El 22 de enero de 2021 (feriado) destrozaron muros e ingresaron pretendiendo instalarse, la Policía los desalojó porque, obviamente, no tenían títulos de propiedad. Sin embargo, 11 meses después, el 24 de diciembre (navidad), 150 delincuentes regresaron e invadieron el terreno, esta vez ostentaban documentos de una supuesta titularidad, ¿cómo los obtuvieron?
Carlos Quisbert / La Paz
“Doris, ven rápido, que se han entrado a la Fundación (Luz de Esperanza), han roto muros y dicen ellos que son sus terrenos”, fue el llamado de alerta que la hermana Doris Huertas recibió la mañana del 22 de enero de 2021. Además de quedar desconcertada, al otro lado de la línea, la religiosa solo pudo pensar “¿cómo podría pasar algo así? Si la Iglesia Católica siempre verifica que sus terrenos estén correctamente comprados y con todos los papeles en orden”.
Eran las 10:00 de aquel jueves nublado, feriado por el “día del Estado Plurinacional”, que estaba previsto para la descanso y recreación de los 21 jóvenes que en ese momento estaban acogidos en la Fundación Luz de Esperanza, 17 varones y cuatro mujeres, además del director, Víctor Carvajal y su familia, su esposa y cinco hijos. Luego de colgar, además de hacerse esa pregunta, lo primero que Huerta hizo fue llamar al obispo, monseñor Giovani Arana, para informarle sobre el avasallamiento; éste a su vez, contactó a la Policía y solicitó que se defienda la propiedad de la Diocesis de La Paz.
“Era un grupo de algo así como 150 personas, hombres y mujeres, de pollera de vestido, todos con los rostros tapados, aprovecharon que aún estábamos en pandemia (por el Covid 19) y tenían barbijos. Eran muy agresivos, con palos, picotas y habían hecho varios agujeros a lo largo de la pared de ladrillos que construida hace varios años, ninguno de los avasalladores quiso identificarse, repetían que tenían papeles, pero no los mostraban y se negaban a dar su nombre, hasta que llegó la Policía”, relató a Periodismo Sin Photoshop la hermana Doris Huertas, miembro de la Congregación Apostólicas del Corazón de Jesús, quien esta a cargo de Luz de Esperanza, prácticamente desde su fundación, el año 2000.
Mientras el auxilio llegaba, Víctor Carvajal, uno de los primeros jóvenes alteños que llegó a la Fundación y logró la rehabilitación, trataba de frenar a los invasores, junto a él estaban los 21 jóvenes que se sentían confundidos, sin entender lo que pasaba ni saber cómo actuar para defender el lugar que, sin cobrarles dinero alguno, servía para mejorar su vida. Pronto fueron atemorizados y agredidos con piedras, a dos de ellos les arrebataron los celulares con los que grabaron las agresiones, “pero lo peor de todo, era escuchar los insultos que les decían, eran personas sin corazón, incluso a mí me gritaron de todo”, lamentó Doris.
“¿Cómo se van a entrar así? Tienen que salir”, les dijo con voz firme Carvajal, quien con el celular en la mano logró registrar en un video ese momento. “Somos vecinos”, “mejor vos trae tus papeles” respondían en tono provocador los avasalladores, que daban la espalda al director de la Fundación, para no ser filmados.
“Está amurallado, cómo van a derrumbar la pared. Traigan sus papeles, si dicen que son los dueños y bájense los barbijos, no sean cobardes ¿Por qué no entran por la puerta si son los dueños? ¿Por qué derrumban la pared como ladrones?”, cuestionó Carvajal al grupo de avasalladores. Los jóvenes crearon un canal de Youtube, con el nombre de la Fundación, en el que publicaron todos los videos que lograron hacer desde ese primer avasallamiento.
Esperanza para jóvenes
La Fundación Luz de Esperanza es una institución con “personería jurídica eclesial”, emitida por la Iglesia Católica, donde se acoge a jóvenes, adolescentes y niños en situación de vulnerabilidad, quienes por su adicción son desplazados de sus hogares y deben luchar por sobrevivir en las calles de El Alto. Quienes logran ingresar a la institución, viven, estudian y se capacitan en diferentes oficios, como parte del proceso de rehabilitación que asumen de forma voluntaria.
