Cesar Dockweiler afirmó que existe un “asalto” a las arcas de la Alcaldía de La Paz y que la empresa debe ser intervenida. Los indicios hacen presumir de un negociado cometido desde octubre de 2022, por un monto aproximado de 756 mil bolivianos, hecho que involucra al personal técnico y pone en duda el trabajo de fiscalización del Concejo Municipal.
Carlos Quisbert / La Paz
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, un chofer involucrado en el robo de turriles de cemento asfáltico a la Empresa Municipal de Asfalto y Vías (Emavías) vendió a una constructora al menos 630 turriles de cemento asfaltico, a un costo promedio de 1.200 bolivianos. El hecho ocurrió en nueve oportunidades, desde octubre de 2022, según la declaración de uno de los cuatro involucrados detenidos, entre ellos, el exgerente de la firma municipal, Mauricio Berdeja.
El 3 de octubre, ante la fiscal Elba Sanjinés, el funcionario de la Empresa Coboin, Limbert Chipana, fue consultado sobre si alguna vez compró cemento asfáltico de Josué Soria, quien era chofer en Emavías. Su respuesta quedó registrada en el acta y es el primer indicio para sospechar que el robo de ese material a la empresa municipal era sistemático y que el mismo era conocido o aprobado desde la gerencia.
“Sí compré cemento asfáltico de Josué Soria, los compré aproximadamente nueve veces, los compré desde el mes de octubre de 2022, aproximadamente, al mes me vendía una o dos veces, no recuerdo bien. La cantidad que me vendía variaba, en alguna oportunidad me vendía 50 turriles, en otra 70 y en otra 90, no recuerdo bien el precio por turril, unos 1.200 bolivianos aproximadamente. Los pagos lo realicé todos por depósito bancario a la cuenta del señor Josué Soria, era en el Banco Sol, él era muy exigente y me pedía que le pague la totalidad el mismo día que me entregaba los turriles”, respondió Chipana ante fiscal del caso y el investigador policial.
Según Chipana, Soria hacía la entrega del material en el depósito de la empresa Coboin, ubicada en la urbanización Safiro del municipio de Pucarani. La mayoría de las transacciones se coordinaban por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp desde octubre de 2022, cuando Soria lo buscó por primera vez.
De acuerdo con un cálculo realizado por este medio, con base en los datos que figuran en la declaración del empresario, se estima que el chofer de Emavías vendió a Coboin al menos 630 turriles de cemento asfáltico a un costo total de 756 mil bolivianos. La última venta se dio el 13 de mayo, solo horas después de que tres camiones grúa sustrajeron 93 turriles de los depósitos de la empresa municipal.
En la audiencia de medidas cautelares, la fiscal Sanjinés afirmó que, en el caso de la última compra de 93 turriles de cemento asfáltico, el 13 de mayo Chipana hizo tres transferencias virtuales a las cuentas del chofer de Emavías. En una primera transacción canceló 60.000 bolivianos, luego 48.000 y finalmente de 15.000, para un total de 123.000 bolivianos, que significa que pagó 1.322 bolivianos por cada uno.
Chipana fue imputado por receptación proveniente de delitos de corrupción y la pasada semana un juez determinó enviarlo a la cárcel de San Pedro por seis meses, con detención preventiva, mientras avanzan las investigaciones. En mayo, cuando Chipana dio su primera declaración, en la que negó conocer a Soria y no mencionó que compró el material desde 2022, la primera fiscal del caso, Wendy Gómez, determinó dejarlo en libertad, pese a que se contaban con los mismos indicios.
Robo sistemático
El excandidato a la Alcaldía de La Paz, Cesar Dockweiler (MAS), señaló que de verificarse que los 630 turriles vendidos por Soria a Coboin fueron hurtados de Emavías, se trataría de robo sistemático y planificado de los recursos municipales, pagados con los impuestos de todos los paceños. Mencionó que la investigación de la Fiscalía debe establecer la responsabilidad del alcalde Iván Arias, debido a que es el presidente del directorio de dicha empresa y que el Sindicato de Trabajadores presentó varias denuncias, incluso ante el Concejo Municipal, las que no fueron atendidas.
