Por Gary Prado Arauz (*)
Escribo estas líneas 24 horas después del anuncio presidencial sobre la abrogación de la Ley No 1386 o, como se rotuló, Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
Como en todo, los simbolismos son importantes y transmiten más de lo que uno observa a simple vista. Luego de seis días de protesta pacífica, entre paro indefinido, movilizaciones y amenazas de endurecimiento de las medidas, el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca y los dirigentes del denominado Pacto de Unidad, tuvieron que admitir, consternados, que su proyecto de dominación totalitaria había sido derrotado en las calles y el instrumento legal que lo promovía, será abrogado.
No importan los discursos que buscaron justificar este retroceso, ni las proclamas de movilización para defender al gobierno y al afamado proceso de cambio. En la realidad pura y dura, el Gobierno sumó su segunda derrota en este frente abierto por iniciativa propia. Poco antes, el proyecto de Ley 218 o de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales, tuvo que ser retirado de su deliberación congresal, porque generó justificadas protestas en vastos sectores de la población.
Esta derrota, expresada en los rostros adustos de los mandatarios y sus adláteres, mostró cuán equivocados estuvieron los jerarcas del Gobierno y su partido político, al intentar, so pretexto de cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), ampliar discrecionalmente las competencias y atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) convirtiendo en Sujetos Obligados (personas o entidades requeridas administrativamente de brindar información, así sea privada o confidencial) a toda persona natural o jurídica que fuera requerida en la investigación de lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
Así, al violentar garantías jurisdiccionales con la amenaza latente de la investigación sin el debido proceso, el decomiso y disposición de bienes, la introducción de las delaciones premiadas o colaboraciones eficaces, entre otras lindezas, se estaba poniendo al país todo a merced de una entidad administrativa en una gestión pública altamente ideologizada y marcadamente hegemonista y de vocación totalitaria. Demasiada dureza para que sea fácilmente digerible por toda la población. El engaño duró poco y la calle demostró una vez más que los rasgos y actos autoritarios del gobierno no tienen impune cabida en la vida de los bolivianos.
Es cierto que la reacción de los sectores democráticos y sectoriales fue tardía y que pese a la debilidad de la oposición en la Asamblea Legislativa es muy poco lo que se puede hacer. Pero no es menos cierto que la gran mayoría de los parlamentarios opositores no alertaron a sus regiones y fuerzas vivas sobre el riesgo que se estaba trabajando en las sesiones congresales. Pocas voces transmitieron la voz de alerta y efectivamente gremiales y transportistas acudieron al movimiento cívico a demandar el respaldo ciudadano en defensa de los intereses colectivos e individuales que estaban siendo amenazados.
Si retrocedemos en el tiempo, hace una semana el gobierno jugó una estrategia de confrontación a la movilización –fundamentalmente en Santa Cruz y Potosí– utilizando a la Policía Boliviana y a grupos de –probablemente militantes– encapuchados para actuar como rompe bloqueos. La agresividad, la violencia y brutalidad con que estos actuaron, sólo provocó el efecto contrario: más gente salió a las calles y bloqueo que se levantaba a las pocas horas era multiplicado.
La vieja táctica, la del divisionismo y creación de directivas paralelas a los sectores movilizados, tampoco funcionó, pues las bases rápidamente se alinearon bajo sus mandos legítimos y los funcionales quedaron nomás como hermanos del gobierno, pero sin posibilidad de quebrar la movilización.
Finalmente –y como triste corolario– la actuación del Alto Mando militar, desplazando centenas de efectivos y unidades móviles blindadas hacia Santa Cruz, so pretexto de celebrar el Día del Ejército Nacional, como una operación psicológica de amedrentamiento, generó repulsa, cuestionamientos hasta del sector pasivo de las Fuerzas Armadas finalmente una deshonrosa retirada sin pena ni gloria. Como cuestionamiento aparte: ¿quién asume la responsabilidad del insulso y abultado gasto en este desplazamiento militar?
Volviendo al final de este capítulo de la historia, el discurso presidencial la noche del sábado al anunciar la abrogación de la denominada Ley Maldita, fue el primero de todos los que escuché del primer mandatario, en que no se refirió al gobierno de facto y al golpe de Estado.
Como que por primera vez el presidente Arce se topó de frente con un asunto que fue generado por su gobierno, por su partido, por su plan de dominación “socialista” de la sociedad y el Estado y por el cual tuvo que asumir, muy golpeado, una derrota que puede calificarse de histórica, pues son contadas las veces que el Movimiento Al Socialismo, en el ejercicio del gobierno, retrocedió por sus propios errores de apreciación, su excesiva confianza y su grosera violación de los principios democráticos, la propia Constitución y los derechos de la ciudadanía: v.gr. El gasolinazo de 2010; la Ley del Código del Sistema Penal; el resultado fraudulento de las elecciones de 2019; y estos dos últimos retrocesos con el proyecto de Ley 218 y la Ley 1386.
Como corolario y para adelante, quedan en mesa varios asuntos pendientes para el debate y ojalá que no para la confrontación. El Gobierno, utilizando su mayoría en las cámaras aprobó y el pasado 10 de noviembre –en plena movilización ciudadana– promulgó la Ley 1407 o Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025, norma que en su cuarto artículo al establecer el cumplimiento obligatorio del mismo para todas las entidades del aparato estatal, violenta flagrantemente la autonomía departamental, municipal, universitaria y las indígenas.
Ya se habían pronunciado algunas voces alertando sobre este nuevo golpe a la democracia autonómica de los otros niveles de gobierno. Pero la realidad es que ni gobernadores, ni alcaldes, ni rectores, ni autoridades indígenas y menos sus órganos legislativos se pronunciaron durante el desarrollo de las deliberaciones congresales y ahora tienen que enfrentar un proceso de diálogo, debate y probablemente se encuentren en la necesidad de acudir a la movilización para lograr otro resultado similar al que se está logrando ahora con la Ley 1386.
Y acá surge de nuevo el dilema: estamos –desde la sociedad democrática y plural, donde me incluyo– actuando reactivamente a los pasos de un Gobierno de faz totalitaria. No hay alertas tempranas, no hay contención, no hay debate y concienciación. En esto pesa mucho la inexistencia de una oposición política cohesionada, madura y eficiente. Pero ese asunto será motivo de otra columna.
Por hoy, queda una inmensa satisfacción por el avance logrado desde las calles. Por esa madurez que expresaron los sectores y la ciudadanía movilizada. Por esa convicción de luchar y arriesgar todo para mantener los principios de la democracia y la libertad en este país. Por esa serenidad para no caer en la provocación que buscaba enlutar la movilización y culpar a sus dirigentes. No será fácil el camino hacia adelante, pero debe motivarnos percibir, recordar y comprender que esa fuerza demostrada en las calles tuvo como corolario, como cierre, el rostro de la derrota en el presidente Arce y sus acompañantes.
(*) Gary Prado Araúz, es abogado.