Política Seguridad

Vocal del TSE: La Asamblea “ha fracasado” con la ley para las elecciones judiciales

Técnicamente el proceso debió iniciar hoy. El proyecto aprobado en el Senado prevé que la posesión de los nuevos magistrados se de a mediados de febrero de 2024, lo que origina una serie de cuestionamientos por elementos como la suspensión de plazos procesales.

Vocal del OPE, Tahuichi Tahuchi Quispe, afirmó que las elecciones judiciales ya no pueden realizarse en diciembre de este año / Foto: Gigavisión

Por Carlos Quisbert / Periodista

“Debo ser contundente, la Asamblea Legislativa ha fracasado en el envío de la lista de los 96 preseleccionados”, fue la dura afirmación que lanzó ayer el vocal del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Tahuchi Tahuichi Quispe, en relación a que la elección judicial para nuevos magistrados no se podrá realizar en diciembre y que el proyecto de ley, aprobado en la Cámara de Senadores, no contempla los tiempos necesarios para organizar los comicios.

Con sus declaraciones, el vocal del OEP, confirmó que todo el proceso de preselección de postulantes, la socialización de las elecciones, el perfil de los candidatos y la realización de los comicios están demorados al menos 45 días. Este retraso genera dudas sobre temas como el desarrollo de las vacaciones judiciales en 2023, la suspensión de plazos procesales y la inauguración del año judicial en 2024.

Fracaso

“Ha fenecido el plazo que otorgó el Órgano Electoral a la Asamblea para que pudiera entregarnos la lista de los 96 candidatos preseleccionados para el Órgano Judicial y el TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional), en todo caso, podríamos decir, en pocas palabras, que la Asamblea Legislativa ha fracasado en el envío de esa lista”, remarcó ayer Tahuichi.

El vocal afirmó que según el artículo 77 de la Ley 026 de Régimen Electoral, el OEP tiene al menos 150 días para organizar las elecciones judiciales. Sin embargo, dicho artículo precisa en su inciso a) que, la “etapa de postulación (preselección)”, que está a cargo de la Asamblea Legislativa, tendrá una duración de 60 días; en el inciso b) se menciona que la “organización y realización de la votación”, que sí corresponde al OEP, solo tiene una duración de 90 días.

El vocal Tahuichi es la primera autoridad en confirmar que las elecciones judiciales ya no podrán realizarse en diciembre de 2023, debido a que la Asamblea Legislativa no inició con la preselección y habilitación de los 96 postulantes requeridos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y el TCP. El mandato de las actuales autoridades fenece el 3 de enero de 2024.

De la misma forma, Tahuchi criticó que el proyecto de “Ley transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024”, aprobado en la Cámara de Senadores la pasada semana, no fue consensuado con el OEP. “No nos han invitado, no nos consultaron para ese proyecto de ley, sobre el tiempo que se requiere” para organizar las elecciones judiciales, afirmó el vocal.

Cuestionó que el proyecto aprobado solo otorga los 90 días que señala la ley 026, debido a que, en mayo de este año, se “comunicó de forma oficial” a los legisladores, que el OEP requiere al menos 150 días para organizar los comicios judiciales.

Según el texto del proyecto de ley aprobado en el Senado, con apoyo de los legisladores de Comunidad Ciudadana, Creemos y las dos vertientes del MAS, evistas y arcistas, todo el proceso de elección de nuevos magistrados debería iniciar a mediados en las siguientes semanas, para culminar con la posesión de las nuevas autoridades, en febrero de 2024.

Asimismo, en relación a la crítica por la prórroga que se daría en favor de los actuales magistrados, el inciso III de la disposición sexta del proyecto de ley, señala que se suspenden todos los plazos procesales para las causas que se encuentran en trámite en el TSJ, Magistratura, Tribunal Agroambiental y el TCP.

Este elemento es considerado anticonstitucional por varios diputados de oposición que, al contrario de sus colegas senadores, ya anunciaron el rechazo de la norma, lo que provocaría que los actuales magistrados se prorroguen por más tiempo o que se amplíe el tiempo de la suspensión de plazos procesales.