- La Caja Petrolera se resiste a cumplir con el beneficio que les asiste a los hijos de los asegurados a la CPS. Los padres de familia de los niños afectados por la interrupción de sus terapias están decididos a tomar acciones de hecho.
Alrededor de medio centenar de niños y adolescentes con discapacidad, hijos de asegurados a la Caja Petrolera de Salud de Santa Cruz, están siendo afectados por la suspensión de las terapias especializadas a las que tienen derecho, una medida tomada otra vez por los directivos de la CPS, según confirman Eva Mollo y Alfonzo Cabrera, voceros de los padres de familia de los niños y adolescentes afectados.
Eva y Alfonzo compartieron hoy, en la conversación sostenida con Maggy Talavera, detalles de un drama que enfrentan desde inicios del año pasado, tras conocer -sin previo aviso- la decisión arbitraria tomada por el directorio de la CPS de suspender las terapias especializadas, en base a un protocolo nuevo elaborado por el personal de la misma Caja Petrolera, en el que dejan fuera del beneficio a todos los niños mayores de siete años.
La decisión está contenida en una resolución de Directorio identificada con el número 96/2020, aunque ya había un antecedente denunciado en diciembre de 2019, cuando el directorio de la CPS da el primer paso para la suspensión. Los padres de familia solo se enteraron de la misma a mediados del año pasado.
La CPS no tiene capacidad para prestar esa atención especial, por lo que recurre, con respaldo legal, a la contratación de servicios particulares para cumplir con el mismo. Ya el año pasado había decidido no renovar contratos, pero un Recurso de Reclamación presentado por los padres de familia ante el director de la CPS, que de no ser atendido amenazaba convertirse en amparo constitucional, obligó a la CPS a dar un paso atrás y a renovar los contratos. Los mismos vencieron otra vez en septiembre pasado y, tal como ocurrió en 2020, no fueron renovados.
“Fue muy duro”, recordó Cabrera en la conversación de hoy al detallar cómo fue la reunión sostenida finalmente con las autoridades de la CPS el año pasado. “Una de las doctoras llegó a insinuar que era una pérdida de dinero cubrir las terapias para los niños mayores de siete años”, dijo con un tono marcado por una mezcla de tristeza con indignación. Según las normas que rigen a la CPS y otras vigentes en lo que respecta a este tema, la cobertura comprende a una población que va de 0 a 18 años. ¿De dónde se sacan esa barrera de los siete años?, insistió Cabrera.
Pero el problema, de acuerdo a los testimonios de Eva, Alfonzo y otros padres de familia que compartieron sus experiencias a través de la transmisión al vivo de esta conversación, parece tener un origen más antiguo y, también, más alarmante. Todos coinciden en un punto central: desinformación. Todos aseguran no haber sido informados oportunamente, tras el nacimiento de sus hijos con discapacidad, acerca del beneficio que deben recibir por ser asegurados a la Caja Petrolera. En algunos casos, incluso no fueron informados sobre los daños cerebrales u otros con los que nacieron sus hijos.
Es el caso de Eva Mollo, que acudió a la CPS para dar a luz por tercera vez. Fue un parto múltiple -tuvo trillizas- y prematuro. Solo seis meses después del parto Eva supo que dos de sus tres niñas habían sufrido daño cerebral, Luz Valentina en un grado menos severo que el de Lara Valentina, cuño daño fue total. Seis valiosos meses en los que las niñas no recibieron la atención especializada y de urgencia que necesitaban, lo que sin duda impactó negativamente aun más en el desarrollo de ambas.
El caso de la familia Cabrera fue distinto, aunque el drama vivido luego es similar al de la familia de Eva Mollo y de otras que no dudaron en compartir sus experiencias. Alfonzo recuerda cómo su esposa padeció más de un día en el trabajo de parto y, pese a haber acudido el mismo 6 de mayo de 2014 a la Caja para dar a luz, no fue atendida, fue despachada a su casa y solo al día siguiente, bajo presión y exigencia de Alfonso, fue atendida, internada y dio a luz a Patricio que, lamentablemente, ya había tenido sufrimiento fetal. Solo que al igual que en los casos ya mencionados, solo tuvieron conocimiento del daño sufrido por Patricio mucho tiempo después.
Inevitable la pregunta: ¿cómo es posible que los médicos responsables de atender el parto, las primeras atenciones pos-parto e incluso las consultas pediátricas periódicas no hubieran percibido los daños sufridos por estos niños, informando de los mismos a los progenitores? ¿Ignorancia, negligencia o mala fe? Queda la duda.
Lo que está claro hoy es que hay un problema muy grave en este momento en la CPS, planteado por los padres de familia de niños con discapacidad, asegurados a la Caja Petrolera, y que tiene que ver con el incumplimiento de un servicio obligado por ley y por las normas que regulan al Seguro Social que presta la CPS, referido a las terapias especializadas para niños y adolescentes con discapacidad. Terapias especializadas que no significa lo mismo que terapias de estimulación temprana, como aclaró Cabrera.
Los padres de familia ya han recurrido al Defensor del Pueblo y a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo para que intervengan en el caso, dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo justo con el Directorio de la CPS, al que ya le han enviado más de tres cartas, ninguna con respuesta, lamentaron Eva y Alfonzo. En caso de no tener una respuesta hasta este lunes 18 de octubre, misma que debe pasar por la restitución de las terapias especializadas para todos los niños y adolescentes con discapacidad, hijos de asegurados a la CPS, los padres de familia tomarán otras medidas, adelantaron Eva y Alfonso
Compartimos al pie de esta nota la carta más reciente enviada por los padres de familia a los directivos de la CPS, en la que se detallan las obligaciones de la Caja y el impacto negativo que su incumplimiento provoca en la salud de los niños y adolescentes con discapacidad.
