Aboga por que en Bolivia se respete la independencia de poderes. Sin embargo, el Órgano Electoral confirmó el “fracaso” del trabajo de los legisladores y que este año ya no habrá comicios, como prevé la ley. En tanto, el TSJ y el TCP dilatan aún más el tratamiento del tema.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado especial, dirigido a Bolivia, en el que urge a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que allanen las vías políticas y administrativas para garantizar la realización de las elecciones judiciales. La instancia internacional, aboga por la independencia de poderes y el funcionamiento correcto del sistema de justicia, tan cuestionado en el país.
“La CIDH expresa su preocupación ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección de las autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia. En este escenario, urge al Estado, en particular a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos”, señala el comunicado emitido por el ente internacional desde su sede, en Washington D.C. Estado Unidos.
La CIDH remarcó que según la Constitución Política del Estado (CPE), la elección de altas autoridades del sistema de justicia está basada en el sufragio universal y que, conforme al cronograma establecido, esta debía realizarse en 2023 para que los nuevos magistrados asuman sus cargos en enero de 2024.
Fracaso de la ALP
“Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha anunciado la imposibilidad de realizar este proceso electoral en 2023, debido a que la ALP no ha finalizado la preselección de candidaturas y remitido las listas correspondientes al TSE para la organización de las elecciones. Al respecto, el Estado informó que, en este proceso, se han presentado acciones constitucionales para garantizar el debido desarrollo del proceso electoral”, menciona otra parte del comunicado.
Sobre ese punto, hace tres semanas, el vocal del TSE, Tahuchi Tahuchi Quispe, declaró: “Debo ser contundente, la Asamblea Legislativa ha fracasado en el envío de la lista de los 96 preseleccionados”. En esa línea, la CIDH observó que el proceso de preselección de candidos, a cargo de la ALP, ha estado marcado por la ausencia de consensos entre las distintas fuerzas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional.
“Si bien la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley el 30 de agosto -que refleja los consensos políticos y agilizaría las elecciones- a la fecha, no se ha convocado a sesión en la Cámara de Diputados para la revisión y aprobación final de este proyecto”, menciona el comunicado de la CIDH. Asimismo, observa que no se ha atendido el pedido de las organizaciones de la sociedad civil y representantes de las distintas fuerzas políticas, que exigen la atención prioritaria a dicho proyecto, con el fin de garantizar el proceso electoral.
La Comisión Interamericana recuerda que, según los estándares interamericanos, los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales. Estos procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social. Además, es imperativo que estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación, a fin de generar confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
Pese a esas recomendaciones, los magistrados del TSJ y del TCP, dilatan aún más el proceso de aprobación de la Ley para las elecciones judiciales, debido a que se han planteado consultas constitucionales que demoraran al menos otros 45 días el tratamiento en la Cámara de Diputados. El Pleno del TSJ también ha hecho conocer sus observaciones ante el ente legislativo.
“Existe duda razonable que el referido proyecto de Ley Nº 144/2023-2024, en cuanto hace especialmente a lo previsto en el artículo 2 y la Disposición Adicional Sexta del referido instrumento legal es contrario a lo previsto en los artículos 7, 9, 4, 12, 178 de la Constitución Política del Estado (CPE)”, señala parte de la carta enviada por el presidente del TSJ, Ricardo Torres, al presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui (MAS).
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.