Este viernes 9 de octubre, a las nueve de la mañana, la Procuraduría General del Estado iniciará en Santa Cruz de la Sierra un ciclo de jornadas denominadas Por el derecho a la verdad, en las que las principales protagonistas serán las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La jornada se desarrollará en un ambiente especialmente acondicionado en el campo ferial de Fexpocruz, cumpliendo todas las normas de bioseguridad establecidas por la pandemia del COVID-19, y será transmitida en su integridad por el portal de la PGE, redes sociales y medios de comunicación que decidan replicarla. Prevista para concluir a las 21:00, la jornada ya tenía en lista hasta ayer a más de treinta víctimas registradas y dispuestas a dar su testimonio vivencial.
El procurador general, Alberto Morales Vargas, conversó con nosotros este jueves y nos dio detalles de la jornada que comienza en la capital cruceña, y no por casualidad. “Comenzamos por Santa Cruz, porque allí se han dado varios actos poderosos que ponen al Estado boliviano en una situación especial, respecto a las demandas internacionales por violación a los derechos humanos”, dijo Morales y citó de inmediato, entre esos casos, el del llamado Terrorismo I y II.
El caso se remonta a abril de 2009 y tuvo su primer punto de conmoción el asalto al hotel Las Américas, situado en la intersección de las calles 21 de Mayo y Seoane, protagonizado la madrugada del 16 de ese mes y año por efectivos de la UTARC (Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis). En el asalto, los efectivos enviados por el gobierno mataron al boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores, al húngaro rumano Árpád Magyarosi y al irlandés Michael Martin Dwyer, y detuvieron al boliviano croata Mario Tadic y al húngaro Elod Tóásó.
Fue una ejecución sumaria, recordó ayer el procurador Morales. Y las detenciones fueron ilegales. Esas y las que se sucedieron luego, dando inicio a un proceso que duró once años y que involucró de manera directa a 39 personas. Varias de estas personas, añadió aun el procurador, sufrieron también detenciones indebidas, muchas sufrieron torturas y tratos inhumanos y crueles.
El proceso solo acabó este año, hace apenas unos días, tras el cierre del mismo por disposición del mismo Tribunal de Sentencia que sostuvo las acusaciones hechas por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno. Ambas acusaciones fueron retiradas a inicios de este año, ante la imposibilidad de sustentar material y jurídicamente las mismas, pero sobre todo porque ya no estaba la cúpula del MAS en el gobierno central, digitando el proceso calificado como montaje político.
El Tribunal tuvo que absolver a todos los acusados, algo que para el procurador Morales es prueba de que nunca debieron ser imputados, ni acusados, ni detenidos. Ya hay una demanda internacional presentada por las víctimas contra el Estado boliviano, recordó el Dr. Morales. Cabe ahora recabar el testimonio vivencial y directo de todas las personas de Santa Cruz que se hayan sentido vulneradas o víctimas de violación de derechos humanos, y es precisamente esto lo que se hará en la jornada de este viernes.
El acto será abierto por una funcionaria de la PGR, que explicará el objetivo y la modalidad del encuentro, y de inmediato se dará voz a un grupo de académicos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, para que fundamenten la importancia del encuentro, como es la lucha en defensa de los derechos humanos.
“No se trata de que las víctimas que acudan este viernes al encuentro hagan un alegato jurídico de su caso, sino de que cuenten cómo han sido afectadas sus vidas, cómo se vulneraron sus derechos, que expliquen qué significó para algunos estar presos más de once años, incluso en La Paz y no en Santa Cruz. Cómo han sido afectados en su salud, en su unión familiar, en su economía”, abundó en expliación el procurador Morales.
Luego de escuchados los testimonios vivenciales, y en un espacio más reducido, hablarán algunos abogados que participaron en la defensa de los acusados e incluso los que actuaron en la parte acusatoria, también invitados al encuentro. “Necesitamos tener pleno conocimiento si se agotaron en nuestro país las instancias de defensa”, señaló Morales.
Concluida esa fase, habrá una mesa redonda con un cierre conceptual. Todo será documentado, virtual y con memoria escrita, de manera que todos los que recurran a una demanda internacional o local cuenten con material veraz, que les permita el objetivo central: que se haga justicia.
partir de este evento, la PGR quiere que quede claro qué es un derecho humano, como se activa un proceso a nivel nacional e internacional por violación a los derechos humanos, cuál es la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Que la gente sepa cómo hacer respetar su dignidad y sus derechos. “Se ha estado actuando contracorriente, abusando en el ejercicio del poder, y esto debe ser revertido desde una ciudadanía consciente de sus derechos”, remató Morales.
