El colegio de abogados de Santa Cruz advierte con presentar un pliego acusatorio contra los miembros del Legislativo, por incumplimiento de deberes. Los “juristas independientes” enviaron una carta al vicepresidente, David Choquehuanca.
Por Carlos Quisbert / Periodista
Colegio de Abogados de Santa Cruz emitió un pronunciamiento en el que se sostiene que está en riesgo la democracia, debido a que los miembros de la Asamblea Legislativa no emiten la norma para las elecciones judiciales. Advierten con presentar un pliego acusatorio ante la Fiscalía General, por el delito de incumplimiento de deberes.
“Bolivia está en alto riesgo, debido a que no se aprueba la ley para la pre selección de magistrados. El Órgano Legislativo ya incurre en el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad”, afirmó el vicepresidente del Ilustre Colegio de Abogado de Santa Cruz (Icacruz), Félix Oros.
El representante aseveró que los legisladores incurren en esos delitos desde el 1 de agosto. “Se amenaza con destruir la democracia del país cuando se cae un poder del Estado, un poder del Estado, que es el Órgano Judicial. Hay una conspiración de los poderes del Estado para destruir el Órgano Judicial”, acusó Oros.
Según los antecedentes, el Legislativo debe emitir la convocatoria para la preselección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que se debe cumplir en 180 días. Se prevé que luego de otros 150 días se realice las elecciones judiciales y el 3 de enero de 2024 se posesionen a los nuevos magistrados.
Oros advirtió que, en caso de que el Legislativo no halle consenso para iniciar todo ese proceso, el Colegio de Abogados de Santa Cruz presentará, el jueves, un pliego acusatorio, para que el Fiscal General, Juan Lanchipa, actúe en consecuencia según el mandato constitucional que estipula la defensa de la legalidad.
El TCP emitió la Sentencia 0060/2023 por el cual dejó en “fojas cero” el proceso de elección judicial al anular la convocatoria y el reglamento de preselección de candidatos a magistrados. Además, dispuso que la Asamblea Legislativa debe aprobar con dos tercios de votos la ley que garantice estos comicios.
“El TCP nos dio la razón en lo que nosotros propusimos, que el reglamento y la selección de las altas autoridades judiciales del Órgano Electoral que estaban viciadas, ahora se aprueben con dos tercios”, expresó el jefe de la bancada de Creemos, el diputado Leonardo Ayala. Solicitó al presidente de la Cámara de diputados, Jerges Mercado, convocar a los jefes de bancada para coordinar en consenso el reglamento y la ley de los comicios judiciales, hecho que pare imposible.
Otros riesgos
El abogado constitucionalista, Abel Loma, señaló que la responsabilidad por la dilación en las elecciones judiciales no solo recaerá en los legisladores, sino también en los miembros del TCP, por la demora en la emisión del fallo que anuló el reglamento y obliga a que toda determinación se haga cumpliendo los dos tercios en el Legislativo.
En criterio de Loma, no está en riesgo la estructura del Órgano Judicial, debido a que el poder Ejecutivo tiene otro interés, para el cual está a su favor la postergación de las elecciones judiciales. Explicó que una vez que venzan los plazos y las elecciones no se puedan realizar en los plazos previstos, el Tribunal Supremo Electoral se pronunciará confirmando este hecho.
Loma afirma que, luego de ese pronunciamiento, se también emitirán su criterio el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, quien, sospecha el abogado, solicitará que el TCP emita una resolución que permita ampliar el tiempo de trabajo de los actuales magistrados.
“Como no se puede dejar al Estado si el derecho de acceso a la justicia, como lo establece el artículo 115, en su parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, Iván Lima presentará un pedio al Tribunal Constitucional. Existe dos opciones, que se orden la realización inmediata de las elecciones judiciales o prorrogar el mandato de los actuales magistrados”, manifestó Loma.
El abogado considera que el objetivo del Ejecutivo es lograr que, durante la prórroga de mandato, los actuales magistrados tengan el tiempo necesario para emitir resoluciones constitucionales en favor del Gobierno de Luis Arce y conseguir la inhabilitación del candidato del MAS, Evo Morales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia 0060/2023 por el cual dejó en “fojas cero” el proceso de elección judicial al anular la convocatoria y el reglamento de preselección de candidatos a magistrados. Además, dispuso que la Asamblea Legislativa debe aprobar con dos tercios de votos la ley que garantice estos comicios.
“El TCP nos dio la razón en lo que nosotros propusimos, que el reglamento y la selección de las altas autoridades judiciales del Órgano Electoral que estaban viciadas, ahora se aprueben con dos tercios”, expresó el jefe de bancada de Creemos, diputado Leonardo Ayala, quien solicitó al presidente de esa cámara, Jerges Mercado, convocar a una reunión para coordinar en consenso el reglamento y ley de los comicios judiciales.
Mercado afirmó que existe voluntad para que se realice las elecciones judiciales y por el momento descartó emitir un decreto para ampliar el mandato de los magistrados. Sin embargo, desde la oposición se desmiente los posibles acuerdos, por diferentes observaciones a los textos presentados por el MAS.
Carta a Choquehuanca
Por su lado, el miembro de los “juristas independientes”, Juan Del Granado, anunció que enviarán una carta al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, presidente nato del Legislativo. Para el representante es más importante lograr la reestructuración de Órgano Judicial, antes que la elección de nuevos magistrados.
Entre los puntos más importantes está incrementar el presupuesto que se asigna al Poder Judicial, lograr que exista operadores de justicia en distritos alejados y evitar elecciones de magistrados por partidocracia. Del Granado pide que se retome la iniciativa de un referendo que ayude a modificar la actual estructura judicial.