Por Maggy Talavera (*)
Una tarea urgente hoy en Bolivia es, sin duda, la de desnaturalizar la violencia. Al paso que vamos, y dada la clara apuesta del gobierno central, estamos ante el riesgo inminente de caer en una peligrosa y nefasta escalada de violencia. Los últimos hechos registrados en diferentes ciudades del país así lo demuestran. Ya no importa si es la sede de gobierno o una comunidad olvidada y lejana: en una y otras se están repitiendo hechos de violencia marcados por la confrontación entre civiles y, lo que es aun peor, provocados, alentados y protagonizados por grupos de choque entrenados para golpear, vejar y matar que operan con total impunidad, bajo el amparo de las fuerzas policiales.
Digo grupos entrenados para la violencia, porque queda cada vez más claro que estos no actúan al calor de un conflicto inesperado, ni surgen de manera espontánea e inusual. Así lo evidencian las actuaciones de estos grupos vistas en Las Londras, durante los 36 días de paro y ahora en los predios de la familia Kim, todos ellos en el departamento de Santa Cruz. O los ya registrados antes en la capital paceña, sea en el conflicto entre cocaleros de Yungas y los movidos por el MAS o en el ataque a la marcha de vecinos movilizados por las demandas de los médicos y, luego, por el Censo 2023. O los denunciados en Potosí, a propósito de la defensa del Cerro Rico, como bien lo ha documentado el diario El Potosí
En todos ellos destaca el movimiento de grupos de encapuchados o de barbijos, con palos o machetes en mano, cuando no dinamita o armas de grueso calibre, que se desplazan con una destreza característica de entrenamiento militar. En casi todos los casos, con una yapa perversa como es la tortura, tanto física como psíquica, ejecutada sin ningún tipo de reparos, a vista y paciencia de los llamados por ley para combatirlos, entre otros la Policía y el Ministerio Público, solo por citar los de mayor responsabilidad. Lo acabamos de ver una vez más en los últimos dias en los hechos registrados justamente en los predios de la familia Kim y alreredores, zona del Parque Lomas de Arena en el municipio de La Guardia.
Que estos grupos violentos actúen favorecidos por la inacción de la Policia o más grave aun, con su aliento y apoyo efectivo, es una prueba fehaciente de que lo hacen con la venia del gobierno central. Una complicidad que rompe todo límite y que configura ya la violación de lo establecido en la Constitución y otras leyes y normas que de ella emanan. Ni qué hablar de reglas básicas como las que se leen en la misión y visión que proclama la Policía en su portal institucional: defensa de la sociedad, conservación del orden público y cumplimiento de las leyes en el territorio boliviano, como misión; y consolidar una institución humanizada, profesional, científica, especializada y transparente de servicio al pueblo, garantizando una Bolivia Segura y el vivir bien…”, como visión.
Más difícil aun resulta negar la responsabilidad directa que tiene el régimen en la violenta actuación de esos grupos de choque, si se considera que la Policía, la entidad llamada a ponerles freno y no lo hace, depende del Ministerio de Gobierno y éste de la voluntad y la orden del presidente de Bolivia. Peor todavía si traemos a la memoria lo visto en el paro de 48 horas que cumplió Santa Cruz a inicios de agosto pasado: dos ministros dirigieron en persona a los grupos de choque movilizados para tratar de contrarrestar la protesta en la capital cruceña. Esto sin contar las declaraciones vertidas por más de un representante o dirigente del MAS tanto frente a la protesta cruceña, como contra otras cumplidas en el resto del país. Las evidencias llevan a reafirmar: el gobierno alienta la violencia.
¿Por qué lo hace, será solo por un afán de asegurar su permanencia ad infinitum en el poder central? Otra vez, los hechos denunciados en torno a estos últimos conflictos dan pie para señalar otro interés mayor, como es el de la protección al narcotráfico, el más interesado en lograr exactamente lo contrario a lo planteado al inicio de esta reflexión: desnaturalizar la violencia para no reeditar experiencias traumáticas como las de México y Colombia, por citar un par de ejemplos.
(*) Publicado en El Deber y Los Tiempos, domingo 11 de diciembre de 2022