Por Maggy Talavera (*)
Si bien es cierto que el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión nunca han estado del todo libres de peligros y amenazas desde que fueron reconocidos y consolidados como parte fundamental de los Derechos Humanos, no hay duda de que ambos enfrentan hoy nuevos y mayores riesgos para su plena vigencia, como bien lo acaba de advertir la Unesco en un nuevo informe difundido el pasado jueves, en el que examina las tendencias mundiales en materia de libertad de expresión y desarrollo de los medios de comunicación entre 2016 y 2021.
Según el informe, dos amenazas confluyen hoy para poner en mayor peligro a ambos derechos. Una de ellas, nada menos que las redes sociales, calificada en el informe como “amenaza existencial” para la supervivencia de los medios de comunicación, ya afectados por una crisis económica que se agravó por la pandemia del COVID-19. Todo esto con un impacto devastador en el modelo de negocios de los medios, modelo que “está roto” y cuya ruptura ha provocado ya la reducción drástica de tiraje en diarios, cuando no el cierre definitivo de muchos de ellos, con todo lo que esto implica en tasas de desempleo y la reducción de espacios formales, profesionales, de información.
La otra amenaza, que se alimenta y mucho de la primera, es la erosión de las libertades de prensa, también señaladas en el informe de la Unesco que hace cuestión de detallar cifras que configuran un escenario adverso para el ejercicio del periodismo libre. Entre otras: solo en 2020 hubo al menos 274 casos de encarcelamiento de periodistas, la mayor cifra registrada en un solo año en los tres últimos decenios; casi medio millar de periodistas asesinados, cuyas denuncias solo han sido atendidas y resueltas en 15%; y evidencia de expulsión de corresponsales y ataque a periodistas que cubren protestas, en al menos 60 países.
A esas cifras hay que añadir otras dos, no menos preocupantes: al menos 160 países han aprobado leyes penales que tipifican como delito la difamación, lo que se presta a la judicialización del ejercicio del periodismo; además que alrededor de 40 países han aprobado o modificado leyes “demasiado imprecisas”, con castigos desproporcionados para, según los justificativos expuestos, regular el contenido en Internet. En muchos de esos casos, echando mano de tipificaciones como la de “traición a la patria” u otros ya vistos en casos extremos como los que desde hace años registra Cuba y hoy Nicaragua.
Es un panorama adverso no apenas para los medios de comunicación profesionales o a para los periodistas que trabajan en ellos, sino también para periodismo como tal y, en consecuencia, para la vigencia del derecho a la información, tomado éste como un bien común imprescindible para la vida en democracia. Por eso urge plantear esta realidad como un asunto de interés público, al que deberíamos darle la mayor atención y con carácter de emergencia para lograr encarar acciones concretas que permitan diseñar y ejecutar tareas que reduzcan las amenazas o, al menos, el impacto de las mismas en la vigencia de los derechos a la información y a la libertad de expresión.
Acciones y tareas que no pasan exclusivamente por la responsabilidad que tienen los estados y los gobiernos de los diferentes países para garantizar ambos derechos, como les mandan sus constituciones y leyes y como hace cuestión de apelar la Unesco ahora, sino (si acaso no “sobre todo”) fundamentalmente de la sociedad civil y de los propios medios y gremios de la prensa, los principales afectados por la no vigencia de esos dos derechos. Queda claro que a muchos gobiernos les importa poco salvaguardar esas libertades; por el contrario, dan muestras a diario que apuestan más por socavarlos.
(*) Publicado en El Deber y Los Tiempos, domingo 13 de marzo de 2022