Por Maggy Talavera
Lo dicho y hecho por el presidente Arce y su equipo ejecutivo en los primeros cinco meses de gestión hacen prever que Bolivia se encamina a cargar con las consecuencias de otro quinquenio de oportunidades perdidas. Oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de reconciliación nacional, tantas veces prometidas y otras tantas desaprovechadas, no por falta de condiciones materiales ni de capacidades humanas, que Bolivia sí posee, sino por la tozudez de una cúpula partidaria a la que solo le importa acumular y concentrar poder.
Una tozudez que Arce y sus colaboradores inmediatos han heredado de su jefazo político y ex presidente de Bolivia por largos catorce años, y a cuya herencia han dado muestras de no querer renunciar, sino todo lo contrario. Una herencia marcada por la arrogancia y la indolencia en el ejercicio del poder, ambas componentes letales en cualquier ideal de país que pretenda alcanzarse. Arrogancia expuesta en cada declaración pública y, todavía más, en varias de las primeras medidas ya aprobadas e irrebatiblemente indolentes.
Una de ellas, tal vez la más inhumana hasta hoy, es la de la discrecional distribución de las primeras vacunas contra el COVID-19, compradas por el Gobierno y recibidas a cuenta gotas. Ya son pocas, insuficientes para atender la demanda real de la población, y de yapa están siendo distribuidas a los departamentos según los afectos y desafectos políticos del partido de gobierno. El ejemplo más sórdido lo dio el propio presidente, a través de una declaración hecha en un acto partidario y proselitista realizado en Tarija, a inicios de abril.
Una indolencia que, en este caso, puede ser considerado un crimen de lesa humanidad. Indolencia que se replica en las escenas registradas estos días en varias ciudades del país, donde se inició la vacunación contra adultos mayores de 60, 70 u 80 años. Largas filas, tediosa espera bajo lluvia o altas temperaturas, aglomeraciones prohibidas por la crisis sanitaria, y nada menos que afectando al grupo de mayor riesgo en la pandemia. Que hay más indolentes en ese bando, y no apenas son los del gobierno central, es también cierto.
Pero la indolencia y la arrogancia vistas con preocupación en el gobierno de Arce van más allá de solo el área de salud. Lo sucedido el miércoles pasado en Santa Cruz de la Sierra, al momento de instalarse la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa Departamental para revisar credenciales y proceder a la elección de su directiva, es también una prueba más de los males heredados de Morales a Arce. El gobierno no dudó en hacer uso y abuso de poder para tratar de imponer su control en la ALD cruceña, con artimañas deleznables, como las encerronas de sus asambleístas y de al menos tres de los pueblos indígenas, en las oficinas del Conaldyt, hasta donde llegaron las principales cabezas del Ejecutivo.
No hubo respeto por los propios asambleístas del MAS, ni siquiera por los de los pueblos indígenas, ni tampoco por lo que ordena la Ley del Régimen Electoral, que en su artículo 238 castiga la intervención, obstaculización o injerencia en la elección o designación de autoridades. Otra vez quedó claro que a la actual gestión de gobierno, al igual que lo ya visto en los 14 años del gobierno de Morales, poco le importan las leyes, la voluntad y los intereses de quienes no se someten al interés y voluntad de la cúpula gubernamental.
Podría seguir sumando ejemplos, entre otros el de la violencia política con la que el MAS está golpeando a la ex presidenta Jeanine Añez y a varios de sus ex colaboradores en el gobierno de transición, pero este espacio queda corto para contener todos. Un sórdido y letal combo de arbitrariedades y sinrazones que bien podrían ser considerados pecados capitales, sobre todo en el momento tan difícil que vivimos hoy en Bolivia, agobiados por las pérdidas humanas, los enfermos y la amenaza de más daños por el COVID-19, y por los impactos de la crisis económica, ya visibles en varios sectores de la sociedad boliviana.
¿De qué otra manera se puede calificar al gobierno, sino de indolente y arrogante, al ver cómo desperdicia tiempo, recursos y oportunidades para tratar de paliar los daños que ya están provocando en el país ambas crisis, la sanitaria y la económica, para enfrascarse más bien en una campaña de confrontación permanente y ataques sistemáticos a todo el que no esté dispuesto a someterse a los caprichos de una cúpula que tiene a la cabeza no precisamente a Arce, sino más bien a Morales? Es imperdonable, por donde se mire.
La única posibilidad real de parar ese desenfreno gubernamental, que amenaza llevar al país a otro quinquenio de oportunidades perdidas, tanto en materia de reconciliación como en materia de desarrollo, está ahora en manos de quienes están asumiendo como nuevas autoridades en los gobiernos locales y departamentales, tanto en sus instancias ejecutivas como legislativas. En estas nuevas autoridades, pero también en manos de una ciudadanía que no puede repetir el error de desentenderse de los asuntos públicos.