Las historias sobre jóvenes vidas rescatadas de las calles, gracias a la labor de la Fundación Luz de Esperanza, amerita un capítulo aparte, pero se debe mencionar que la institución hoy es administrada por los primeros jóvenes que lograron su rehabilitación y ahora viven de forma plena, uno de ellos es Carvajal, que cuenta con un título de “Operador terapéutico en personas con adicción”, otorgado por el Ministerio de Educación y validado por el Estado Plurinacional. Parte de la terapia que se practica en el lugar es la cerámica, costura, carpintería, el cultivo de lechugas, acelgas, papa, avena y otros productos que se comercializaban con los vecinos.
Muestren documentos
Aquel día de enero, varios de los encapuchados, armados de palos, comenzaron a rodear a Carvajal mientras otros, de forma irónica, hombres y mujeres encapuchados, le exigían al director y a los jóvenes en rehabilitación que desalojen el lugar y que sea ellos quienes presenten documentos de propiedad. A él también lo amenazaron con quitarle el celular si los seguía grabando.
Fueron momentos de tensión, pero Carvajal se mantuvo sereno y firme. Dos horas después, mientras los encapuchados instalaban carpas al interior del terreno de la Fundación, llegó un contingente policial en cinco camionetas, atendiendo el llamado del obispo Arana y el de los vecinos que alertaron de la presencia de los avasalladores. Fueron ellos quienes abogaron por la obra de la Iglesia Católica, con la cual convivían desde su creación, por los servicios sociales que brindaron en dos décadas, incluida la cancha de futbol de salón en la que varios de ellos crecieron jugando.
El cabecilla
“Esa primera vez la Policía los sacó porque claro, ninguno de los avasalladores tenía documentos”, relató Doris, la religiosa de 65 años que aquel 22 de enero, antes de la llegada de las patrullas también intentó dialogar con el grupo de encapuchados e identificar a los cabecillas, para pedir explicaciones. Ninguno quiso dar la cara y sólo ante los policías, que ordenaron mostrar documentos de identidad, por fin uno de los avasalladores salió al frente.
“Ahí escuché por primera vez su nombre: ‘Soy Antonio Alarcón Nina, y aquí está mi abogado, Freddy Calle Plata’, alzó la voz. Ese día, él dijo: ‘Venimos como representantes de la señora Lourdes Ariñéz’, la que era la supuesta verdadera propietaria del terreno”, recordó Doris. Pero el líder de los avasalladores no portaba documento alguno que acredite su versión.
Ese feriado se fue en el conflicto, no hubo arrestados, ni más enfrentamientos, solo quedaron derrumbados varias partes del muro perimetral. Doris sostiene que intentó presentar la denuncia ante la Fiscalía, pero el funcionario que la atendió le dijo que ella no podía hacerlo, porque la propiedad tampoco estaba a su nombre, ella no insistió.
Era verdad, la propiedad con el Nº 1705, ubicada en la avenida Brasil del Distrito 7, zona Los Leones, antes conocida como “Región Hichusirca Grande”, está a nombre de la Diocesis, “cuyo derecho propietario se encuentra correctamente registrado en Derechos Reales de la ciudad de El Alto”, señalan las cartas que la religiosa envió durante estos años de litigio al Ministerio de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y tribunales.
La religiosa recuerda con algo de pesar esos hechos, tal vez, con la idea de que, si hubiera insistido en formalizar la denuncia o prestado más atención a los comentarios de los vecinos, las cosas serían diferentes. Pero 11 meses después no hubo tiempo de arrepentimientos, pues en medio de los preparativos para celebrar la cena de navidad, el 24 de diciembre de 2021, los 150 avasalladores regresaron, “con papeles y mucho, mucho más agresivos que la primera vez y se metieron a la propiedad, no les importó nada”, recordó Doris.
Segundo avasallamiento
Eran las dos de la tarde de aquel 24 de diciembre, la hermana regresaba a la Fundación luego de haber compartido el almuerzo en su congregación, cuando recibió la llamada de Carvajal que por segunda vez la alertaba del ingreso de los avasalladores. Volvió a dar aviso al obispo, pero esta vez, antes de acudir, fue por los papeles que demostraban la propiedad legal de la Iglesia sobre el terreno.
