Cuatro abogados presentaron el 29 de junio una Acción Popular contra las cuatro autoridades que han propuesto, sancionado y promulgado la Ley 1304, mediante la cual se convoca a elecciones generales para el 6 de septiembre próximo. El 1 de julio debían conocer si la Acción había sido admitida o no, pero curiosamente el pasado lunes 6 se enteraron que “desaparecieron” las 36 fojas adjuntadas como pruebas. Este jueves 9 han presentado nuevamente toda la documentación.
Pedro Gareca, María Teresa Rivero de Cusicanqui, Tathiana Echalar y Alberto Morales son los firmantes de la Acción, que fue presentada ante Sala Constitucional de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presidida hoy por la Dra. Blanca Alarcón.
La Acción es contra la presidenta Jeanine Añez Chávez, los presidentes del Senado, Eva Copa Murga, y de Diputados, Sergio Choque Siñani, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero Ballivián, todos ellos autores de una ley y de acciones que de hecho “amenazan, ponen en riesgo y vulneran el Derecho Colectivo a la Salud Pública de la población boliviana, vinculado directamente con el Derecho a la Vida”.
A lo largo de las veinte páginas que sustentan la Acción Popular, los abogados abundan en argumentos constitucionales e informes epidemiológicos que dan cuenta del impacto de la pandemia del COVID-19 en Bolivia, el mismo que será mayor en los próximos tres meses, incluido septiembre, con una proyección estimada en más de 130.000 personas contagiadas y miles de muertos.
Una evidencia dejada de lado por el presidente del TSE, Salvador Romero, al momento de elaborar un proyecto de ley que sobrepuso el interés y derecho político a los derechos a la vida y a la salud de los bolivianos, afirman los demandantes.
Señalan que “es sorprendente que Salvador Romero, en oportunidad de informar a las Cámaras de la Asamblea Legislativa, dijera que el TSE garantizaba una elección con solidez técnica, imparcialidad política y con protección a la salud, cuando el sábado (27 de junio) confiesa que en esa oportunidad no tenía ningún plan de bioseguridad, ni los recursos para sostener su temeraria afirmación de protección de la salud”.
Para los cuatro abogados, no hay duda: Romero “sólo tiene intención de llevar adelante las Elecciones Generales, bajo cualquier condición y a cualquier costo, sin importarle la salud como bien público o colectivo y la vida de los bolivianos, un hecho gravísimo”. De ahí la afirmación de que este no es sino un acto “arrogante y peligroso”.
Pero no solo el presidente del TSE es responsable de ese acto “arrogante y peligroso”. Del mismo son responsables también los vocales de Sala Plena del TSE que aprobaron dicho proyecto de ley, así como los presidentes de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa y la presidenta del gobierno de transición, reiteran tres de los cuatro abogados con los que pudimos conversar este jueves, en Conversando con Maggy Talavera.
En el caso de Eva Copa y Sergio Choque, con el agravante de haber aprobado una ley sin contenido, sin haberla sometido a debate y sin haber convocado antes a la ministra de Salud, para que diera un informe sobre la pandemia.
El caso de la presidenta Añez no es menos grave, tal como lo exponen con claridad Rivero, Gareca y Echalar en la entrevista. Añez se limitó apenas a ejercer su derecho a petición, a través de la carta enviada inicialmente a Copa, con algunas observaciones. Pero luego dijo haberse visto obligada a ceder ante la presión de dos candidatos presidenciales (Carlos Mesa y Luis Arce), justificando así la promulgación de la Ley 1304, el 21 de junio.
“La presidenta tenía dos vías o recursos constitucionales para frenar la ley”, dice Gareca: “primero, el veto o la impugnación de la misma; y segundo, en caso de que Copa hubiera cumplido su amenaza de promulgarla como presidente del Senado, recurrir a la demanda de inconstitucionalidad de la ley”. Añez optó por renunciar a ambas.
Pero no solo estos antecedentes, que llevaron a que la Ley 1304 entrara en vigencia, son vergonzosos y sorprendentes. Por si no bastaran las razones que obligaron a esta Acción Popular contra esas cuatro autoridades, están apareciendo otras que aumentan aun más la preocupación sobre las amenazas que acechan a la resquebrajada democracia boliviana
Resulta que desaparecieron por arte de magia las 36 fojas que fueron adjuntadas a las 20 de la Acción Popular y que contenían todo el respaldo o pruebas para sostener la misma. Los cuatro abogados supieron de ese curioso extravío el pasado lunes, siete días después de haber entregado toda la documentación en ventanilla del Tribunal paceño.
“El lunes 6 de julio fuimos notificados con un auto fechado el 1 de julio, en el que nos daban tres días de plazo para subsanar un supuesto error: la falta de pruebas”, revela en la conversación de este jueves el Dr. Gareca.
¿Qué falta de pruebas, si la Acción llegó al Tribunal acompañado de 36 fojas detallando todo, respaldando toda la Acción?, fue la pregunta inmediata. Ante el reclamo, hecho el mismo lunes 6, “nos dijeron que las fojas estaban extraviadas, posiblemente entre papeladas, así que nos hemos visto obligados a volver a presentar hoy todo, de nuevo”.
Si las pruebas no hubieran sido “extraviadas” en el Tribunal de La Paz, la Sala de Turno debería haber decidido hasta el 1 julio la admisión de la Acción Popular. En otro plazo de 48 horas hubiera convocado a las cuatro autoridades denunciadas en la Acción y en un par de días más, estaría anunciando la aprobación o rechazo de lo que demanda la Acción: la suspensión de la ley que convoca a elecciones generales para el 6 de septiembre, así como del calendario electoral que está corriendo como si no hubiera una pandemia en Bolivia.
En todo caso, la Acción ha vuelto a ser presentada hoy. La Sala de Turno del Tribunal de La Paz deberá decir en dos días si admite o no la misma. Desde el punto de vista legal, no hay razones que impidan la admisión de la Acción Popular.
(Para quienes conocer en detalle la argumentación sostenida en la Acción Popular, pueden acceder al documento en PDF haciendo CLICK aquí)
Santa Cruz de la Sierra, 09 de julio de 2020