Por Maggy Talavera (*)
¿Qué haría usted si en un trámite engorroso, rutinario y obligado en muchos casos como es el de solicitar certificado de antecedentes penales, aparece como sentenciado por un delito que no cometió? Seguramente recurriría a las autoridades competentes para que a la brevedad posible, y luego de la obligada verificación de la falsedad, ésas dispusieran la cancelación del certificado.
Fue lo que hizo EVM en noviembre de 2018, tras conocer que figuraba en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) como sentenciado y encarcelado por robo. EVM había acudido al REJAP a solicitar el certificado de antecedentes penales para cubrir uno de varios requisitos exigidos por una institución que estaba a punto de contratar sus servicios profesionales. Jamás imaginó aparecer como ladrón y menos aun el calvario que iba a vivir a partir de ese momento, y que no acaba hasta hoy.
Urgido de lograr la cancelación de ese certificado, EVM se vio obligado a hacer una serie de diligencias y trámites para dar con las causas que originaron el problema. Descubrió el origen en una sentencia condenatoria emitida el 12 de noviembre de 2014 por el Juzgado Segundo de Partido Mixto y de Sentencia de Santa Cruz, contra un joven identificado con dos nombres, el de “EVM y/o GVP”, denunciado por robo el 14 de marzo de 2013 en la FELCC del Plan Tres Mil. Una sentencia que derivó en una condena a privación de libertad por tres años, cumplida en marzo de 2016 en la cárcel de Palmasola, aunque GVP no logra hacer efectiva su excarcelación en la fecha, sino seis meses y 18 días más tarde.
En su investigación, EVM descubre también que el sentenciado había presentado el 31 de octubre de 2016 una solicitud de corrección de su nombre a la Juez Cuarto de Ejecución de la Pena, “a propósito de evitar confusiones posteriores en el fenecido proceso penal”, según se lee en el documento. Resulta curioso que GVP solo presenta el requerimiento al momento de demandar su libertad y no al inicio del proceso, ni al momento de recibir la condena y menos cuando es notificado con la detención preventiva. Un dato no menor a la luz de los hechos que se sucedieron desde la denuncia, hasta su excarcelación.
Pero volvamos al calvario que comenzó a vivir EVM tras enterarse que figuraba en el REJAP con antecedentes penales. Acude al REJAP Santa Cruz para solicitar la cancelación del certificado en el que aparecía como sentenciado por robo. Allí le informan que la solicitud será derivada al REJAP nacional, en Sucre, para que se proceda de acuerdo a ley. Entre tanto, dadas las circunstancias, EVM pierde el contrato por sus servicios, aunque logra finalmente, con ayuda de un abogado, cancelar el certificado con datos falsos.
Al menos, eso fue lo que creyó EVM al recibir la certificación de esa cancelación. ¿Cómo iba a imaginar entonces que cuatro años después seguía figurando como ladrón en el REJAP? Increíble pero cierto: EVM requirió otro certificado de antecedentes penales en noviembre de 2022, porque se estaba presentando a una nueva licitación para prestación de servicios, ¡y apareció de nuevo como sentenciado por un delito que no cometió! EVM no podía creer lo que estaba viviendo, ¿qué pasó con las diligencias hechas en 2018?
Obligado a volver al REJAP y a los dos juzgados que intervinieron en el caso de GVP, EVM emplazó a las autoridades responsables a que cancelaran el certifcado con datos falso, en un plazo de 24 horas. ¿Qué creen que pasó? Lejos de atender la demanda con prontitud, una de las instancias dio vueltas al asunto y le exigió presentar otra vez los documentos adjuntados en la primera solicitud (al menos siete, entre originales y fotocopias).
En el interín, EVM se lleva otra sorpresa: ¡desapareció el expediente! Fue como volver a fojas cero, padeciendo una paradoja de infarto: mientras que el ladrón confeso logró en noviembre de 2016 la corrección de su nombre -menos de dos meses después de pedirla-, lo que permitió finalmente su excarcelación, EVM sigue figurando hasta hoy como autor de un robo que no cometió, perdiendo oportunidades de trabajo y contratos de servicios.
Harto de este calvario, EVM ha decidido no perder más tiempo en una tramitomanía que solo le ha ocasionado pérdida de tiempo, dinero y oportunidades de trabajo, además del estrés provocado por un error judicial que ha dañado su imagen y reputación. Orientado por su abogado, interpondrá una Acción de Protección de Privacidad para lograr al fin la cancelación del certificado en el que aparece con antecedentes penales por un delito que, insiste en remarcar, nunca cometió.
¡Increíble!, ¿no? ¿Cuántas historias similares habrán en la ciudad y en el país? Convencida de que algo hay que hacer para darle fin a este calvario, e inspirada en el artículo Tramitomanía, ¡váyase al cuerno con su papeleio! de Carlos Jahnsen, publicado en EL DEBER, he decidido iniciar una campaña de recepción de testimonios como los de EVM. Lo haré desde los espacios que tengo como Maggy Talavera #PeriodismoSinPhotoshop para que sirva, no como muro de lamentos, sino como un monitoreo y sistematización de casos que contribuyan a ponerle fin al absurdo y exagerado empleo de trámites que alimentan la burocracia y la corrupción que esa trae de yapa.