En el caso de Santa Cruz, los interesados pueden comunicarse con la representante de la Procuraduría General del Estado en la capital cruceña, Romane Saldaña Sanguino.
TODAS LAS VÍCTIMAS TIENEN VOZ
Pero esta primera de una serie de jornadas Por el derecho a la verdad no se circunscribirá unicamente al caso Terrorismo I y II, aclaró el procurador Morales. “Hemos abierto el encuentro a todas las personas que sientan que han sido víctimas de violación a sus derechos humanos”, sostuvo y añadió que si el tiempo resulta corto este viernes para recoger todos esos testimonios vivienciales, la Procuraduría continuará el trabajo de recabar los mismos a través de su representación en Santa Cruz y del trabajo virtual.
“Ha habido una actitud abusiva, atropelladora, instrumentalizadora del poder penal por parte del poder político, y sin duda hay otros casos más de detenciones ilegales, extorsiones a través de procesos penales, que les permitieron a exfuncionarios obtener ganancias ilícitas”, sostuvo el procurador.
Entre otros casos está el denunciado por el ciudadano alemán radicado en Santa Cruz, Dirck Schmidt, y el del empresario Jacob Ostreicher. O el caso de Ana Lorena Torrez Torrico, muerta por policías en el frustrado atraco a Eurochronos, registrado el 13 de julio de 2017, y cuyo esclarecimiento fue obstaculizado de manera abierta por el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, y las autoridades de la Felcc de Santa Cruz.
OTROS ENCUENTROS POR LOS DDHH
Habrá encuentros similares en Chuquisaca, por los hechos del 24 de mayo, en el caso La Calancha, y otros, en los que se ha encarcelado a las víctimas y se ha liberado a los responsables de la violencia, destacó Morales. También en Tarija, por el caso Terrorismo Villamontes, con detenciones indebidas y procesos en otro centro. En Pando, por el caso Porvenir y otros. En La Paz, coordinando con Beni, se replicará el encuentro para ver los casos represión en Chaparina y la sufrida por las personas con discapacidad. Solo falta definir fechas.
La Procuraduría ya está considerando también encuentros similares en Cochabamba, por la violencia registrada en enero de 2011. Morales dijo que “cuando se planifique el encuentro en Cochabamba, seguro se incluirá la quema de la Prefectura, el asesinato atroz del joven Cristian Urresti, que ofrendó su vida no solo por sus principios, sino para salvar a sus padres. Fue muerto a machetazos, y no se hizo nada para castigar a sus victimarios”.
No es el único caso, hay varios casos, insistió el procurador Morales. Y agregó: “El anterior gobierno instrumentalizó la justicia penal, provocó hechos de violencia, generó víctimas falsas y acusados falsos para dominar políticamente el país, para anular al opositor, al que no consideró adversario de ideas políticas, sino un enemigo. El anterior gobierno transformó la justicia democrática en una penal y arbitraria, una forma proscrita por la modernidad, la democracia y los supremos derechos humanos.”
EL CASO DE VÍCTIMAS FATALES
En el caso de víctimas fatales, muertas a consecuencia de la violación de sus derechos humanos, la Procuraduría recordó que los familiares vivientes tienen legitimidad y derecho para accionar el reclamo que corresponda, agotando la vía nacional y recurriendo luego a la justicia internacional. En este ámbito puede ser considerado el caso del ingeniero José María Bakovic, ex presidente del Servicio Nacional de Caminos, que murió el 12 de octubre de 2013, tras ser obligado a ir a una audiencia a La Paz, pese a su delicado estado de salud. Bakovic vivió los últimos ocho años de su vida librando pelea para defenderse de los 76 procesos iniciados en su contra por el MAS.
Está también el caso de Hanalí Huaycho, periodista paceña muerta por su esposo y policía Jorge Clavijo, miembro de la UTARC y parte de la muerte extrajudicial de tres ciudadanos en el hotel Las Américas. El asesinato de Hanalí ocurrió el 11 de febrero de 2013. Desde un inicio, familiares de Hanalí sospecharon que el asesinato fue motivado por cuestiones políticas, ya que ella conocía detalles de lo actuado por Clavijo el 16 de abril de 2009. Y quedó también en evidencia la protección del gobierno y el juego del Ministerio Público, Policía Técnica Judicial y Poder Judicial para dejar el caso en nada.
Para escuchar en su integridad la entrevista al procurador general del Estado, Dr. Alberto Morales, acceder al enlace https://www.youtube.com/watch?v=FSOPd8lKZC8