir, en vez de garantizarlos, es promotor de la erosión de las garantías institucionales y legales más básicas para el ejercicio ciudadano. Ello plantea desafíos urgentes para la sociedad boliviana y los organismos internacionales de protección de derechos. Primero, enfocar sus estrategias de exigencia a quienes hoy son responsables de la administración del Estado boliviano, para retomar su rol, y no acrecentar ni acelerar la degradación de la democracia en Bolivia.
El seminario fue organizado por el Decib, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y es parte del proyecto “Visibilidad de los defensores en alto riesgo en Bolivia”, que cuenta con el apoyo de la Embajada de Alemania en Bolivia.
Fondo Indígena
Durante el evento, el equipo de Periodismo Sin Photoshop, dirigido por Maggy Talavera, expuso los detalles sobre el reportaje de investigación titulado, “Los chivos expiatorios del desfalco al Fondo Indígena”, que además de visualizar las vulneraciones y la persecución judicial de la que fueron víctimas varios dirigentes campesinos, revela detalles sobre los 194 actos de tortura cometidos por el Gobierno del MAS contra el exdirector de esa institución, Marco Antonio Aramayo, el “hombre de convicciones fuertes”, como lo recuerda su abogado, Héctor Castellón.
Las Londras
Asimismo, representantes de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, expusieron el estado del proceso judicial que se sigue en el caso Las Londras, en relación al secuestro y torturas cometidas el 28 de octubre de 2021, contra trabajadores de la prensa, por parte de miembros de la organización social Interculturales, que es parte del Gobierno. La abogada Raquel Guerrero señaló que dicho proceso es un ejemplo de la ausencia del Estado en la provincia Guarayos, donde estos grupos, armados y organizados, cometen avasallamientos y se apropian de tierras productivas.