1️⃣ El 21 de julio de 2021, Arce promulgó el D.S. 4546 que establecía la fecha del Censo para el 16 de noviembre de 2022.
2️⃣ El 27 de marzo de 2022, el Director del INE, garantiza el Censo 2022 técnica y financieramente.
3️⃣ El 13 de abril de 2022, la Ministra de Planificación, garantiza el financiamiento externo para el Censo 2022.
4️⃣ El 9 de mayo de 2022, renuncia el Director del INE por «motivos de salud».
5️⃣ El 9 de junio de 2022, renuncia la Ministra de Planificación por «motivos personales» y Arce posesiona un nuevo Ministro.
6️⃣ El 15 de junio de 2022, el Senado aprueba el crédito FONPLATA para el Censo 2022.
7️⃣ El 23 de junio de 2022, el nuevo Ministro de Planificación, ratifica la realización del Censo en noviembre de este año.
8️⃣ El 8 de julio de 2022, el Senado sanciona préstamos del BID por 100 millones de U$ para la realización del Censo 2022.
9️⃣ El 12 de julio de 2022, el Consejo de Autonomías»pide» la postergación del Censo 2022. (Cuando ya todo estaba listo y garantizado).
🔟 El 14 de julio de 2022, Arce posterga por Decreto (4760) el Censo a mayo o junio del 2024.
Como verán, exigir la realización del Censo el 2023, no es un capricho de unos cuantos. El Gobierno garantizó el Censo para este año y en cuestión de menos de 4 meses «cambió de opinión» y lo postergó por 2 años utilizando como respaldo no argumentos técnicos o financieros, sino un documento firmado por 5 de sus Ministros y 8 Gobernadores que prefieren hacerle la venia al centralismo antes que exigir que se cumplan los derechos de sus regiones.
Ni Arce, ni la Ministra de la Presidencia ni el nefasto Vocero Presidencial han sido capaces de producir un solo argumento coherente o técnicamente veraz.
No se escudan en leyes y mucho menos en explicaciones técnicas, simplemente inventan encuentros, que insisten en llamar diálogos, que no son más que reuniones de levanta manos que operan por intereses personales y partidarios.
El Censo es el primer paso hacia un padrón electoral transparente, el pacto fiscal y la redistribución de escaños parlamentarios. A eso le tiene terror el MAS, saben que una vez que se conozcan los resultados, no va a haber marcha atrás para, por ejemplo, terminar de probar de una vez por todas, que el 2019 hubo fraude.
El Estado Central administra más del 80% de los recursos del país y decide a discreción como se distribuyen. El MAS necesita sino los 2/3, por lo menos la mayoría en la Asamblea, y eso solo lo puede conseguir con representación en los lugares donde asumen que van a ganar en una eventual Elección.
Es así de claro el asunto. No van a ceder. No pueden llegar a las Elecciones Generales del 2025 con la amenaza de un padrón saneado, recursos económicos descentralizados y menos diputaciones «seguras», porque saben que sería cuestión de tiempo para que pierdan, por fin, su poder absoluto.