Un invento de los gringos

Ojalá el acoso sexual fuera considerado por los gobernantes de hoy un mero “invento de los gringos”. Tal vez así, y solo entonces, tendríamos batallones movilizados por el poder central para atacar al gran enemigo que a diario deja víctimas de todas las edades y en todos los sectores de la sociedad boliviana. Si el acoso sexual fuera “invento de gringos”, el mismísimo presidente y su segundo, el vicepresidente, serían los primeros en denunciar los acosos y a reclamar duras sanciones a los acosadores. No es lo que se ve ahora.

Lo que vemos hoy es una aberrante permisividad a esta y otras formas de violencia hacia las mujeres. No importa proteger a las víctimas, sino a los victimarios. Mientras más cerca estos están del poder, mayor es el apañamiento. Dos casos escandalosos y pendientes de solución pueden ayudar a graficar lo dicho. Ambos fueron denunciados en el canal estatal BTV en el segundo semestre del año pasado, y ambos tienen como denunciado al mismo individuo: Carlos Flores. Las denunciantes Claudia y Yadira viven hasta hoy un calvario.
Los casos fueron puestos en conocimiento de las autoridades de BTV y del Ministerio de Comunicación, por separado. Ni las entonces gerente nacional del canal estatal y ministra actuaron para, al menos, investigar las denuncias. Estas solo trascendieron a inicios del año en curso, luego de que el acusado de acoso fuera promovido a gerente nacional de BTV y una de las denunciantes, despedida de su fuente laboral. Para entonces ya había habido cambios en el Ministerio de Comunicación, del que depende BTV, pero nada cambió.

Hasta este momento, cuando han pasado ya seis meses de las denuncias públicas, Claudia y Yadira siguen padeciendo el calvario de la injusticia. La primera ha logrado evitar que la despidan, pero sufre problemas de salud que le han dejado una herida difícil de cicatrizar. La segunda ha hecho de las adversidades su mayor fortaleza, pero esta no le basta para ir en busca de justicia. Ambas tienen al frente una actuación vergonzosa de fiscales y jueces en Santa Cruz y La Paz, a los que parece valerles un comino la Ley 348. Por algo será.

Una aclaración: ninguna de las denunciantes es instrumento de la oposición. Al contrario, pueden decir “somos de casa”. Algo que no les ha valido de nada, porque ni el Gobierno ni el partido les han dado ayuda, lo que deja en evidencia que la lucha contra la violencia hacia las mujeres no es cuestión de Estado, ni de Gobierno, y tristemente, en este caso, ni siquiera de las mujeres del llamado proceso de cambio.

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