Aquel día, en Luz de Esperanza estaban alojados 18 jóvenes, cuatro mujeres y nueve niños en situación vulnerabilidad, además de un grupo de varones que frecuentaban la Fundación, porque allí lograron su rehabilitación y ahora daban su apoyo a los nuevos internos. Descansaban luego de almorzar ya que más tarde iniciarían con los preparativos para la Noche Buena.
Todo se frustró, otra vez tocaron a su puerta los vecinos para decirles que al otro extremo de la propiedad un grupo muy agresivo de personas habían derrumbado nuevamente los muros e ingresaban con maderas, calaminas, y con la intención de instalarse en el lugar. Lo primero que tomaron los avasalladores fueron los cultivos de papa y avena, minutos después las carpas de producción de verduras.
Después, atacaron con piedras los vidrios de dos ambientes donde dormían las mujeres y se robaron el colchón nuevo y una televisión. Del taller de metal mecánicas sustrajeron dos motores y empezaron a colocar cercas con alambres de púas que hasta hoy siguen en el lugar.
“Los chicos me contaron que era gente mucho más violenta que la primera vez, con palos, arrojaron piedras, hicieron reventar petardos y les gritaron de todo: ‘los vamos a quemar’, ‘los vamos a matar’ y otros insultos por su condición, fue terrible para ellos”, lamentó la hermana Doris. Al llegar, nuevamente trató de dialogar con los avasalladores, pero ninguno de los encapuchados se identificó como líder o representante, solo minutos después los jóvenes visualizaron al interior de un vehículo color dorado a Antonio Alarcón Nina.
La religiosa recuerda que junto a ese hombre se movía un grupo de hombres a los que no lograron identificar porque estaban encapuchados. “Hasta ahora, cada vez que vienen a amenazarnos a este sector se cubren el rostro y no quieren dar su nombre, pero estos tienen el porte de policías, por su forma de hablar y de moverse”, sospecha Doris.
Casualidad o no, la segunda vez que se denunció el avasallamiento solo se presentó una patrulla de la Policía y los uniformados pidieron a los invasores lo mismo que la hermana Doris y Carvajal les habían pedido desde el inicio, que muestren documentos de propiedad y que, en el peor de los casos, esto se resuelva en tribunales antes de que sigan con la ocupación.
“Pero ellos (los avasalladores) no entendían nada y gritaban, ‘esto es nuestro, es nuestro, aquí están los papeles’. Y claro, al mostrar papeles, que luego se confirmó que eran falsos, los policías no quisieron sacarlos, ‘hermana tendrán que ir a juicio’, me dijeron”, contó la religiosa.
Desde esa fecha se han tramitado varias denuncias, tanto de la Fundación contra los avasalladores, como de ellos contra la hermana Doris, a quien, según se ve en los videos que los jóvenes lograron recuperar, califican hasta de “terrorista”. Pero aquellas agresiones verbales también se transformaron en persecución judicial, pues llegaron a plantear un proceso por presunto genocidio, que claro, fue rechazado por la Fiscalía.
Advertencia
“Hermana, dicen que como al fondo (en el extremo del terreno) está vacío, ellos van a entrar, que usted es peruana y no tiene papeles a su nombre”, fueron algunos de los comentarios que los vecinos le habían hecho tiempo antes de ese segundo avasallamiento. Nuevamente Doris les dio la razón en ese punto, ella nació en Perú hace 65 años, 28 de los cuales los pasó en Bolivia, primero colaborando con la Pastoral penitenciaria y luego a cargo de Luz de Esperanza; y claro, los terrenos no eran suyos, sino de la Iglesia Católica.
Ante esas advertencias recordó que desde 2019, personalmente, ella había saneado todos los documentos y estaba segura de que no había irregularidad alguna sobre la propiedad, por lo cual descontó el riesgo de un litigio sobre ese punto.
Pero en diciembre de 2021 los avasalladores aparecieron con documentos notariados y otros duplicados, los que supuestamente les daba derecho propietario luego de una compra – venta. Una versión contradictoria a la historia de la Fundación y que ahora pretende ser validada por los avasalladores ante las autoridades judiciales, aunque esto signifique negar los procesos de rehabilitación de decenas de jóvenes de El Alto en dos décadas.
