Por Maggy Talavera (*)
Una frase dicha por muchos resuena cada vez más fuerte en Santa Cruz, y tal vez no con la misma fuerza en el resto del país, lo que es, sin dudas, de lamentar: está por estallar un conflicto muy grave en el departamento cruceño, por el tema tierras. Un sencillo ejercicio ayuda a respaldar lo dicho: ponga en el buscador de Google “conflicto por tierra en Santa Cruz” y, en menos de un minuto, tendrá a disposición más de 14,5 millones de resultados. No es para menos. Desde hace ya varios meses, el tema está más presente que nunca en las agendas informativas locales y redes sociales, marcado principalmente por denuncias de avasallamientos y tráfico de tierras, con mayor afectación en la Chiquitania.
Para quienes acompañan de cerca el tema, una constatación que deja un sabor amargo, ya que la cuestión tierra en Santa Cruz ameritaba la atención vista hoy, las voces de alerta escuchadas ahora, desde hace muchos años, podemos hablar incluso de décadas. Porque algo hay que dejar claro en este momento de efervescencia social por el tema tierras en Santa Cruz: los avasallamientos, las tomas ilegales y el tráfico de tierras son problemas de larga data en el departamento. Es verdad que se han intensificado y agravado de manera exponencial en los últimos años, pero nada de esto hubiera ocurrido si en su momento, al detectar las primeras amenazas, Santa Cruz las hubiera desactivado con inteligencia.
Digo Santa Cruz, pensando en una respuesta colectiva, fruto de una sinergia entre fuerzas públicas y privadas con capacidad de leer y comprender la realidad del momento, pero a la vez tomando decisiones y actuando de cara al futuro. Un ideal, por supuesto, que no se dio, a pesar de algunas iniciativas interesantes, tanto públicas como privadas. El juego de intereses políticos y económicos, tal como lo vemos también hoy, pudo más que ese ideal y ya vemos adónde nos trajo: a esta realidad marcada por una tensión que va en aumento y amenaza explotar más temprano que tarde, si repetimos los errores del pasado. Entre otros, el no haber sido capaces de ver más allá de intereses sectoriales o de grupos y, hay que añadir, el no haber sido sinceros a la hora de hablar a fondo de tierra y territorio.
Por supuesto que aun estamos a tiempo de corregir caminos y enderezar entuertos. Para lograrlo, el primer compromiso individual y colectivo no puede ser otro que el de aceptar los datos duros que arroja la realidad: las causas del problema tierra son múltiples y las amenazas llegan también desde varios flancos. No son apenas los desplazamientos cada vez más numerosos de grupos interculturales (campesinos, colonizadores, cocaleros, etc.) desde occidente hacia oriente, que llegan revestidos de protección y con mando político dado por el partido de gobierno, los que representan hoy una amenaza real, sino también las concesiones de grandes extensiones de tierra para la explotación agrícola, ganadera, forestal y minera, a favor de empresarios nacionales y extranjeros.
“Avasalladores son muchos, con abarcas o con corbatas”, como dijo hace poco en un sentido desahogo la periodista Silvana Vincenti. Dijo mucho más, dejando en evidencia la impresionante y tenebrosa maraña que hay detrás del tema tierra. Si no hay voluntad o el coraje de desenredar esa maraña, difícilmente se podrá desactivar a tiempo esta bomba que está a punto de explotar en Santa Cruz, aunque es bueno que Bolivia sepa desde hoy que su estallido no afectará apenas al departamento cruceño. La desactivación demanda, por lo tanto, voluntad no apenas local, sino también nacional. Una voluntad que debería surgir en primer lugar del gobierno central, si acaso fuera de verdad gobierno nacional. Es inevitable dudar de esa voluntad, dado el dato duro de la realidad: el gobierno central es, más bien, uno de los actores principales del montaje de esta bomba a punto de estallar.
Así que la única salida posible está nomás en acciones decididas desde la región, pero con el compromiso central ya apuntado antes. Un compromiso que debe ser definido desde la razón y en el marco de un acuerdo amplio que se sostenga en los hechos concretos vistos como causas del avasallamiento y tráfico de tierras en Santa Cruz. Un compromiso y un acuerdo que obligará a todos los actores involucrados directamente en los conflictos que está generando la distribución, posesión y explotación de la tierra, a anteponer el bien mayor, que no es otro que el bien común, al interés de grupo, sectorial o personal. Queda claro que no hay otro camino, si acaso se quiere, en serio, salvar a Santa Cruz y al país de la violencia a la que tan bien sabe jugar la cúpula política que está en el poder.
(*) Publicado en El Deber y Los Tiempos
Santa Cruz de la Sierra, 11 de julio de 2021