La empresa demandante no especificó el monto que pretendía cobrar, pero se estima que deseaba cobrar $us 253 millones, pero el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje, señala que Bolivia sólo debe pagar los trámites del arbitraje, estimados en 600 mil dólares.
Carlos Quisbert / La Paz
La Procuraduría General del Estado informó que la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) rechazó la demanda de la Compañía Minera Orlandini, que en 2018 demandó al Estado Boliviano por la presunta expropiación de concesiones mineras sobre el Río Antequera en Oruro, conocidas como Veneros San Juan y Pretoria y otras 46 concesiones en la Mina Totoral.
“El laudo arbitral emitido el 2 de noviembre de 2023 por la Corte Permanente de Arbitraje para resolver el caso 2018/39 establece, desestima, rechaza los reclamos principales de los demandantes, concluyendo que Bolivia no incumplió el tratado bilateral de inversiones, que fue suscrito con Estados Unidos el 17 de abril de 1998”, explicó el Procurador General, Cesar Siles.
Según el Procurador, la empresa Orlandini no especificó el monto que pretendía recibir como indemnización, pero se presume que esperaba cobrar al menos 253 millones de dólares, monto similar al que Bolivia debe pagar a la Glencore Financie, por la nacionalización del Complejo Metalúrgido de Vinto y la mina Colquiri, en Oruro.
Sostuvo que este fallo fue oficialmente comunicada a ambas partes el 2 de noviembre, pero que aún rige un principio de reserva sobre el contenido completo, el cual será compartido íntegramente para que quien lo desee realice un pedido de aclaración, que no afectará la decisión de fondo.
Siles detalló que el caso, iniciado en 2018, fue tramitado con el patrocinio externo del bufete Dechert (París) LLP, que llevó adelante más de 100 actuaciones procesales y comunicaciones de defensa en representación del Estado boliviano.
Pese al resultado favorable para el país, el laudo determinó que Bolivia “sí se va a pagar, como corresponde, es el servicio de arbitraje y ha dispuesto la Corte Permanente de Arbitraje, a través de este tribunal arbitral, que se pague alrededor de 600 mil dólares”, informó el Procurador. “No hemos incumplido ninguna de las obligaciones internacionales, no hemos incumplido el tratado, es decir, no hemos expropiado ilegalmente ninguna concesión minera.