“Luego de revisar los documentos podría sintetizar un concepto, que la actual gestión municipal ingresó a asaltar a la ciudad de La Paz, no hay otra forma de poder expresarlo”, lamentó Dockweiler, quien también fue gerente de la empresa Mi Teleférico, en la gestión de Evo Morales. Asimismo, mencionó que existen varios elementos que podrían involucrar en estos hechos irregulares a los técnicos, lo que podría derivar en la intervención de Emavías.
“Creemos que además de que se hagan los adecuados procesos de fiscalización por parte del Concejo Municipal y el control social creo que Emavías debe ser intervenida para determinar con claridad la responsabilidad de todos los que han tenido que ver con los procesos irregulares de compra. Lo digo con claridad, porque solicitar informes técnicos al personal involucrado, no dará como resultados informes transparentes, sino que tratarán de encubrir estos hechos de corrupción”, sostuvo Dockweiler.
Exgerente involucrado
Soria y Chipana son dos de los cuatro detenidos que hasta el momento hay en este caso, junto a ellos también figura el encargado de almacenes de Emavías, Richard Flores y el exgerente, Mauricio Berdeja. Sin embargo, este último fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y peculado, debido a que los informes de la empresa que hace resguardo de los depósitos de Emavías, “G” Segurity, sostienen que fue éste autorizó a Soria y Flores para que retiren los últimos 93 turriles de cemento asfáltico, la madrugad del 13 de mayo, hecho que desencadenó las revelaciones.
Inicialmente el caso se inició el 17 de mayo ante la Fiscalía, por hurto agravado, y el propio Berdeja se constituyó en denunciante antes de ser alejado del cargo por el alcalde Arias, quien no tomó en cuenta las notas del Sindicato de Trabajadores de Emavías, que afirmaban que se trató de un “autorobo”, el que fue cometido por el mismo gerente, como lo insinuaba el informe de los guardias de seguridad. Los primeros detenidos fueron Soria y Flores, mientras que Chipana fue puesto en libertad por la fiscal Wendy Gómez, de la División Patrimoniales.
Caso de consorcio
No obstante, el caso dio un giro debido que la investigación pasó a manos de la fiscal Sanjinés en la División Anticorrupción y se comenzaron a dar las revelaciones. El primero en aportar con datos fue precisamente Soria, quien era conocido como el chofer particular de Berdeja.
Primero, al ser encarcelado, este prefirió acogerse a su derecho al silencio, pero en agosto, pidió dar su declaración y afirmó que efectivamente recibió órdenes de Berdeja para la sustracción del cemento asfáltico que luego vendió a Coboin, por el que estalló el escándalo. Mientras estos pasaba, el exgerente de Emavías organizó varias reuniones clandestinas con él y Flores, para pedirles que no revelen los detalles y que de ser procesados recibirían ayuda, pues él tenía contactos con altos funcionarios de la Policía y la fiscal Gómez.
Soria declaró que tanto Berdeja, la fiscal Gómez, el asistente de esta y una abogada particular le prometieron que solo estaría detenido un par de semanas y luego sería puesto en libertad, esto a cambio de 3.000 dólares, monto del cual solo pudo pagar 15.000 bolivianos. Pero el trato no se cumplió y tiempo después reveló que ese acuerdo se había hecho con la coordinación de un teniente de la Policía y Carolina Muro, esta última resultó ser “la pareja sentimental” de Berdeja y a su vez era asistente de otra fiscal, según la imputación que se presentó en su contra.
