Por Maggy Talavera.
Más de una voz pidió al Tribunal Supremo Electoral postergar las elecciones municipales y departamentales convocadas para el próximo 7 de marzo. El argumento fue uno, claro e irrebatible: Bolivia enfrenta una segunda ola de contagios del COVID-19 bajo condiciones precarias en el sistema de salud y problemas no resueltos en la coordinación de tareas entre los tres diferentes niveles de gobierno, además de la incontrolable conducta de la mayoría de los bolivianos, reacia a acatar las normas de bioseguridad establecidas para frenar los contagios del virus que sigue provocando dolor y luto en todo el país.
El TSE decidió desoír el pedido y, por el contrario, mantener inalterable el calendario del proceso electoral para renovar las autoridades departamentales y municipales. Afirma que tiene todo bajo control para garantizar a los electores una votación segura, además de contar con un protocolo de exigencias hechas a los candidatos en pugna y que debería ser de cumplimiento obligatorio durante la campaña previa a las elecciones. Lo que no dice el TSE es que carece de fuerza o de voluntad para obligar a los candidatos a cumplir lo ordenado, y que solo se concentra en el día del escrutinio, soslayando los estragos ya provocados, durante la campaña electoral, en la lucha contra la pandemia.
No hay que hacer ningún esfuerzo para encontrar pruebas que demuestren esa carencia o ineptitud de parte del TSE para hacer cumplir las normas de bioseguridad en la fase más importante del proceso electoral: la previa al día de votación. Más importante y peligrosa, ya que no se restringe a un día de riesgo, sino a noventa o más días, en los que no hay ni restricciones rígidas de circulación de vehículos, ni control medianamente aceptable en el uso del barbijo, la higienización de manos y el distanciamiento social, tres reglas simples y básicas en el protocolo de bioseguridad de lucha contra el COVID-19.
Todos los días vemos cientos de situaciones que corroboran lo dicho. Caravanas masivas por capitales y provincias, concentraciones y aglomeraciones en las que el barbijo no es más que un accesorio y el distanciamiento social, algo etéreo. O casas de campaña en las que esas dos medidas de bioseguridad son tan burladas como la higienización de manos. ¿Cuántos contagios se podrían contabilizar en cada uno de esos eventos o sitios de puro jolgorio electorero, si acaso hubiera la posibilidad de hacer allí pruebas para detectar la presencia del virus? O dicho de otra manera, ¿cuántos contagios podrían evitarse o restar en los informes oficiales con los números de enfermos y fallecidos por efecto del virus?
Por supuesto que a quienes insisten en llevar adelante el proceso electoral en marzo, en plena segunda ola de contagios de COVID-19, no les interesa siquiera debatir la necesidad de realizar esa contabilidad. Por el contrario, se esfuerzan en buscar argumentos que les sean favorables, como ese de que el derecho político no puede sucumbir ante el derecho a la vida, como si el voto cayera del cielo o surgiera de la nada, y no fuera la expresión de un ser humano vivo. Por supuesto que los dos derechos son fundamentales, pero uno de ellos (el político) no tiene chance si no se asegura antes el otro (el derecho a la vida). Ah, sí, seguro rebatirán diciendo que vivir tampoco tiene sentido sin el derecho de elegir.
Un absurdo dilema usado para confundir, antes que para echar luces. Nadie dice que al optar por el derecho a la vida como prioridad, se está anulando el derecho político: solo se está postergando el ejercicio de éste, obligado por la urgencia de garantizar la vigencia del primero. En realidad, esta tozudez de las autoridades electorales es el reflejo de unas elites políticas a las que les importan más sus intereses partidarios, aspiraciones de poder o cálculos de otra índole poco noble. Un mal endémico en un país en el que vale más un carné de elector, que un carné de salud: el primero se ha convertido en un documento de uso obligatorio para realizar cualquier trámite, mientras que el otro ni siquiera aparece en el mapa de los documentos esenciales de cualquier ciudadano.
Amalaya pudiéramos emular la experiencia uruguaya, destacada hace poco por la doctora Lucía Richter Paz, una oncóloga clínica boliviana formada en Uruguay y a la que tuve la suerte de entrevistar. En el país vecino, me dijo, el carné de salud equivale a lo que para nosotros en Bolivia es la cédula de electoral: un documento de presentación obligatoria a la hora de realizar cualquier trámite. Ese carné de salud certifica si el ciudadano cuida o no de su salud, cumpliendo los controles y cuidados médicos rutinarios y de prevención. Claro, en Uruguay hay un sistema de salud universal que funciona de verdad y políticas de estado que no se alteran según el color político del gobierno de turno.
Otra realidad, sin duda, pero no imposible de soñarla para Bolivia. Claro, con autoridades y elites políticas distintas, a las que les importe más cuidar la vida de todos, que el voto de usufructo sectario. Otro cantar, que amerita otro artículo.
Santa Cruz de la Sierra, 7 de febrero de 2021