Pedirán que la exinterventora, Larisa Fuentes, sea una de las primeras personas convocadas a declarar. En la lista también están fiscales, jueces y personal de Régimen Penitenciario.
Por Carlos Quisbert / Periodista
La familia de Marco Antonio Aramayo Caballero presentó una denuncia penal para dar con los autores de la tortura y vejaciones que sufrió el exdirector del Fondo Indígena, durante los siete años que estuvo preso y que provocaron su muerte. La defensa espera que se sancione a los funcionarios del gobierno de Evo Morales, quienes abrieron al menos 216 casos, en relación al desfalco que se cometió contra esa entidad, un hecho que Aramayo denunció y por el que nunca se procesó a los verdaderos responsables.
“Se presentó la denuncia ante la Fiscalía por la tortura y vejaciones que sufrió durante su encarcelamiento por el denominado caso Fondo Indígena. Se debe establecer quiénes permitieron la manipulación de la cual fue víctima, como si se tratase de un objeto, cuando fue llevado de una cárcel a otra y todas las vejaciones que provocaron su muerte”, informó a Periodismo sin Photoshop el abogado Héctor Castellón. Explicó que, entre muchos otros documentos, la denuncia tiene el respaldo de un estudio elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI).
El caso de corrupción
Aramayo falleció en abril de 2022 luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio que derivó en una falla multiorgánica. Su cuadro de salud fue el resultado de la acumulación de diversas enfermedades que sufrió durante los siete años de encierro en el penal de San Pedro y la persecución judicial que padeció al ser llevado de un departamento a otro, en el marco de todos los procesos penales que se le siguieron.
Asumió la dirección del Fondo Indígena en 2013 y un año más tarde presentó un informe que reveló que la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo Tola, autorizó el desembolso de Bs 575 millones, provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para el supuesto financiamiento de 1.032 proyectos productivos. El informe detallaba una gran deuda y la quiebra técnica del Fondo Indígena.
Castellón informó que la denuncia se planteó para que se dé con los autores intelectuales y materiales de la tortura física y psicológica que sufrió Aramayo, según lo establece el estudio del ITEI. En criterio del abogado, entre los responsables de la tortura y vejaciones están jueces, fiscales, policías, funcionarios del Fondo Indígena, Régimen Interior e incluso de ministerios como el de Desarrollo Rural y el de Justicia.
“Llama la atención que ni el Ministerio de Gobierno ni ninguna otra entidad haya activado ninguna investigación por las circunstancias en las que murió Marco Aramayo, pese a que se denunció todos estos extremos y hace más de un año de su muerte”, manifestó Castellón. En su denuncia, la familia planteó que se debe investigar y sancionar a quienes dilataron y permitieron que el caso del Fondo Indígena dure más de siete años, cuando la norma señala que la investigación y un posible juicio con sentencia debían darse en un plazo máximo de tres años. En criterio de Castellón, ese hecho fue uno de los principales factores que dieron lugar a las vejaciones que Aramayo sufrió.
Cartas
Además del estudio del ITEI, la familia también entregó copias de todas las denuncias que Aramayo presentó en vida ante diferentes entidades, en relación a las irregularidades cometidas en los procesos judiciales y la tortura física de la que él era víctima. Entre los documentos con los que se busca probar la responsabilidad de los funcionarios, también figuran notas manuscritas dirigidas a las comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y Senadores, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y la Defensoría del Pueblo. Ninguna fue atendida.
Asimismo, figuran cartas dirigidas a los responsables del Fondo Indígena, tanto en la etapa de intervención y liquidación, durante los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce. “También se presentó copias de las acciones de libertad que presentó Marco Aramayo junto a varios informes que se emitieron, todo esto para demostrar cuál fue la actitud de la defensa, versus la actitud pasiva de los representantes de todas las entidades que estaban llamadas a defender los derechos humanos”, explicó Castellón.
Acusados
En su denuncia, la familia de Aramayo señala con especial interés, la participación de la exinterventora del Fondo Indígena, Larisa Fuentes, “porque ella es quien ha perpetrado esta macabra y maquiavélica estrategia de desatención de la investigación. Ella era la encargada de la intervención y la liquidación del Fondo Indígena, cuyos recursos debieron ser saneados, pero la continuidad de esa maniobra distractora dio lugar a la tortura judicial que vivió Marco Aramayo”, sostuvo el abogado.
En la lista de personas que deben comparecer, según la denuncia, también figuran fiscales, jueces y policías custodios de Régimen Penitenciario. Castellón remarcó que Aramayo, a quien consideró un gran amigo durante los siete años que estuvo en la cárcel, fue procesado por el Gobierno debido a que “tuvo el coraje” de denunciar el desfalco cometido con la autorización de ministros de Estado y dirigentes campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), representantes del denominado Pacto de Unidad.
En febrero de 2015, tras ser destituido del cargo, Aramayo enfrentaba más de un centenar de denuncias penales, la mayoría iniciadas por el Gobierno, todas por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. El caso tomó relevancia no solo por el millonario daño económico causado, sino porque se descubrió que parte del dinero desfalcado fue a dar a la campaña electoral del MAS para la reelección de Evo Morales.
Además de que el Gobierno se ensañó con las denuncias penales contra quien reveló desfalco, la sociedad criticó el direccionamiento que la Fiscalía dio a las investigaciones, que dejó impunes a técnicos, dirigentes campesinos afines al MAS y mandos políticos del Ejecutivo, principalmente a Nemecia Achacollo.