“He pensado mucho en el tema de los papeles, ¿cómo los consiguieron? ¿Quién se los dio? ¿Cómo es que los legalizaron si nosotros tenemos todos los papeles en regla? Es una incertidumbre, una desconfianza en la justicia, porque hay algo que no está bien entre las personas encargadas de hacer estos registros”, lamentó la religiosa.
Terrorista
“Todo el año hemos estado con policías, esa gente se niega a hablar conmigo, me han dicho (insultos) de la A a la Z, si usted leyera los memoriales que presentaron en mi contra: terrorista, criminal, delincuente, qué no han escrito de mí en esos memoriales. ¡Madre mía! Menos mal que sé quién soy, porque de otro modo quedaría traumada”, afirma con algo de pena la religiosa.
En efecto, en varios de los videos tomados por los jóvenes, se escuchan los insultos que los encapuchados lanzan hacia la religiosa, reclamando el por qué la defienden si ella es extranjera, pero negándose a dar su nombre y mostrar el rostro. Los videos también revelan como los avasalladores asechan otros ambientes de la Fundación, presuntamente para robarlos.
Disputas entre avasalladores
El día que se realizó la visita para esta nota, Periodismo Sin Photoshop verificó que varias de las viviendas construidas de forma clandestina e improvisadas en el espacio avasallado, estaban deshabitadas, los presuntos propietarios lotearon el lugar y edificaron simulando espacios para calles e instalaron cajas para medidores de energía eléctrica y espacios para recibir las conexiones de agua y alcantarillado.
Por todo esto, la Fundación ha enviado memoriales al juez que atiende la causa, para ordenar a las empresas de servicio básico que no se instalen estos en el sector en conflicto, hasta que no se resuelva el derecho propietario, pero este medio verificó que ya cuentan con agua potable en piletas instaladas fuera de sus murallas.
No obstante, durante los 21 meses de ocupación de los terrenos de la Fundación, los vecinos también han denunciado las disputas internas que se dieron entre dos bandos de avasalladores. Uno liderado por Alarcón y otro por quienes afirman haber sido estafados, pues no recibieron terrenos por los que pagaron adelantos.
Asimismo, cada cierto tiempo, los avasalladores realizan reuniones que por lo general terminan en borracheras con música a todo volumen, detonación de petardos y discusiones entre sus integrantes. Los participantes, relatan los jóvenes, llegan en autos muy llamativos, “de lujo”, lo que no condice con esa apariencia de “gente humilde y de bajos recursos” que tratan de proyectar ante las autoridades.
Esa imagen se contradice también por las construcciones, que se hicieron en pocos meses, con la contratación de albañiles que disponen de insumos traídos en volquetas que les proveen de grandes cantidades de arena, ladrillo, cemento y fierros de construcción, además de la presencia de retroexcavadoras. El capital invertido es cuantioso, pero deja en evidencia de que los avasalladores no vivieron antes en el lugar, ni lo hacen ahora.
Pedido de justicia
“Desde el inicio del conflicto pedimos ayuda al Comando de la Policía, a Alcaldía de El Alto, a la Defensoría, al Ministerio de Gobierno, a la Subalcaldía, porque esto se trata de una obra que ha salvado la vida a muchos jóvenes que, luego de rehabilitarse han salido adelante, con estudios”, asegura la hermana Doris.
La religiosa, concluye la entrevista con una reflexión para las autoridades y la sociedad que conoce del trabajo de la Fundación: “La Iglesia Católica y el Obispado se preocupan por atender a tantos jóvenes que se ven afectados por el alcoholismo, que viven con VIH, y lo que pedimos a las autoridades es que tomen en cuenta eso para evitar que esa población vaya en aumento. Agradecemos a los vecinos que nos apoyan, que preguntan sobre cómo va este conflicto, pero a los dirigentes les decimos también que piensen en lo que representa la Fundación para el lugar, ellos saben bien sobre la obra que realizamos, pues Luz de Esperanza no solo es conocida en El Alto, sino que también hemos recibido a jóvenes de Cochabamba, Santa Cruz, Beni. Así que solicitamos que se haga justicia, que se frene este avasallamiento, porque tenemos todos los papeles en regla”.