Por Maggy Talavera.
Entre tantas tareas urgentes que en hay en Bolivia, la de garantizar la vigencia plena de los derechos humanos y el cumplimiento de las garantías constitucionales debería ocupar el primer lugar. Sin esta garantía, no hay paz ni estabilidad posible. Todo lo demás resulta secundario.
Lamentablemente, no se avizora en lo inmediato ningún gesto ni acción clara hacia la consecución de ese propósito por parte de los responsables de encarar y cumplir la tarea. Por el contrario, las actuaciones vistas las últimas semanas por parte de policías, fiscales y jueces llevan a concluir que se reeditarán excesos y abusos de poder vistos a lo largo de los últimos años.
No son los acostumbrados o rutinarios excesos denunciados en hechos corrientes (no por eso, menos graves). Son otros que emergen de la judicialización de la política y que luego derivan en una persecución violenta que acaba con encarcelamiento e incluso muerte de los afectados, como fue el lamentable caso del ingeniero José María Bakovic, solo por dar un nombre. O el escandaloso caso Ròzsa, llamado por el gobierno y el Ministerio Público de “terrorismo”; u otros no menos graves, cuyas secuelas continúan golpeando a sus víctimas, como es el caso Franklin Gutiérrez. La lista es larga y, por lo visto, está lejos de tener un punto final, como acaba de advertírnoslo ese trío fiscal-policial-judicial con la confusa acción ejecutada esta semana en contra del abogado Jorge Valda Daza.
Valda patrocina hoy, entre otras causas, la que lleva adelante el Comité pro Santa Cruz en demanda contra el TSE por fraude electoral. La noche del viernes de la semana retrasada, Valda fue detenido, conducido a la fuerza a la Felcc por supuesta “conducción peligrosa” y encerrado en una celda.
No eran policías de Tránsito y sí, según lo visto al día siguiente, uniformados enviados desde La Paz con una orden de aprehensión emitida el 5 de este mes, por un caso abierto en contra de Valda en 2009 y que fue desestimado en 2017. Sin poder hacer uso de su derecho a la defensa, enmanillado, Valda fue trasladado a La Paz el sábado siguiente, por la tarde, pese a haber logrado una acción de libertad a su favor.
El caso abierto en 2009 fue por supuestas ganancias ilícitas, a propósito de la compra de un inmueble. Valda recuerda que ese año actuaba como abogado defensor del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, en el caso Porvenir. ¿Casualidad? Él no cree en casualidad ni en ese caso, ni en el que le afecta hoy. Y tiene razón, porque su caso no es excepcional, sino una constante que se repitió como estrategia política del MAS para escarmentar a los que tenía en su contra, sea en el ámbito que fuera. Tal vez el caso Ròzsa sea el que mejor ejemplifica esa apuesta estratégica de la cúpula masista, una apuesta que -dado lo hecho esta semana con Valda- está nuevamente en acción: escarmentar, aterrorizar y paralizar.
Eso, para quienes osen criticar, contradecir, oponerse o denunciar al viejo o al nuevo gobierno del MAS. Para los otros -los afines al partido de gobierno-, piedra libre para todo e impunidad garantizada. La estrategia ya está en marcha, no solo en el caso de Valda (es la instrumentalización de la justicia para sofocar las voces discordantes), sino también en los casos de los amigos, afines o soldados del MAS que llegaron a ser identificados como autores de delitos varios (fraude electoral, terrorismo, incitación a la violencia, homicidios y corrupción), varios incluso procesados y hasta presos, y que desde hace varias semanas están siendo liberados uno tras otro. Entran en esta bolsa de beneficiados, los refugiados en la Embajada de México en La Paz, los involucrados en la violencia que provocó muerte y daños materiales en bienes públicos y privados en La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, los responsables del fraude electoral e incluso uno que otro involucrado en denuncias de narcotráfico, como es el caso de la llamada “reina del Norte”.
Todo esto, sin contar la actuación de la bancada parlamentaria oficialista que también está encaminada hacia la misma estrategia, tal como lo demostró en su primera semana de ejercicio, al tratar de excluir al gobierno de Morales en la investigación abierta sobre la violencia que afectó al país entre octubre y diciembre del año pasado, desencadenada por la denuncia de fraude electoral. Una acción coordinada que vuelve a poner en riesgo la vigencia de los derechos humanos y el cumplimiento de las garantías constitucionales de todos los bolivianos (incluso de los propios masistas, vale la advertencia), dejando aun en mayor indefensión a una sociedad ya muy golpeada por las injusticias.
Este es el problema principal hoy en el país. Esta es la mayor amenaza. Esta semana fue Valda. La próxima puede ser cualquiera de nosotros, simple mortales.