Llamadas y reuniones
“En fecha jueves 25 de mayo de 2023, en horas de la tarde, Josué Soria recibió una llamada de Mauricio Berdeja, quien le manifestó que no se escape (a Santa Cruz), que ya habría hablado con la fiscal Wendy Gómez, que no iban a arrestarlo ni cuatro horas, y que además habló con ‘Marcelo’, secretario de la fiscal Gómez. Todo esto se había hablado con su esposa, Carolina Muro, quien trabaja con la fiscal Sarina Guardia, de Trata y Tráfico”, es parte del texto que figura en la denuncia por consorcio que se abrió, derivado del robo de los turriles de cemento asfáltico.
Según la relación de hechos expuesta en el documento, Soria señaló como principal gestor del encubrimiento del robo de los turriles y el proceso de extorsión que sufrió, al exgerente de Emavías. Relató que desde el 15 de mayo recibió al menos cinco llamadas y asistió a tres reuniones convocadas por Berdeja, quien dictó las acciones que debían seguir él y el exencargado de almacenes, aseguró que los 15.000 bolivianos fueron entregados en un acto de desesperación de su madre.
La declaración de Soria derivó en el inicio de un segundo caso, por el delito de consorcio, proceso en el cual se aprehendió a todos los mencionados, incluidas la fiscal Gómez y la abogada particular Mariel Méndez, quien sorpresivamente también participó como defensa de Chipana. Todos fueron beneficiados con detención domiciliaria, pero aún está pendiente la audiencia de Berdeja.
“He declarado y voy a seguir coadyuvando con las investigaciones. Lastimosamente el Ministerio Público me está implicando por la declaración de un delincuente”, declaró Berdeja a los medios de comunicación, el momento que era conducido a celdas policiales. Rechazó la versión de Soria y negó haber dado la orden de salida del material.
Falta de fiscalización
Para Dockweiler, el intrincado proceso que revela una serie de nexos y acciones que involucran hasta el gerente de Emavías, confirma que el alcalde Iván Arias se rodeó de un equipo de trabajo que busca el beneficio personal, puso en duda que estos cumplan con los requisitos académicos y la experiencia requerida para ocupar cargos gerenciales y técnicos, en las empresas municipales.
Asimismo, el gerente de Mi Teleférico, extendió la sospecha sobre el trabajo del personal técnico, debido a que el presunto robo sistemático del cemento asfáltico debió ser de conocimiento de ellos, bajo dos teorías. La primera, que al ser los responsables de calcular la cantidad de material que se requiere para el asfaltado de una calle, estos solicitaban más turriles de los que se necesitaban y de esta forma no se notaba la falta de los que eran sustraídos para ser vendidos a Coboin.
La segunda teoría, es que los técnicos responsables de las obras, cumplían con el asfaltado de calles utilizando menos material del requerido, tomando en cuenta que parte de los turriles eran vendidos, lo que lleva a suponer la mala calidad de las obras y su pronto deterioro. Bajo esa segunda sospecha, se presumen también que este era el modo en el que se generaba un círculo vicioso de compra del material.
Otro aspecto que Dockweiler pide que se investigue, es la calidad del cemento asfáltico que compra Emavías, pues según datos proporcionados por los mismos trabajadores, este material no cumple con los requerimientos para asfaltar calles de alto tráfico como las de La Paz. En esa línea, lamentó la falta de fiscalización del Concejo Municipal, cuyos miembros, tanto oficialistas como opositores, no han accionado los mecanismos administrativos necesarios para transparentar estos temas.
“Llama muchísimo la atención de que, con bombos y platillos, utilizando las redes sociales, el Tik Tok, algunos concejales se dan el lujo de hacer denuncias, pero no dan seguimiento a las mismas. No solo se trata de aparentar una fiscalización mediática, sino de lograr resultados en este tipo de investigaciones. Estos concejales afirman que hay un desfalco a la Alcaldía de La Paz y lanzan otras acusaciones; uno podría pensar que hay alguien que cumple con la labor de fiscalizar el trabajo del Ejecutivo, que llegarán hasta las últimas instancias, sin embargo, cuando se revisa los documentos el vecino de esta ciudad se da cuenta de que sólo se trató de un show mediático”, concluyó.