Por Maggy Talavera (*)
Poco o nada ha cambiado en Bolivia desde el escándalo que golpeó al país tras la tragedia de Huanchaca. Es más, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que a lo largo de los 36 años transcurridos desde el asesinato del profesor Noel Kempff Mercado, del piloto Juan Cochamanidis y el guía Franklin Parada, perpetrado por sicarios de narcotraficantes que operaban en el Parque Nacional Huanchaca, las mafias que se alimentan del tráfico de drogas han ido ganando terreno. Ya no solo en áreas marginales o alejadas como son los parques nacionales y reservas naturales, sino en los mismísimos centros de poder, sea político o económico, o ambos. Chapare es solo una muestra de ello.
No solo que han ganado terreno, sino también el beneplácito y hasta protección de los llamados a combatirlas. Lo han logrado echando mano del recurso que mejor manejan: el de la violencia en todas sus formas, entre éstas el uso de armas de fuego de gran calibre. Las están usando sin miramientos, como lo pruba el último hecho visto en Samaipata, en el que un adolescente de 16 años fue muerto con siete balas disparadas a mansalva y que le impactaron en la cabeza, el cuello, el tórax y las manos. Detallo el blanco de los balazos como prueba de que tiran a matar, no apenas a provocar un susto seguido de la huída.
Otras tres personas resultaron heridas de bala, una de ellas de gravedad. Los entretelones del hecho traen a la memoria lo ocurrido el 5 de septiembre de 1986 en Caparuch, hasta donde había llegado el profesor Kempff acompañado de un grupo de científicos de la Estación Biológica de Doñana. Una memoria que recrea lo ocurrido entonces y puede ser comparada con lo que está sucediendo hoy, y no solo en Samaipata, sino también en el ahora llamado Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en la provincia Velasco. En escena entran otros parques nacionales y reservas o áreas de protección natural, todos ellos bajo la amenaza y presión de narcotraficantes que operan en los mismos.
Con más agravantes que nunca, como es la proliferación de incendios que están dando fin a enormes extensiones de bosques, destruyendo ecosistemas únicos en el país, la región y el mundo. Una acción criminal que sobrepasa los límites de apenas dos parques y que a la fecha afecta también a áreas rurales y urbanas pobladas. Lo estamos viendo ahora, en los reportes oficiales que emiten los sistemas de alerta temprana, pero también en varios hechos como el denunciado hace unos meses en Las Londras, en el departamento de Santa Cruz. En todos ellos con un factor común: el uso de armas de fuego y de estrategias propias de comandos civiles y milicias, cuya actuación ha llevado a la Fundación Tierra a alertar la transformación de Bolivia en otra Colombia.
Una realidad a la que los diferentes niveles de gobierno no solo dan poca atención, sino que incluso, en varios casos, alientan. Es lo visto de manera muy marcada en el gobierno central, que ya ni siquiera guarda las formas, y también en los otros niveles de gobierno que consienten y socapan los excesos, de las más difersas maneras. Una de ellas es la no asignación de presupuestos necesarios y acorde con los requerimientos de las instancias técnicas llamadas a prevenir y combatir los incendios y otros desastres naturales.
Solo por citar un ejemplo: ¿es posible concebir que en la Gobernación de Santa Cruz, principal actor público departamental, haya solo un cuerpo de 27 bomberos para atender las emergencias en todo el departamento? Estamos hablando de bomberos que cuentan con una formación y preparación necesaria para luchar contra estas emergencias. Todos los demás son bomberos voluntarios, que no perciben sueldo, ni beneficio algunos. Eso sí: se igualan en las carencias, ya que a unos y a otros les falta lo mínimo para poder operar: vestimentas adecuadas, vehículos, combustibles y hasta alimentos. ¡Hay que ver en la pobreza que se mueven, obligados a hacer campañas y vaquita para subsistir!
Ya ni se diga el poder local. En este momento, la Gobernación enfrenta dificultades para actuar frente a la grave situación que enfrenta Santa Cruz, porque la gran mayoría de los municipios afectados por los incendios no ha sido capaz de aprobar la declaratoria de emergencia, requisito básico para que el poder departamental actúe. Y éste no ha sido aun capaz de contar al menos con una ley de gestión de riesgos, menos aun de dar un paso fundamental aprovechando sus competencias. Tareas urgentes que no parecen estar encabezando la agenda departamental, ni las agendas municipales. Gravísimo y altamente peligroso.
(*) Publicado en El Deber y Los Tiempos, domingo 11 de septiembre de 2022