Aun está pendiente la segunda parte del proceso, llamado caso terrorismo II.
El Tribunal de Sentencia Primero del Distrito Judicial de La Paz declaró ejecutoriada la sentencia 01/2020, que absolvió a 12 imputados por “terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado”. La imputación la hizo la Fiscalía de La Paz en 2011, pero el caso inició en abril de 2009, antes incluso del asalto de la UTARC al Hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra, perpetrado el 16 de abril de ese año.
En ese asalto, los policías de la UTARC ejecutaron al boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores, al húngaro rumano Árpád Magyarosi y al irlandés Michael Martin Dwyer, a la vez que detuvieron a Mario Tadic, boliviano-croata, al húngaro y Elod Tóásó, húngaro.
El Auto Interlocutorio de Ejecutoría, que corresponde a la Resolución 34/2020 del mismo Tribunal, fue aprobado el pasado martes 16 de junio y lleva la firma de los jueces Sixto Fernández y Elena Julio Gemio. El mismo constituyen una primera parte del final de uno de los casos más escandalosos en el gobierno del expresidente Evo Morales, marcado por graves violaciones a los derechos humanos y a la normativa legal nacional e internacional.
En la absolución dictada por el juez Fernández en febrero pasado pesó no solo el retiro de los dos ministerios como parte acusadora, sino también la renuncia de las dos juezas ciudadanas que conformaban el Tribunal. Una de ellas, Sonia Mamani, llegó a denunciar pagos ilícitos realizados por funcionarios del Ministerio de Gobierno en la anterior gestión “para manipular el proceso”. Asimismo, la condena de un abogado por extorsión y otra contra el considerado “fiscal estrella” del caso, el exfiscal Soza.
La absolución libra de todo delito y pena a 12 personas, las únicas que quedaron dentro del caso que inició con una acusación contra 39 personas. De estas, 22 terminaron yendo a juicio oral en 2012, de las cuales cuatro fueron separadas luego del caso por razones de salud y otras seis se acogieron a procesos abreviados. Entre estos últimos, Ignacio Villa Vargas, uno de los presentados por la Fiscalía al inicio como “testigo clave” y que terminó revelando haber sido un infiltrado del Gobierno.
Por este caso, la Fiscalía acusó formalmente a 39 personas, de las cuales, 22 fueron a juicio oral iniciado en 2012, cuatro fueron separadas por razones de salud y seis se acogieron al proceso abreviado.
Caso Terrorismo II, pendiente
Aun está pendiente de resolución el caso Terrorismo II, abierto por la misma fiscalía que estaba a cargo de Marcelo Soza, exfiscal sentenciado luego por corrupción y prófugo de la justicia boliviana.
Para que esta segunda parte también sea cerrada, tanto el Ministerio de Gobierno como el Ministerio Público deben repetir la actuación vista a inicios de este año en el caso Terrorismo I: retirar la acusación sostenida por ambos ante el Tribunal de Sentencia Quinto de La Paz. En este caso, con más elementos aun, como el de máxima duración de la causa. Esta fue formalizada como denuncia en 2010 y como acusación solo en 2015, pero desde entonces hasta la fecha nunca hubo una sola audiencia.
En el caso Terrorismo II hubo 14 acusados, uno de los cuales ya falleció y en el que hay tres mujeres entre las 13 personas aun dentro del proceso.
Extraoficialmente se conoce que tanto el Ministerio de Gobierno como la Fiscalía están decididos a retirarse como parte acusadora, bajo los mismos argumentos presentados en el caso Terrorismo I, y que la acción solo demoró porque la administración de Justicia en La Paz estaba paralizada, por efecto de la pandemia del COVID-19.