La Federación de Interculturales de San Julián emitió una resolución para exigir que los empresarios de Las Londras se retiren en 48 horas. El Gobierno informó que las declaraciones de Nicolás Ramírez instigan al delito. Anoche, la Fiscalía anunció acciones.
El Deber
La Federación de Comunidades Interculturales San Julián Norte emitió la resolución 11/2023. En uno de sus puntos “condenan a muerte” a empresarios porque, según este sector, ellos serían responsables del fallecimiento de una persona, además de las lesiones por bala que sufrieron otros ciudadanos producto del enfrentamiento por tierras en los predios Pailitas-Las Londras, en la provincia Guarayos del departamento cruceño. Los hechos se registraron el sábado 2 de diciembre.
“Condenamos a muerte a los empresarios terratenientes asentados en el sector Las Londras por el acto criminal que ejecutaron en contra de nuestros hijos y quitar la vida de Félix Rivera Bellido. Condenamos a muerte a los empresarios por causar luto en la familia intercultural de San Julián”, manifestó Tito Flores Condori, dirigente de dicha federación, durante la lectura de la resolución brindada a la prensa el martes por la noche.
En el segundo punto del documento, leído por el dirigente intercultural, sostuvo que los empresarios tienen 48 horas para retirarse, junto con su maquinaria. “Son un cáncer en la sociedad y causan luto. El campesino siempre ha conseguido, cada centímetro de su tierra, con lucha, sangre y muerte, sin embargo, estos empresarios día a día acaparan las tierras fiscales y sin pagar nada a cambio; desmontan y siembran”, agregó.
En el tercer punto de la resolución también apuntó a los medios de comunicación. Criticaron su labor porque, según dicen, “tergiversan y mienten” para supuestamente confundir a la población boliviana y a las autoridades.
“Manipulan discursos para favorecer a las élites de poder y empresarios. Son defensores de los terratenientes. La libertad de la prensa es para difundir mentiras y criminalizar la lucha de los pobres y humildes”, señaló.
Durante la rueda de prensa también lanzó los nombres de los empresarios con quienes estarían disputando la posesión de estas tierras. En ese acto, se observó la presencia de Hebert Sixto Canaza, cabecilla del secuestro de periodistas y policías en Las Londras, el 28 de octubre de 2021, precisamente en Las Londras.
Días antes, en una declaración a los medios de prensa de San Julián, Nicolás Ramírez Taboada, miembro de esa federación de interculturales y perteneciente a la comunidad 24 de Septiembre Pailitas- Las Londras, amenazó con el uso de armas fuego en represalia por la muerte de Félix Rivera Bellido. Además, apuntó a “algunos dirigentes” de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Santa Cruz indicando que son “unos vendidos”.
“Se equivocaron dirigentes traidores. Nos dieron plomo, nosotros ahora sí nos vamos a defender con armas. Esto no va a quedar impune, no vamos a permitir más a los empresarios que arremeten ni tampoco a dirigentes vendidos y traidores”, dijo Ramírez.
Ramírez, junto a Martín Tejerina Villalobos, está imputado por el Ministerio Público por los delitos de asociación delictuosa, intento de asesinato, secuestro y otros. Fueron declarados en rebeldía por no presentarse a audiencia, pese a estar con orden de apremio.
Eduardo Del Castillo, ministro de Gobierno, aseguró que el Gobierno no tolerará ningún tipo de actividad delincuencial y advirtió que si existen personas que están cometiendo apología del delito o adecuando su conducta a un tipo penal, tendrán las consecuencias correspondientes.
“Cualquier persona que amenace con la utilización de arma de fuego va a tener una sanción correspondiente, existe la Ley 400, el Código Penal con toda su normativa vigente, y si hay una persona que está adecuando su conducta a un tipo penal va a tener la sanción ejemplar”, sostuvo.
Y el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, en un contacto con la prensa informó que se había identificado a Ramírez Taboada y agregó que sus declaraciones son una instigación a cometer delitos. “La Policía Boliviana ha puesto en conocimiento del Ministerio Público estas aseveraciones que, indudablemente, son absolutamente debatibles”.
Sobre los predios en disputa, Aguilera sostuvo que son tierras fiscales y, por lo tanto, no pueden ser distribuidas. Sobre los hechos de violencia, el viceministro informó que se identificó a los supuestos responsables de estos sucesos: cuatro dirigentes de la Federación Única Sindical, seis representantes de la central Pailitas y diez empresarios.
Reacciones
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, exigió al ministro de Gobierno; al comandante departamental de la Policía, coronel Erick Holguín y al fiscal departamental, Roger Mariaca, que se aprehenda a Ramírez Taboada porque sus declaraciones constituyen un delito flagrante.
“¿Dónde está el ministro de Gobierno, el viceministro de Régimen Interior, el fiscal departamental y el comandante departamental para aprehender a este señor? Eso es un delito flagrante. ¿Cuándo se resolverá el caso Las Londras? Esto quedará en lo mismo”, cuestionó el líder cívico en un contacto con los medios.
Por su parte, la asambleísta departamental por Creemos, Paola Aguirre, también cuestionó la ausencia de autoridades “encargadas por ley” para aprehender a las personas que lanzaron estas amenazas cometiendo así un delito flagrante, además con antecedentes de hechos de violencia.
El fiscal Mariaca informó que se abrió una investigación de oficio por el delito de instigación pública a delinquir. “Se va a tener un fiscal asignado al caso que realizará las diligencias necesarias y verá si se amplía (la denuncia) por otros tipos penales. La investigación se tiene que realizar porque no se puede estar haciendo este tipo de delitos que causan consternación en la población”, anunció.
En tanto, el abogado Joadel Bravo dijo que ante una amenaza de esta índole y considerando los antecedentes en el lugar, así como la persona fallecida y los heridos, es obligación del Gobierno nacional ingresar al lugar, incluso “ha dictaminado estado de sitio en el lugar” para precautelar la vida e integridad de las personas.
Hace unos días, la abogada del caso Las Londras, Raquel Guerrero, recordó que se dijo en su momento que los grupos armados en el conflicto por tierras iban a proliferar y eso es debido a la ausencia de Estado de derecho en la zona de Guarayos.