La activista de Derechos Humanos, Jhanisse Vaca, que visitó a un preso político en La Paz, fue grabada en puertas del penal de San Pedro por un hombre que se presentó como Grover Quenallada y se hizo pasar como comunicador de radio Libertad de El Alto, FM 97.
Carlos Quisbert / La Paz
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron un pronunciamiento para denunciar la presencia de “infiltrados”, que se hacen pasar por periodistas, “para realizar tareas de inteligencia y seguimiento a defensores de Derechos Humanos”. Como antecedente se tiene el caso del Director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Marco Antonio Cuentas, que usaba credencial de periodista para difamar el trabajo de los comunicadores durante el conflicto cocalero en 2022.
“Estas tácticas atemorizantes son propias de gobiernos dictatoriales, no democráticos, y demuestran que el derecho de asociación, de circulación, de prensa y de expresión están en riesgo”, advirtieron hoy, en un comunicado, la ANPB y la APLP.
De acuerdo al pronunciamiento, el 8 de diciembre, la activista de Derechos Humanos y el medio ambiente, directora de la ONG Ríos de Pie, Jhanisse Vaca Daza, fue filmada por un supuesto integrante de inteligencia al su salía de la cárcel de San Pedro, en La Paz, luego de la visita que ella hizo al expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación de Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, para verificar su estado de salud y las condiciones de su reclusión, ante las denuncias sobre la vulneración de sus derechos por el sistema judicial y Régimen Penitenciario.
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Al percatarse de que un hombre la filmaba desde la acera de enfrente, en la plaza Sucre, Vaca se acercó a éste para preguntarle por qué registraba imágenes de su salida del recinto carcelario. El mismo respondió que era periodista. El hecho quedó grabado en un video donde se muestra el rostro del sujeto.
“Se identificó como Grover Quenallata y aunque no mostró ninguna credencial ni ningún documento de identidad, aseguró que trabaja en radio Libertad de El Alto, FM 97. Sin embargo, luego de consultar a la Asociación de Radiodifusoras de Bolivia (Asbora), se informó que no hay registro de esa organización”, señala el comunicado.
Se explicó que la única radio con ese nombre está ubicada en los Yungas de La Paz y su jefe de prensa, en contacto con la APLP, señaló que “Grover Quenallata” no trabaja en ese medio de comunicación.
Por otro lado, las asociaciones de periodistas tampoco hallaron un perfil de periodista con ese nombre en Facebook “ni en ninguna otra red social. Asimismo, la ANPB verificó que no figura en ninguno de los grupos a través de los cuales los periodistas se contactan para realizar la cobertura informativa”, dice el documento.
Presiones para inculparse
El dirigente cocalero está recluido desde septiembre de 2022 y al momento sufre la parálisis de medio cuerpo, a consecuencia de una embolia. Según Vaca, Apaza le pidió denunciar ante las autoridades del país y a nivel internacional, que sufre la vulneración de sus derechos, al no permitirle el acceso a una atención médica especializada, sin medicamentos ni fisioterapia, que lo hace depender de otros presos para realizar cualquier actividad, desde caminar hasta hacer uso del baño.
Pese a que una juez ordenó una investigación por la aprehensión ilegal cometida por policías contra Apaza y la Defensoría del Pueblo emitió un informe, sobre los actos de tortura que sufrió el dirigente -cuyas secuelas influyeron en el ataque de embolia que sufrió-, hasta el momento no existen funcionarios sancionados. Vaca considera al cocalero otro más de los presos políticos en el Gobierno de Luis Arce.
Pero además de la violación a su derecho de acceso a la atención médica, Apaza también denunció que cada semana recibe la visita de funcionarios del Ministerio de Gobierno, quienes lo someten a presiones para que se inculpe y admita la comisión de delitos que no cometió; el “chantaje” contra el cocalero consiste en que este se someta a un juicio abreviado, a cambio de su pronta libertad para acceder a la atención médica que necesita. El dirigente de los Yungas ha rechazado esta presión y por medio de Vaca pidió: “Por favor, salven mi vida”.
El cocalero es parte de los más de 20 procesados por la quema del mercado ilegal de coca, que en septiembre de 2022 fue tomado por los socios de Adepcoca. Dichas oficinas, abiertas por Arnold Alanes, dirigente afín a Evo Morales, funcionaban en la calle 1 de Villa El Carmen, ante la actitud pasiva del Ministerio de Desarrollo Rural y el Ministerio de Gobierno.
“Por lo expuesto, consideramos que es un hecho de extrema gravedad que, por segunda vez, una persona bajo sospecha de realizar tareas de inteligencia se infiltre en la cobertura de prensa y encubra su verdadera misión con la de un periodista”, señala el comunicado de la ANPB y APLP.
Miembro de Columna Sur
Este es el segundo caso conocido sobre funcionarios del Gobierno que pretenden infiltrase usurpando la identidad de periodistas, con el fin de recolectar información de opositores y difundir información distorsionada. En 2021, precisamente en el conflicto entre cocaleros del MAS y los socios de Adepcoca, el director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Marco Antonio Cuentas, fue identificado como líder de un grupo de parapolicial que se dedicaba a arrojar dinamitas y golpear a los manifestantes en la zona Villa Fátima.
Un año después, en septiembre de 2022, Cuentas fue sorprendido, nuevamente, cuando se hacía pasar como periodista de la página de fanáticos de “La Zurda Radio”, en Facebook, dirigida por otro funcionario del Ministerio de Gobierno, Gabriel Rodríguez Olivera. Durante las transmisiones en vivo que realizó Cuentas, daba indicaciones a los policías sobre dónde posicionar los drones y así ubicar a los socios de Adepcoca, pero, además, con un discurso radical, desprestigiaba el trabajo de los periodistas que hacían la cobertura en ese momento de riesgo
Cuentas acusaba a los periodistas de Red UNO y Unitel, entre otros, de desmerecer el trabajo de represión de la Policía. Cuentas y Rodríguez son parte de una célula radical del MAS, autodenominada “Jichis”, que a su vez es parte de la facción Columna Sur, en la cual se formó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. En la misma agrupación figura, por ejemplo, la exsenadora, Adriana Salvatierra.
Rechazo
“La ANPB y la APLP rechazamos que agentes de seguridad del Estado tomen el puesto de un periodista para cometer actos arbitrarios e impunes que violan los Derechos Humanos y atentan contra la integridad de las personas. Recordamos que la suplantación de identidad de terceras personas es un delito que se agrava con la falsificación de funciones profesionales”, concluye el pronunciamiento de las organizaciones que representan a los trabajadores de la prensa.