Por Maggy Talavera (*)
Hace ya varias semanas que se advierten señales clarísimas en el país de la reposición de una estrategia muy peligrosa que apuesta a alimentar las tensiones políticas y sociales, aumentar los conflictos y provocar hechos que deriven en violencia. Una estrategia que parte principalmente, por lo visto hasta ahora, de la cúpula partidaria representada en el gobierno central y en cuya trampa va cayendo más de un sector o más de un protagonista de la política nacional. Una estrategia que articula tácticas muy visibles, como son las que exhiben arteramente los operadores del partido con acciones de hecho o funcionarios de instituciones públicas, a través de declaraciones provocadoras, con otras tácticas sutiles y, por lo tanto, de difícil detección, aunque no por ello menos efectivas y peligrosas.
Una estrategia de alcance nacional, sin duda, pero que está poniendo énfasis otra vez en uno de los principales objetivos que persigue el MAS desde hace más de una década: el control político y territorial del oriente; y ahora, de manera más enfática, el control del departamento de Santa Cruz. Por eso no es casual el aumento, en este momento, de las tensiones emergentes por los avasallamientos y las dotaciones de tierra, también de los incendios, en el departamento y particularmente en la Chiquitania. Tensiones que el propio INRA se encarga de alimentar, de palabra y de hecho. De palabra, como lo vienen haciendo desde hace meses sus voceros, en especial el director departamental, con declaraciones abiertamente hostiles. De hecho, discriminando a quién escucha y, todavía peor, a quiénes beneficia con dotaciones o quiénes castiga con reversión de tierras.
Las tácticas sutiles también están en su auge. Aun pensando en lo que respecta al tema tierra y territorio, el INRA y otras reparticiones públicas están con un despliegue agresivo de tácticas sutiles que, por lo visto, también les están dado buenos resultados. Incluyo en la lista de estas tácticas las “reuniones de coordinación” que está teniendo con sectores que son parte de la Comisión Agraria Departamental, a la que el INRA le da la espalda.
Ahí figuran los agropecuarios, los pueblos indígenas del oriente boliviano (muy divididos, con su matriz fragmentada en varias centrales paralelas) e incluso alcaldes y concejales de municipios afectados por los avasallamientos e incendios. A falta o para evitar los palos, buenas son las zanahorias, ¿será esa la fórmula mágica? Mágica para librar a algunos del palo, pero que está lejos de significar el fin de la amenaza mayor que se cierne ya no solo sobre unas extensiones de tierra, sino sobre la preservación de un bien mayor como es el del patrimonio natural y cultural no apenas de Santa Cruz, sino de Bolivia y el mundo.
Hasta aquí, el énfasis puesto en tierra y territorio, pero queda claro que el tema de fondo va más allá de las tensiones y amenazas de violencia que afloran por esta causa. Y esa cuestión de fondo no es otra que la de la estabilidad democrática en Bolivia, la vigencia de un sistema que, con todas sus imperfecciones, nos permite todavía vivir en libertad. Es esta estabilidad la que está en juego, pendiendo de un hilo cada vez más delgado, al que apuestan romper los incendiarios de toda laya: los que militan abiertamente en el bando pirómano, al influjo de una cúpula que no está dispuesta a ceder un milímetro en su proyecto de poder total; y también los incendiarios camuflados, esos que aparentan ser contrarios al autoritarismo, pero que en las sombras transan a cambio de migajas, con la falsa ilusión de estar salvando el pellejo.
Unos y otros son los que llevan a decir que los incendiarios-jefes están, por ahora, con el viento a su favor. Habrá que esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas para saber si Bolivia se libra o no de la amenaza inminente de un incendio de magnitud, si logra o no salir de este estado de alerta roja, para recuperar algo de paz y tranquilidad, tan urgentes en estos tiempos ya difíciles por la crisis sanitaria, provocada por la pandemia del COVID-19. Una espera cargada de angustia, de mucha incertidumbre y del desaliento al percibir que poco se puede esperar de los actores políticos de oposición. Increíble, pero persisten en las disputas personales que los distancian, en vez de cohesionar fuerzas para enfrentar a quienes representan el mayor peligro, la amenaza real, a la estabilidad democrática.
Hay que insistir: Bolivia está frente a un problema muy grave, un peligro real de retroceso democrático. Las propias autoridades de gobierno se están encargando de advertirnos a todos del peligro, a través de declaraciones oficiales que señalan con claridad el camino que están decididos a seguir y que no es otro que el del desconocimiento de reglas y leyes que marcan límites al poder, un camino contrario al de la democracia. Desconocer lo ya acordado previamente con la OEA, respecto al Informe de Auditoría Electoral de fines de 2019, es apenas una muestra más del carácter autoritario del partido de gobierno.
(*) Publicado en El Deber y Los Tiempos, domingo 15 de agosto de 2021