Por Maggy Talavera (*)
Tal vez debiera poner como una interrogante y no como una afirmación lo que escribo en el titular. Digo, pensando en lo que tanto se repite como una manifestación de justicia: dar el beneficio de la duda. Pero es cada vez más difícil conceder ese beneficio. Todos los días conocemos una o más denuncias y corrupción, sea a través de los medios de comunicación o en conversaciones con familiares y amigos. La mayoría de ellas, sin proceso ni castigo.
La excepción (corrupción) se ha vuelto regla y la regla (honestidad), una excepción. Cuando esto ocurre, la sociedad está condenada, como bien lo expresa Ayn Rand en un trecho de su novela La rebelión de Atlas (1950): “Cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada.”
¿No es esto lo que estamos viendo y viviendo a diario en nuestro país? Las denuncias de corrupción son el pan de cada día, como también lo es la impunidad de la que gozan, en la mayoría de los casos, los corruptores y los corrompidos. Con un agravante: ya ni siquiera guardan las formas. Seguros de salir ilesos, cuando no premiados, luego de cada denuncia presentada contra ellos, no tienen reparos en hacer alarde de sus astucias.
Los administradores de justicia así lo consienten, convirtiéndose ellos mismos en corruptos. Aprueban fallos que favorecen a los denunciados y castigan a los denunciantes. Es lo que está ocurriendo con los trabajadores del Seguro Integrado de Salud. Varios de ellos fueron despedidos por adherirse a la denuncia hecha por miembros del Directorio del Sinec, por la compra irregular de una clínica privada, con un sobreprecio de 28 millones de bolivianos.
El peritaje hecho a pedido de los jueces que atienden la causa señala que el precio real del inmueble ubicado en la avenida 12 de Agosto, entre el séptimo y el octavo anillos, era de menos de seis millones de bolivianos, pero el Sinec pagó por él 32 millones de bolivianos. La denuncia, presentada en 2017, está sustentada en documentos y testimonios de cuatro directores, ignorados por los jueces que continúan fallando a favor de la denunciada.
Este es solo uno de tantos casos que se arrastran desde hace años y de otros denunciados en lo que va de 2024. Entre ellos, los que involucran a funcionarios y a falsos funcionarios de la Gobernación, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Brigada Parlamentaria Cruceña, referidos a venta de ítems, títulos profesionales, etcétera; además de otras que no llegan a ser presentadas de manera formal.
Estamos enumerando apenas los casos más recientes y conocidos en Santa Cruz, en los que no figuran otros recurrentes, pero no denunciados públicamente, como las coimas para la adjudicación de licitaciones, el pago de servicios y obras (legalmente adjudicadas), agilizar trámites o evitar multas y sanciones, además de otros que ocurren en el ámbito privado, entre los que destacan los de violencia intrafamiliar y los de acoso escolar.
Una realidad que sobrepasa todo límite si consideramos lo que ocurre en cada rincón del país, en todos los sectores de la sociedad, en todos los niveles de gobierno, alimentando una impunidad alimentada no solo por los operadores de justicia y otras autoridades públicas, sino también por una sociedad civil permisiva que no está midiendo el impacto negativo de su complacencia, que premia al agresor y castiga a la víctima.
Una complicidad, complacencia y hasta conformismo que dejan explícito que vale más ser corrupto, delincuente y abusador, que honesto, apegado a la ley y respetuoso de los otros. Las pruebas están en el funcionario o autoridad corrupta, premiada con la ratificación en el cargo o con un ascenso; en el estudiante acosador al que se consiente seguir asistiendo al colegio, sin ningún tipo de sanción; en el ejercicio de profesionales “chutos”, etcétera.
Sí, la nuestra es una sociedad condenada. No solo porque la corrupción es recompensada y la honradez un sacrificio personal, como dice Rand, sino también por otras razones también señaladas por ella: porque para producir “necesitas la autorización de quienes no producen nada”; porque “el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes, sino con favores”; porque “muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias, más que por el trabajo”; y porque “las leyes no te protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti”.
(*) Publicado en El Deber y Los Tiempos, domingo 28 de abril de 2024