Madres de los detenidos peregrinaron por Beni, La Paz y Pando para entregar ropa, comida o dar un abrazo a los detenidos. Aún no se desconoce quiénes son los dueños de las 27 dragas destruidas en el río Madre de Dios.
Carlos Quisbert / La Paz
Jóvenes que fueron detenidos el 14 de julio por la explotación ilegal de oro en el río Madre de Dios, en el municipio de Riberalta, Beni, relataron que durante su aprehensión fueron víctimas de abuso policial, amenazas y que pasaron hambre y frio al ser trasladados al departamento de La Paz. En esa ciudad se dio la audiencia de medidas cautelares, en la que un juez determinó que 38 de ellos cumplan detención domiciliaria y otros 19 detención preventiva en el penal de Villa Bush, en Pando.
“Vivimos en la frontera con Perú (en Pando), somos indígenas de tierras bajas, pido a las autoridades que nos ayuden para por lo menos verlos (a los detenidos), darles un abrazo. Estamos peregrinando desde La Paz para poder entregarles ropa y comida, pero la Policía no nos deja acercar”, relató entre lágrimas la madre de Erwin Villegas, una de las 19 personas detenidas, reportó el portal de Facebook del periodista Kike Navala, en Pando.
“Trabajamos en la cosecha de la castaña y la minería, es lo único que hay”, confirmó la madre de Villegas, de 22 años, quien explicó que provenían del municipio de Ixiamas, en la provincia Abel Iturralde de La Paz. El familiar de la mujer y los otros 18 imputados deben permanecer detenido preventivamente por cuatro meses en el penal de Villa Bush, en Pando.
Sin embargo, de acuerdo al abogado de los detenidos, Víctor Flores Lero, la Fiscalía no logró comprobar que los detenidos eran mineros en explotación minera ilegal. Pese a que los videos de medios de comunicación y del Ministerio de Gobierno revelan que todos fueron detenidos al interior de las dragas en el río Madre de Dios, afirmó que la mayoría de los aprehendidos es “personal técnico que trabajaba para una cooperativa” minera.
Según Flores, los aprehendidos son parte de la Asociación de Balseros (Asobal), trabajadores asalariados, aunque la Ley de Cooperativas Mineras impide la subcontratación de personal.
Las 57 personas detenidas en ese operativo fueron imputadas por delitos de daño al medio ambiente, porte ilegal de armas y explotación ilegal de recursos minerales, cuya sanción prevé una condena de cuatro a ocho años de cárcel. La autoridad judicial dispuso que 38 de los procesados cumplan la detención domiciliaria en Riberalta.
Armas en la cabeza
“Ahora estamos sin trabajo y sin nada. Yo estaba durmiendo, era como las seis de la mañana (del 14 de julio), escuché ruido y cuando salí ya nomás me pegaron en el estómago y me dejaron arrodillado, estaba en corto y polerita, en ese frio que hacía ese día, asimismo nos llevaron, ni una chamarra, ni zapatos tenían otros”, relató uno de los 38 jóvenes que ayer regresaron a Riberalta en medio de un aparatoso operativo militar y policial.
“Gracias a Dios, mi yerno y mi hijo ya están aquí, pero mi hijo no puede ni hablar, dice que le apuntaron con un arma en la cabeza y está traumado, está mal. No sé cómo vamos a hacer para que se componga, porque lo tuvieron enmanillado en la playa y sin comer. No son animales para tenerlos así”, contó indignado un padre de familia al portal Noti Riber.
Los balseros contaron que horas después de ser maniatados y reunidos en la playa los policías les informaron que se trataba de un operativo contra la minería ilegal, y aunque no mostraron ningún papel, los jóvenes aseguran que su actividad era legal. Luego solo bebieron agua y comieron un sándwich que la Defensoría del Pueblo les dio en Pando, a donde fueron traslados antes de ser llevados a La Paz.
“No hice caso a los gritos (de la Policía que lo llamaba desde fuera de las barcazas), entonces patearon la puerta, me bajaron del brazo, me tiraron un puñete en el estómago y me botaron contra el piso”, relató otro de los procesados. Recordó que los policías los tuvieron sin alimento ni agua por varias horas, enmanillados y sentados en la playa.
Otra madre de familia relató que el día del operativo en Riberalta, se movilizaron para rescatar a sus parientes detenidos, se presentaron a los cuarteles policiales, pero les impidieron el paso. Entonces comenzaron las discusiones con los uniformados, quienes les aseguraban que los jóvenes ya habían sido llevados a otro departamento, lo que era falso hasta ese momento.
“Uno de los policías, uno con barba, alto, me dijo que me iba a disparar si yo no retrocedía. Yo le dije: ‘Máteme, voy a morir defendiendo a mi hijo’. No es posible tanto abuso”, relató la mujer que se sentía aliviada por tener de regreso en Riberalta a su familiar.
Por su parte, la representante departamental del Defensor del Pueblo en Pando, Cinthia Jordán, explicó ayer al portal de Kike Navala que se había realizado una revisión superficial a los 19 detenidos que llegaron a esa región en un avión Hércules desde La Paz, quienes luego fueron recluidos en el penal de Villa Bush. Solo uno de los 19 procesados presentaba un malestar en uno de sus oídos, esto debido al cambio de presión atmosférica durante el vuelo.
Operativo
El 14 de julio el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que un contingente de 90 efectivos de la Policía, junto a personal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), ejecutó un operativo contra “organizaciones criminales” que incurrían en la explotación ilegal de oro en el río Madre de Dios, cerca de las comunidades Candelaria y Miraflores. Entre los 57 aprehendidos se contó a tres mujeres.
Del Castillo detalló que luego de recibir una denuncia sobre contaminación por explotación minera en esa región, se organizó un operativo que incluyó seis días de vigilancia por parte de policías de Inteligencia. Durante el operativo se destruyeron 27 dragas y se secuestró gran cantidad de mercurio y combustible, cuatro rifles de salón y explosivos.
Se calcula que el daño económico causado a la minería ilegal fue de 1,5 millones de dólares. Hasta el momento se desconoce quienes son los propietarios de las dragas destruidas, ni se presentó la autorización de explotar oro en ese punto del país.
Los 57 aprehendidos fueron llevados al aeropuerto de Cobija, desde donde los trasladaron a La Paz para la audiencia cautelar. Desde ayer, 19 de ellos permanecen en el penal de Villa Bush donde ya se registra un hacinamiento carcelario de 150%, según la Defensoría del Pueblo. El abogado Flores declaró que la Fiscalía tampoco pudo demostrar la explotación ilegal de oro, porque en el lugar no se halló ese mineral.
