Educación y ética están hoy en el centro del debate público provocado por la pandemia global del COVID-19. Ya no se trata apenas de los cuestionamientos surgidos al inicio de la crisis sanitaria que estalló con fuerzas a inicios de 2020, acerca del origen del virus y de las primeras acciones tomadas por los países afectados y organismos internacionales, sino también de lo ocurrido después en cada uno de los otros países del mundo: ¿qué hicieron los gobiernos y cómo respondió la población? Si ya el año pasado el debate era intenso y caótico, este 2021 se intensificó al máximo por el inicio de la vacunación contra el COVID.
Ética y educación volvieron a estar en el centro de, lamentablemente, un debate cada vez menos sostenido en razones científicas y más en polémicas alimentadas en noticias falsas y supersticiones. Dilemas éticos que hoy se acentúan sobre todo en países como Bolivia, en los que falta todo para encarar una lucha eficaz contra el nuevo coronavirus y también una campaña de inmunización justa y transparente. Y una preocupante ignorancia, de la que no escapan siquiera los privilegiados sectores escolarizados, incluso profesionales de alto nivel. Esto último, una verdadera peste que solo agrava el impacto de la pandemia.
Veamos primero el gran problema que nos está planteando la crisis sanitaria en Bolivia, debido a la falta de educación. En primer lugar, para hacer comprender a la mayoría de la gente que la principal responsabilidad en la lucha contra el COVID-19 siempre estuvo en sus manos: evitar aglomeraciones y contacto físico, uso permanente de barbijo y lavado de manos, recomendaciones a las que luego se sumaron otras como buena higiene bucal, alimentación y vida saludables. Tres de estas no deberían siquiera estar en la lista, ya que se supone deberíamos tenerlas todos incorporadas a nuestra rutina, desde siempre: boca y manos limpias, comida sana y actividad física.
El no tener incorporados esos hábitos saludables y de higiene dificultó, sin lugar a dudas, el acatamiento de las restricciones insoslayables dispuestas durante la cuarentena rígida. Más allá de los cuestionamientos surgidos sobre la eficacia de la cuarentena (un periodo excepcional y limitado para preparar al sistema de salud frente a la pandemia, y que pudo ser mejor aprovechado en Bolivia), hubo una irresponsable respuesta de parte de un gran número de personas que desacató la medida, muchas de ellas propagando absurdos como el de negar la existencia del nuevo coronavirus. Entre estas, varias autoridades y dirigentes públicos sobre los que hay dudas si actuaron por ignorancia o perversidad.
Una duda que se multiplica por mil ahora, en plena campaña de vacunación contra este impredecible y letal virus. Me sorprende escuchar a muchos de ellos, también a quienes se consideran académicos o estudiosos, incluso a varios colegas periodistas, repetir datos y noticias falseadas sobre las vacunas: desde que son un invento del imperialismo o de las grandes multinacionales para controlar nuestro cuerpo o el mercado, hasta los que dicen que solo sirven las vacunas rusas o las chinas, solo por citar un par de absurdos. Ninguno de ellos puede argüir falta de información, ninguno tampoco ignora la importancia de las vacunas (contra el COVID-19, pero también contra tantas otras enfermedades) en la lucha contra tantos males que amenazan y comprometen la salud de la humanidad.
Qué problema mayúsculo, caramba, el que tenemos aquí y en el mundo entero. La falta de educación es hoy más letal que nunca, más aun si consideramos que estamos ya en la tercera ola de la pandemia del COVID-19, más agresiva y de expansión más veloz, además de ser más contagiosa y letal en todos los sectores etarios de la población. Un problema que se complica si le sumamos el componente de los dilemas éticos que también han ido en aumento desde que estalló la pandemia. La pregunta central no es otra que esta: ¿quiénes pueden tener acceso a la vacuna? Y no se trata apenas de quiénes la fabrican o qué gobiernos pueden comprarlas. Se trata también de lo que ya ocurre en cada país que ha logrado tener acceso a la misma, sea en grandes o pequeñas cantidades.
En el caso de Bolivia, hay más dudas que certezas sobre el manejo de las vacunas, desde la fase uno que es el de la negociación y compra a cargo del gobierno central, a la última fase que es la de la vacunación en cada puesto de salud autorizado. ¿Cuántas dosis y de qué laboratorios han llegado a Bolivia, donadas y compradas? ¿Cuál el detalle de entrega de las mismas por departamento y municipio? ¿Se han cumplido los roles de vacunación según grupo de riesgo, de manera proporcional según número de población y nivel de contagios, oficialmente verificados por el INE y por los reportes diarios de los Sedes? ¿Hay respuesta del gobierno central a los pedidos de autorización de recepción de donación de vacunas hechos por al menos tres gobiernos municipales?
Urge tener respuestas claras al respecto. Urge, también, una revisión de las políticas que se han previsto en esta campaña de vacunación. Todos los niveles de gobierno deberían sentarse ya nomás y coordinar una acción que permita ampliar la campaña, reordenar la misma y evitar el desperdicio de una sola dosis ya existente en el país. Y urge, cómo no, poner en marcha una inteligente, amable y efectiva campaña permanente de educación.